Por: Héctor A. Alvarado Gómez.
Zacatecas, Zac.- El Procurador General de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle García, anunció que ya inició una averiguación de oficio sobre los posibles actos de corrupción que habrían cometido los ex diputados de la 60 legislatura local -ahora popularmente conocidos como los legisladrones-, que vendieron su voto a favor de la aprobación del presupuesto de egresos a cambio de 100 mil pesos, negociación en la que también habrían participado el Secretario General de Gobierno, Francisco Escobedo y el de Finanzas, Fernando Soto Acosta, según lo que revela el audio de una conversación entre ex legisladores difundida en redes sociales desde el martes 24 de septiembre.
Arturo Nahle García argumentó que abrió de oficio la averiguación previa porque así lo manda la ley, incluso ya pidió a los ex diputados, al aún Secretario de Gobierno y al Secretario de Finanzas un informe pormenorizado de los recursos que fueron entregados a los ex diputados y por qué conceptos.
La declaración hecha el lunes 30 de septiembre por el Procurador de Justicia de Zacatecas en el noticiero Espacio Abierto de Cristina Velazco y Alonso Chávez, contradice completamente la postura fijada por el gobernador Miguel Alonso Reyes, que ese mismo día le dijo a los medios de comunicación que ya se había fijado una posición y abrir una investigación «sería un asunto que tiene que ver particularmente con una denuncia». También adelantó que «no agregaría una sola palabra más sobre ese tema». Pero el procurador ya había integrado el legajo de investigación.
Desde la aparición de la grabación «Corrupción Zacatecas» en Youtube y su difusión en las redes sociales, el manejo del tema por parte del gobierno estatal y del propio mandatario ha sido muy desafortunada, incluso ha derivado en una crisis que les resta credibilidad.
Primero se evitó hablar del tema, cuando por fin lo hizo, se limitó a enviar un comunicado de prensa tres días después, es decir, el viernes 27 por la noche, mostrando una mala medición del clima mediático, lo que arrojó como resultado una cascada de críticas en medios de comunicación y redes sociales reviviendo el escándalo.
La postura reflejada en el comunicado sólo se limita a deslindarse y decir que el gobierno no comete actos de corrupción, pero no ordena una investigación a fondo ni exige se sancione a los participantes en caso de resultar culpable.
Las acciones emprendidas por el Procurador Arturo Nahle García, al abrir de oficio una investigación sobre el contenido del audio denominado Corrupción Zacatecas y pedir un informe a los involucrados, anunciado el lunes 30 de septiembre en el noticiero vespertino de Estéreo Plata; se contradicen con la declaración banquetera que dio el gobernador Miguel Alonso a los medios de comunicación diciendo que la investigación dependía de la presentación de una denuncia.
Resulta muy interesante que Alonso Reyes y Nahle García tengan posturas contrarias. ¿Qué hará el procurador? ¿Simulará una investigación sólo para satisfacer el reclamo popular y terminará por darle carpetazo cuando surja otro escándalo? ¿El mandatario ordenará a su funcionario ya no hablar sobre el tema y frenar la investigación? ¿Se protegerá a los funcionarios involucrados y a los ex legisladores levanta dedos que ayudaron al ejecutivo? ¿Dejarán que pase el escándalo y olvidarán todo a pesar del grave costo político que representa?
Desde mi punto de vista, el mandatario estatal perdió una extraordinaria oportunidad para diferenciarse del resto de los políticos zacatecanos, generando una actitud de cero tolerancia a la corrupción y propiciando que se transparentará el hecho, que a los ojos de la sociedad prueba la corrupción con la que se manejó la 60 legislatura con la participación de funcionarios de primer nivel de la administración estatal.
Hubiera sido aplaudido por la sociedad que el gobernador ordenara una investigación a fondo sobre la corrupción de los ex diputados, se deslindaran responsabilidades y se les sancionará a quienes resultaran responsables. Lamentablemente no ocurrió.
Es triste que esa gran oportunidad de demostrar con hechos la cero tolerancia a la corrupción se haya cambiado por el discurso fácil, el deslinde simplón y la apuesta por el olvido histórico, que seguramente no ocurrirá.
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