Dolores Padierna Luna, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática , junto con Jorge Eduardo Hiriartt Estrada presidente del PRD y miembros del Comité Ejecutivo Estatal se pronunciaron en contra de las propuestas de iniciativas de ley en torno a la  Seguridad Nacional y Laboral, impulsada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN),  toda vez que pretenden anular derechos, conquistas históricas, menoscabo de los derechos humanos y la violación de la propia constitución.

En conferencia de prensa, flanqueada por integrantes de las expresiones internas del PRD así­ como de ex presidentes del partido, diputados locales,  dirigentes de los comités municipales de Guadalupe, Fresnillo, Calera entre otros, Padierna Luna explicó que la agenda polí­tica nacional tiene como asunto toral el impedir la probación de la ley Seguridad Nacional en tanto facultarí­a -dijo- “al ejecutivo de manera unilateral decretar un estado de sitio en México, estado de excepción que sólo es posible en las dictaduras militares, lanzando al ejercito a las calles  para suprimir así­ todas las garantí­as individuales y derechos humanos de los mexicanos” .

Indicó que con dicha reforma se violentarí­a el necesario equilibrio de poderes que debe ponderar en el Estado mexicano, en tanto que se “facultarí­a al Ejercito a  intervenir llamadas telefónicas, allanar moradas, requerir información a particulares, suspender garantí­as individuales”, por ello lanzó el exhortó a la sociedad civil y fuerzas democráticas de izquierda en el estado y del paí­s a una movilización ciudadana para impedir la aprobación de dicha reforma.

La dirigente nacional explicó que el dictamen, actualmente en revisión, viola el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en que el  PRI y PAN pretenden que dicho documento sea votado solamente por los integrantes de la comisión de Seguridad, “excluyendo a las otras cuatro comisiones involucradas: Defensa, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, por tanto la  Junta de Coordinación Polí­tica no tiene capacidad de excluirlas”.

Dolores Padierna, indicó que el dictamen mella la relación entre seguridad e instituciones ya que desaparece la transparencia, vulnera las libertades -al establecer mecanismos de excepción que no cumplen los supuestos constitucionales- y criminaliza las protestas  y movilizaciones sociales que limitan, y marcan un retroceso al viejo sistema tutelado por el PRI.

Refirió que en su visita a Zacatecas con el PRD estatal, con carácter eminentemente institucional se dieron a conocer los acuerdos alcanzados por la Comisión Polí­tica Nacional del Sol Azteca en torno a la iniciativa de Reforma Laboral presentada por el PRI pero confabulada por Acción Nacional, tiene visos de generar mucha mayor pobreza,  exclusión  y problemas sociales en el paí­s, además de procesar pluralmente  los acuerdos internos del Sol Azteca en la entidad referentes a su ruta critica.

Advirtió que de consumarse la llamada ley Lozano, representarí­a  un grave retroceso a los derechos laborales, porque «es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las centrales sindicales con el sector empresarial, con el objetivo de menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de la estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical y al  nulo otorgamiento de prestaciones laborales”.

En ese tenor, refirió que en Zacatecas la problemática  laboral es delicada toda vez que el 69 por ciento de los trabajadores en el estado carece de prestaciones laborales, convocó a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos y a la sociedad en general a sumarse y no permitir que se consume esta «contra reforma laboral» que generarí­a «una grave afectación a los derechos de los trabajadores mexicanos y que violenta en todos sus términos el 123 constitucional”.

Dolores Padierna, externó que junto con dichas iniciativas,  se aprobó esta semana la reforma polí­tica que permite la postulación de candidaturas ciudadanas, al reconocer que marcan precedente en los avances democráticos del paí­s, al tiempo que calificó como una trampa toda vez que dicha enmienda tendrí­a que pasar por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) o ser aprobada al menos por 17 Congresos locales para su acreditación y posible operación rumbo a los comicios federales de 2012.

Asimismo, la secretaria general del PRD estimó como vulnerable y restrictiva  las reformas a las consultas ciudadanas para que la ciudadaní­a pueda subir propuestas de ley a las cámaras legislativas en el paí­s, en tanto se requieren de hasta dos millones de firmas para su análisis, y enfatizó que está reforma  así­ como la polí­tica son demandas históricas que el PRD ha vertido para su aprobación y análisis, sostuvo.