Cimacnoticias | México, DF.- Las 13 recomendaciones emitidas por el gobierno federal al estado de Guanajuato para abatir la violencia feminicida, aunque no son suficientes, obligan al gobierno local a reconocer la realidad que viven las guanajuatenses, y dejar de maquillar el alto número de homicidios dolosos de mujeres en la entidad.

Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, consideró que las recomendaciones son mínimas y no abarcan el total de la complejidad del conflicto en la entidad, pero no deben desdeñarse, pues marcan el principio de un camino para detener el feminicidio que va en incremento en el estado.

El pasado jueves 10 de julio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) –en su papel de presidenta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEV)–, entregó al gobierno de Miguel Márquez Márquez el informe del Grupo de Trabajo que investigó el feminicidio en la entidad, denunciado en marzo pasado por Las Libres.

De la investigación del Grupo de Trabajo –integrado por Conavim, los institutos Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de la Mujer Guanajuatense (IMG), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y cuatro integrantes de la academia– emanan 13 recomendaciones al gobierno estatal, que deben cumplirse a más tardar en seis meses, según estipula el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLM).

En entrevista, Cruz Sánchez celebró que el informe sea claro en el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres va en aumento en la entidad, ya que ahora el gobierno local no podrá negarse a reconocer el problema, como lo ha hecho anteriormente.

“Ahora tienen un documento con 13 recomendaciones que son claras y les dicen qué hacer, lo que les impide que, como lo han hecho en otras ocasiones, hacer sus propias conclusiones  o interpretaciones de lo que se necesita”, apuntó la activista.

Además –dijo– es una clara muestra para el gobierno local de que Guanajuato cuenta con una sociedad organizada dispuesta a reclamar sus derechos y a exigir una buena actuación de sus autoridades, pues a consideración de Verónica Cruz el reporte también impide al gobierno seguir descalificando la labor de las organizaciones civiles.

Pero aclaró que las 13 recomendaciones son apenas un primer paso para enfrentar el feminicidio, pues no abarcan la complejidad del problema como lo hubieran esperado, y recordó que muchas de ellas son demandas feministas que han estado siempre en la agenda y el gobierno local ha desestimado.

Lamentó que el gobierno de Guanajuato, en su respuesta al Grupo de Trabajo, desestimara las cifras recopiladas por Las Libres. Pero señaló que incluso son preocupantes los datos que el gobierno de Márquez Márquez reconoció, así como el contexto de impunidad en que se encuentran los casos.

El gobierno local reconoció que en el periodo denunciado por Las Libres se habían cometido 20 casos de feminicidio, pero de ellos sólo cuatro tenían sentencia. A lo que se suman 56 homicidios dolosos de mujeres, que de acuerdo con el gobierno local, no entran en el tipo penal de feminicidio.

En ese contexto, Verónica Cruz anunció que Las Libres, junto con otras organizaciones civiles, crearán una Comisión de Vigilancia Ciudadana que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones –ya aceptadas por el gobierno local la semana pasada–, así como del esclarecimiento de los delitos que fueron reconocidos oficialmente.

Cimacnoticias informó el pasado 11 de julio que del informe final fueron excluidas otras tres recomendaciones: “investigar de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial los actos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres”; crear un mecanismo adecuado para el otorgamiento de las medidas de protección y que se les dé seguimiento, y que las instituciones de salud avisen al Ministerio Público de los hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.

Lo anterior fue denunciado por las académicas integrantes del Grupo de Trabajo Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, quienes en su momento acusaron desinterés de parte de los representantes del gobierno federal en la realización de la investigación.