Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- La Cámara de Diputados condenó la violencia laboral contra las mujeres y reprochó que los patrones exijan a las trabajadoras certificados de no gravidez para ingresar, permanecer o ascender en el empleo, o que las despidan y les exijan la renuncia por estar embarazadas o casadas.
En la sesión de este jueves las y los legisladores aprobaron una reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para establecer que en casos de violencia laboral se debe remitir a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que prohíbe a los empleadores discriminar a las mujeres gestantes.
En agosto de 2013 los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal, presentaron una propuesta para reformar el artículo 11 de la LGAMVLV y mejorar el concepto de violencia laboral, pero como estas consideraciones ya están en la LFT los legisladores decidieron remitir a este ordenamiento legal.
Así, el artículo 11 quedó de la siguiente manera: “Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima, o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en las fracciones XIV y XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, así como la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género”.
La diputada del PRI Leticia Mendoza Curiel mencionó que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ha observado con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral.
La priista dijo que según información del Comité, tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido abuso y hostigamiento sexual, por lo que recomendó al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales.
Asimismo, la integrante de la Comisión de Igualdad de Género mencionó que es pertinente condenar toda forma de violencia contra las mujeres, y en este caso aquella que ocurra en el trabajo.
La diputada del PT María del Carmen Martínez Santillán afirmó que mujeres y hombres deben compartir oportunidades, responsabilidades en el trabajo, el cuidado de niñas y niños, los quehaceres de la casa, y todas aquellas actividades que históricamente han estado divididas.
Por ello afirmó que se debe seguir legislando en torno al tema, pues a pesar de los avances que se han logrado aún hay pendientes. “Parte de ese trabajo consiste en alinear las diferentes leyes en torno al respeto a la mujer y a la igualdad de género”, dijo.
La legisladora señaló que la discriminación de género en el trabajo, el despido por maternidad, por cambio de estado civil, el acoso sexual, así como el bloqueo de ascensos y promociones salariales menores, en comparación con los hombres, son prácticas que persisten y que se deben erradicar.
También se sumó la legisladora del PRD Lorena Méndez Denis, quien destacó que es indignante seguir legislando sobre sanciones a quienes exijan las pruebas de no gravidez.
Destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que en 2012 las madres mexicanas mayores de 15 años tenían una participación económica de 42.2 por ciento, de las cuales el 97 por ciento combina el empleo con las labores del hogar.
Aunado a ello, según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación las quejas por discriminación contra mujeres ha ido en aumento en los últimos años. En 2010 se recibieron 181, en 2011 fueron 209, para 2012 fueron 2050, y hasta noviembre de 2013 se reportaban 237.
“Tan tremenda es la situación que padecemos a diario millones de nosotras, que este Congreso se ve obligado a legislar temas que debieron quedar en el pasado hace mucho”, por lo que admitió que las y los legisladores no han estado a la altura de las exigencias y no logran abordar a fondo los problemas reales de la población femenina.
La diputada del PVEM Bárbara Gabriela Romo Fonseca recordó que según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el 42.6 por ciento de los usuarios que pidieron asesoría fueron mujeres, es decir 86 mil 611, siendo las principales quejas las de hostigamiento, despidos por embarazo, problemáticas relacionadas con el cuidado de las y los hijos, así como despidos injustificados.
Por ello coincidió en la necesidad de reforzar el marco jurídico para erradicar las prácticas empresariales de exigir a las trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o la permanencia en su trabajo, así como para prohibir las coacciones por renunciar a su empleo por encontrarse embarazada.
El pronunciamiento se dio en concordancia con las reformas del Senado al Código Penal Federal el pasado 11 de marzo, para endurecer las penas por hostigamiento sexual en el trabajo y la escuela, y crear el tipo penal de acoso laboral.
El pasado 7 de marzo Cimacnoticias informó del despido de la trabajadora Selene Nalleli Ordóñez Aguirre, joven tlaxcalteca con siete meses de embarazo, quien pese a que había logrado un primer acuerdo para mantener su empleo luego del apoyo de grupos civiles, fue rescindida de su empleo por parte de la empresa siderúrgica Simec International 6 y la “outsourcing” (empresa de subcontratación) Serlimp S.A. de C.V.
