Cimacnoticias | México, DF.- Mientras la eventual aprobación de la iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Guerrero –enviada al Congreso local en mayo pasado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero–, está entrampada en foros y discusiones legislativas, la represión y hostilidad contra quienes apoyan la propuesta va en incremento.

Y es que grupos feministas, activistas e instancias de gobierno que defienden y promueven los Derechos Humanos de las mujeres son víctimas de agresiones, hostigamiento y descalificaciones, según denunciaron a Cimacnoticias.

En entrevista telefónica, Rosario Herrera Ascencio, titular de la Secretaría de la Mujer de Guerrero (Semujer), sostuvo que la institución a su cargo mantendrá su apoyo a la iniciativa hasta el final del proceso “cueste lo que cueste”.

La funcionaria dijo que diputados locales por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) la han amenazado y desacreditado el trabajo de la institución.

“Hay una lucha en contra de la secretaría por lo que estamos defendiendo, tanto del Congreso como voces Provida”, recalcó.

La semana pasada el panista Jorge Camacho Peñaloza acusó a Rosario Herrera de ser “cómplice de asesinas” y no tomar en cuenta que el aborto es un delito en la entidad.

A raíz de ello, relató la titular de Semujer, el líder del PRI en el Congreso local, Héctor Antonio Astudillo Flores, manifestó su deseo de que la secretaria comparezca e informe sobre el número de casos de aborto “que ella conoce” y que “dé los nombres de médicos que hicieron los procedimientos”.

Herrera Ascencio agregó que ambas fuerzas políticas la acusan de querer intervenir en cuestiones legislativas, pero aclaró: “Yo no me he sentado a negociar con los legisladores, sólo he dado mi firme opinión desde la facultad que me otorga el reglamento de la institución (que es parte del gabinete guerrerense), y conozco las cifras porque Semujer participó en la elaboración de la iniciativa, además son cifras públicas”.

De acuerdo con reportes de la organización civil Ipas-México, retomados por Semujer, del año 2000 a 2010 fueron ingresadas 45 mil mujeres en hospitales públicos por complicaciones derivadas de un aborto. De 2000 a 2014 la cifra es de 56 mil embarazos interrumpidos. Entre 1990 y 2012 se registraron 112 muertes por aborto.

La funcionaria sostuvo que estas cifras son alarmantes y es lamentable que lejos de discutir medidas para garantizar mejores condiciones de vida para las guerrerenses, los legisladores quieran “negociar y discutir los derechos de las mujeres”.

“Con amenazas no pueden acallar las voces; seré muy respetuosa de las decisiones que tome el Congreso, pero sí defenderé la iniciativa porque tiene el objetivo de garantizar la igualdad, la vida y seguridad de todas las mujeres de la entidad a quienes yo represento”, sentenció.

Por separado Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, dijo a esta agencia que las resistencias de los grupos conservadores han llegado al grado de insultos y agresiones físicas contra las mujeres que defienden su derecho a decidir.

Explicó que en un foro reciente una activista del Instituto fue golpeada por expresar su apoyo a la propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal y como está legislado actualmente en el Distrito Federal.

Castillo explicó que muchas organizaciones apoyan la iniciativa, pero han encontrado resistencias incluso de la misma Secretaría de Salud estatal, que ha dicho que carece de infraestructura y capacidad para atender la interrupción del embarazo.

En 2011 el Instituto hizo una investigación sobre mujeres presas por aborto en el estado y encontró tres casos de guerrerenses acusadas de homicidio en razón de parentesco cuando en realidad sufrieron un aborto espontáneo.

La activista criticó que haya mujeres en prisión por esta situación y que se quiera proteger “la vida desde la concepción” y no se castiguen delitos como la violencia intrafamiliar.

En tanto, medios locales han reportado que personal que labora con diputados priistas y panistas impide que sean entrevistadas activistas o especialistas que acuden a los foros de debates en el Congreso estatal, a fin de evitar que se difunda información sobre la importancia de despenalizar el aborto y los beneficios para las mujeres.