Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Las mujeres que participan activamente en la política viven violencia de género, son víctimas de fraudes electorales, desprestigio, burlas, intimidación, amenazas y agresiones físicas, contra ellas o sus familiares, según los testimonios de varias mujeres que contendieron por algún puesto de representación popular en sus municipios o estados.
Esa fue una de las conclusiones del seminario “Violencia Política. Parlamento y Género” que se realizó desde ayer y hasta hoy en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y donde varias mujeres narraron los episodios de violencia que padecieron por aspirar a un cargo de elección.
Las diputadas locales de Oaxaca Rosalía Palma López, Elizabeth Sánchez González y Jacinta Aragón Ramírez así como María Teresa Domínguez de Morelos, relataron las distintas agresiones que enfrentaron y señalaron que en algunos casos las amenazas fueron cuando competían por ocupar un puesto pero en otros continúan pese a que a que ya fueron electas como funcionarias.
TESTIMONIOS
De acuerdo con estas mujeres, el fenómeno de la violencia se manifiesta principalmente en los cabildos y durante los procesos electorales, pero señalaron que durante el ejercicio de sus funciones las mujeres también experimentan obstáculos, lo que dificulta su posibilidad para hacer incidencia política.
Entre las manifestaciones de la violencia que marraron se encuentran desde fraudes electorales, desprestigio, burlas e intimidación hasta amenazas y agresiones físicas contra ellas o sus familiares.
Las legisladoras afirmaron que hay casos en que las denuncias llegan a instancias electorales estatales o incluso ante el Tribunal Electoral pero acusaron que en estos organismos son víctimas de omisiones, son presionadas para que desistan del proceso, y hasta son denunciadas sin argumentos.
Coincidieron al señalar que sus comunidades y sus familias también experimentan agresiones y represalias, lo que deriva en el rechazo o la desconfianza hacia su candidatura. Aseguraron que en ocasiones se trata de hacer presión para hacerlas desistir de contender por puestos de representación, inhibir su incidencia política y evitar que hagan alianzas con otras mujeres.
Rosalía Palma López originaria de Oaxaca, y quien a los 25 años logró ser presidenta municipal de San Pedro Ixtlayapa por la alianza PRI-PVEM, sufrió un atentado mientras estaba en cierre de campaña por la diputación local que actualmente ostenta.
Según relató, desde que ocupó el primer cargo durante su juventud se enfrentó a distintas descalificaciones por ser mujer y joven, se le acusó de ser inexperta y se insistió en que no concursara por otros cargos de elección, descalificaciones que siempre vio como algo natural dentro de la política.
María Teresa Domínguez, diputada por el PRD en Morelos, señaló una serie de presiones y obstáculos dentro de su mismo partido político, y explicó que a pesar de que ella obtuvo la diputación que actualmente ostenta por mayoría, su partido decidió concedérsela a un funcionario varón.
Desde entonces, se reunió con otras mujeres que aspiraban a ser alcaldesas en sus estados para juntas defender la paridad de género durante las campañas electorales, y aunque acudió al TEPJF no encontró institución que tuviera “competencias” para imputar la designación.
Luego de un trabajo largo, actualmente cuenta con seis sentencias que la nombran candidata, pero sigue peleando por el reconocimiento y por que termine la descalificación dentro de su partido.
Elizabeth Sánchez González, quién ha ostentado puestos académicos, de consultoría y de representación en Oaxaca, fue víctima de fraude al interior del PRD, ya que por medio de falsificación de firmas se le obligó a renunciar por la segunda posición de una sindicatura.
Esto a pesar de que el puesto debía ser ocupado por una mujer, razón por la cual no fue concedido a su partido. Luego de esto, la legisladora relató que en los espacios de trabajo se le dejaba sin sillas ni escritorio e, incluso, se le pidió que dejara de dar declaraciones sobre el fraude del que fue víctima en razón de que “estaba afectando La Paz social del municipio”. Su juicio, por lo pronto, sigue pendiente dentro del Tribunal.
Finalmente Jacinta Aragón Ramírez, quien concursó en 2012 por la alcaldía de su municipio en Oaxaca abanderada por el PRD, relató que fue víctima de que la administración municipal le negará, en primera instancia, su participación, y luego de que, una vez ganando las elecciones, se reconociera su triunfo.
Por esta razón acudió al Instituto de la Mujer de Oaxaca y a las instancias electorales de su estado; sin embargo, en todos los espacios se le negó el apoyo. Según su relato, policías estatales entraron a su comunidad a agredir y detener a sus compañeros; además de otras amedrenta iones que actualmente sigue enfrentando.
Por su parte Mónica Patricia, consultora en participación política y género, señaló que como ellas, muchas otras mujeres son víctimas de este flagelo, por lo que insistió en la necesidad de reconocer y conceptualizar la violencia política como una forma de agresión sistemática contra las mujeres que participan en esta área, quienes están más vulnerables si el cargo por el que compiten es más alto.
Luego de escuchar los relatos, insistió en que se tiene que seguir luchando para que la paridad en puestos de representación sea sustantiva dentro de las administraciones locales. Agregó que es imprescindible que las instancias encargadas de vigilar los procesos electorales garanticen a las mujeres una investigación adecuada y con enfoque de género para que accedan efectivamente a la justicia; ya que el Tribunal, enfatizó, aún tiene asignaturas pendientes.
