Cimacnoticias | México, DF.- Al amparo de leyes omisas y los “usos y costumbres”, las uniones civiles de menores de edad son la violación más constante a los Derechos Humanos de esta población en México.

A 2011, el 80 por ciento de los 455 mil 807 niñas y niños de 12 a 17 años casados, en unión libre, divorciados, separados o viudos, eran mujeres en este rango de edad, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), lo que tiene consecuencias nocivas para el desarrollo de estas menores de edad, no sólo físico sino también social y psicológico.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica al matrimonio infantil como una violación a los Derechos Humanos (DH) porque lesiona el desarrollo y futuro de las niñas y los niños, en México es una práctica recurrente cobijada por los llamados “usos y costumbres” de comunidades indígenas, y solapada por el Código Civil Federal que en lugar de prohibirlo establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años para niños y 14 para niñas, con el consentimiento de los progenitores.

El tema se ha naturalizado de tal forma que cada estado de la República legisla el tema a su modo, al grado que en algunos no se establece edad mínima para contraer matrimonio si hay el consentimiento de los padres, por ejemplo.

Ante este panorama y de cara a la conmemoración del 30 de abril, Día del Niño, Cimacnoticias inicia una serie de cuatro reportajes sobre el flagelo del matrimonio infantil y sus repercusiones negativas en la vida de miles de niñas mexicanas.

OMISIÓN DEL ESTADO

En reiteradas ocasiones el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones defensoras de los derechos de niñas y niños han sostenido que las uniones a edades tempranas son la forma más generalizada de abuso sexual y explotación, por lo que no deberían ser aceptadas y sí sancionadas por leyes homogéneas, además de atendidas por políticas públicas articuladas.

Sin embargo la realidad es otra y aunque este fenómeno no es propio de México, pues se da en todo el mundo, expertos en el tema como Martín Pérez, director de la Redim, señalan que entre las condiciones que permiten esta práctica en el caso de nuestro país, está la omisión del Estado en la protección de los derechos de la infancia, la perpetuación de una cultura machista que permea las instituciones –desde la familia hasta el gobierno–, y la pobreza y falta de oportunidades para las niñas y las adolescentes en comunidades marginadas.

El especialista agrega que estos matrimonios son más comunes entre la población indígena que se rige por los criterios de los “usos y costumbres”, y que tiene menos acceso a las instituciones de educación y salud.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha sostenido que los “usos y costumbres” que avalan estas uniones son “prácticas nocivas tradicionales”, que se deben combatir y visibilizar porque ningún derecho puede ser violentado bajo ningún criterio.

No obstante, Jennifer Haza Gutiérrez , directora de la organización chiapaneca Fundación Melel Xojobal, indica que en muchas ocasiones estas prácticas tradicionales se dan porque los padres obligan y coaccionan a las niñas y adolescentes a contraer matrimonios tempranos, y a veces sólo para recibir dinero y sostener el ingreso familiar.

Para la activista esta situación se debe a la discriminación de género y por la poca importancia que se da a la participación de las niñas en la toma de decisiones.

HECHO COTIDIANO

Ejemplo de ello es el caso de la niña tzotzil de 14 años que fue detenida y multada con 24 mil 700 pesos por abandonar a su esposo; o el de la niña triqui de 14 años que se escapó de sus padres al enterarse de que sería vendida a un hombre por 40 mil pesos.

Los anteriores son sólo botones de muestra de lo que cotidianamente viven las niñas de las comunidades indígenas en buena parte del país.

De acuerdo con especialistas y defensores de los derechos de la infancia, estas uniones matrimoniales implican que al separarse de sus familias las niñas no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, con lo cual se exponen a graves riesgos de salud como embarazos prematuros o infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además, acarrea otras consecuencias negativas como reducir las oportunidades de educación y aumentar las posibilidades de que sean víctimas de trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia.

Juan Martín Pérez García alerta que una de las consecuencias más visibles de estos matrimonios es el embarazo temprano, pues según datos oficiales el 19 por ciento de las adolescentes indígenas de 15 a 19 años ya eran madres, y el 0.06 por ciento de las niñas de 12 años de edad tenían al menos un hijo.

Las condiciones y circunstancias que siguen motivando los matrimonios forzados, y que permiten que desde el sistema de justicia estén solapados sin que se visibilicen como una violación a los DH, es motivo de una investigación más profunda que será abordada en la siguiente entrega.