Cimacnoticias | México, DF.- Los dos recientes casos de adolescentes violentadas sexualmente por sus profesores en escuelas públicas del estado de Guanajuato y en los que aún no hay justicia, además de evidenciar el encubrimiento de las autoridades a los agresores, reflejan la violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres en la entidad.

Así lo denunció Cinthia Gabriela Ramírez Fernández, abogada especialista en Derechos Humanos (DH) y género del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, que acompaña a las familias de las adolescentes agredidas y quienes posteriormente fueron revictimizadas por las autoridades escolares y las instancias de justicia.

A decir de la defensora, estos casos evidencian el entorno “machista y misógino” al que están sometidas las guanajuatenses, y el total abandono del gobierno local que niega la problemática y no cuenta con los mecanismos para prevenir estas agresiones, y en su caso atender de manera adecuada a las víctimas, reparar el daño y asegurar el acceso a la justicia.

Una de las agresiones la habría cometido Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga, profesor de la Secundaria General Insurgentes número 8, en el municipio de León en noviembre de 2013.

Cinthia Gabriela Ramírez contó a Cimacnoticias que la menor, ahora de 13 años de edad, fue violada pese a que previamente ya había denunciado a su profesor de español ante la directora Laura Aranda Moreno por “haberla tocado”.

La abogada explicó que previo a la violación el docente incurrió en “abusos eróticos sexuales”, según estipula el artículo 187 del Código Penal estatal, y criticó que no obstante la directora decidió desacreditar el dicho de la adolescente y decirle que “todo era parte de su fantasía”.

Después de la agresión sexual, los padres acudieron a la secundaria pero la directora les aconsejó no denunciar “porque la niña sería sometida a pruebas que podrían traumatizarla y nadie le creería”.

Además –contó Ramírez Fernández– la niña fue sometida a un interrogatorio aislado por parte de otros profesores y trabajadores de la escuela a fin de que “admitiera que a ella le gustaba el profesor y que quería tener relaciones sexuales con él”.

Los padres de la menor denunciaron la agresión ante el Ministerio Público (MP) número 40 especializado en delitos sexuales. Durante su declaración no se le permitió a la madre estar presente, lo que derivó en que el testimonio fuera modificado “ilegalmente” para reclasificar el delito como estupro, el cual no está tipificado como grave en la entidad, detalló la abogada.

Luego, personal de psicología de la Procuraduría de Justicia estatal realizó prácticas que revictimizaron a la menor de edad, haciéndola relatar una y otra vez los hechos, gritándole y llamándola “mentirosa” por “acusar a un hombre inocente”.

A seis meses de que se denunció el delito, aún no hay un indiciado por los hechos e incluso la familia desconoce dónde se ubica el expediente, pues fue cambiado de MP, así que “mientras la menor vive atemorizada y desconfía de las autoridades, el agresor vive libre y tranquilo”.

MÁS IMPUNIDAD

Otro caso similar ocurrió en el Centro Educacional Piloto en Guanajuato, la capital del estado. De igual manera, el dicho de la menor de edad fue puesta en duda y el agresor gozaba de total impunidad hasta que el padre de la niña, también de 13 años, lo localizó y denunció.

Actualmente Manuel Anguiano Hernández está en prisión preventiva y el delito se investiga por violación, aunque en un primer momento la autoridad judicial pretendió clasificarlo como estupro.

Cinthia Gabriela Ramírez reprochó que a pesar de que muchos casos como estos están saliendo a la luz pública, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado se niega a reconocer la violencia sexual que potencialmente podría afectar a más estudiantes.

En días recientes la dependencia informó que tiene conocimiento de 24 agresiones sexuales cometidas por profesores, pero dentro de los casos no se incluyen los de estas dos menores de edad y otros cinco casos identificados por el Centro Victoria Diez.

De esos 24 casos, sólo ocho derivaron en la destitución del docente pero hasta que concluyó la investigación, “lo que implica la revictimización de las menores que pese a denunciar se ven obligadas a seguir conviviendo con el agresor”, dijo la abogada.

Otros seis casos están totalmente impunes y el resto de los agresores sólo recibió una “mala nota” en su trayectoria, “aunque no sabemos qué implicaciones tiene recibir una ‘mala nota’”, acotó la defensora.

Aseveró que los casos también reflejan la falta de interés de la SEP estatal para detectar y prevenir que más niñas sufran estas agresiones, pues “aunque tienen conocimiento de 24 casos y los reconocen, no cuentan con protocolos de atención y prevención, dentro de las escuelas públicas”.

Queda evidenciada –agregó Ramírez Fernández– la falta de capacitación y conocimiento de los funcionarios, desde las autoridades escolares hasta procuradores y administradores de justicia, en materia de género y DH.

“Estos casos lamentables son una muestra más de que en Guanajuato las mujeres de todas las edades viven sometidas a la violencia que las autoridades estatales tanto se empeñan en ocultar”, subrayó la activista.

Destacó que las víctimas y sus familiares exigen la adecuada reparación del daño –“que no se alcanza únicamente con el cese de algún funcionario o el despido de profesores”–, garantías de no repetición, y una disculpa pública del gobierno estatal por la constante violencia a la que fueron sometidas las adolescentes y sus padres.

Actualmente en el estado de Guanajuato un Grupo de Trabajo creado por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realiza una investigación para determinar si existe o no violencia sistemática contra la población femenina y eventualmente declarar una Alerta de Violencia de Género, demanda reiterada de organizaciones civiles desde 2013.