Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INA

Zacatecas, Zac.- El derecho de acceso a la información es garantizado a nivel federal por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y a nivel local por 32 organismos garantes, uno en cada entidad federativa, como el IZAI, en Zacatecas. Este derecho es una llave o puente para garantizar otros derechos, como a la vivienda.

En México tenemos un problema al respecto. De acuerdo con las últimas mediciones de pobreza del CONEVAL, 11.7 millones de personas experimentan carencias por calidad y espacios de vivienda y 22.9 millones viven carencias por acceso a los servicios básicos en sus hogares.

Si bien en los últimos años estos números han disminuido, aún existen amplios sectores sociales desprotegidos. En nuestro país hay familias que viven en pisos de tierra, que tienen techos o muros endebles o que viven en hacinamiento. Además, pueden no tener acceso al agua, no contar con drenaje, electricidad, o usar leña o carbón para cocinar.

En la última sesión de Pleno del INAI resolví un recurso de acceso a la información relacionado con el derecho a la vivienda. En este caso, una persona requirió al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) cierta información relacionada con las llamadas “deudas impagables”. En específico, preguntó: cómo define el INFONAVIT este término; cuál es el criterio utilizado para clasificar un crédito como “deuda impagable”; cómo se comunica a las y los derechohabientes que tienen este tipo de deudas para ofrecerles opciones de reestructuración, entre otras cuestiones.

Ante esta solicitud ciudadana, el INFONAVIT entregó algunos datos; sin embargo, señaló que no puede desglosar mucha de la información requerida. Gracias al análisis hecho por la Ponencia a mi cargo en el INAI, determinamos que el INFONAVIT no turnó la solicitud de información a todas sus unidades administrativas competentes. Por ello, esta autoridad debe realizar una nueva búsqueda para garantizar el derecho a saber de la persona recurrente.

El INFONAVIT nació en 1972 como un organismo que permite que las y los derechohabientes adquieran crédito para tener una vivienda propia, pagar una hipoteca o incluso comprar un terreno para construir. Este Instituto es una respuesta del Estado mexicano para garantizar el derecho a la vivienda, y funciona a partir de un modelo tripartita, pues participan las y los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno.

El programa llamado “Responsabilidad Compartida” del INFONAVIT es una opción para cambiar un crédito tasado en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Con ello, se busca que los aumentos anuales al salario mínimo no impliquen aumentos en las deudas de los derechohabientes con el INFONAVIT. Este Programa de conversión de créditos es una acción del Instituto para acabar con las “deudas impagables” y que las personas acreditadas sepan los montos a pagar en el tiempo de vida de su financiamiento.

Transparentar esta información es fundamental para que las personas conozcan las opciones con las que cuentan y no se ponga en riesgo su crédito por presentar algún atraso en los pagos. Pueden existir diversas problemáticas asociadas con ello como quedarse sin empleo, ser víctima de un delito, una incapacidad, entre otras. Esto refuerza la importancia de que la ciudadanía, a través del ejercicio del derecho a saber, conozca la información de este Instituto de Seguridad Social.

Este caso es un ejemplo más de cómo el derecho a saber permite que la ciudadanía acceda a información útil que impacta en sus vidas. La diferencia puede ser tener o no acceso a una vivienda, poder o no conservar un patrimonio.

@JulietDelrio