La Cooperación Internacional con los Estados Unidos ha escalado la capacidad operativa del Gobierno Mexicano en contra de la criminalidad.

La Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el Gobierno de la República contempla como su segundo eje la necesidad de escalar las capacidades técnicas y humanas del Estado Mexicano a fin de combatir con mayor eficacia a la criminalidad.  A este respecto, se ha avanzado enormemente en el desarrollo de diversos mecanismos de recolección y utilización de información para la prevención y combate al crimen, utilizando para ello la más avanzada tecnologí­a y asesorí­a disponible  en la actualidad, como lo ilustra el Centro de Inteligencia de la Policí­a Federal.

Como parte de la consolidación de este esfuerzo, se han desarrollado espacios de análisis y evaluación de inteligencia de cobertura local o regional, donde se conjuntan esfuerzos de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad, y se comparte información y se toman decisiones para el éxito de operaciones de alto impacto contra la criminalidad.  Estas capacidades crecientes han permitido el debilitamiento de las redes delincuenciales y la captura sistemática de sus cabecillas.

En dichos mecanismos de trabajo participa personal de Secretarias de Estado y dependencias gubernamentales involucradas y responsables en aspectos de seguridad, entre las que se cuentan la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP), Procuradurí­a General de la República (PGR), Secretarí­a de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretarí­a de Marina-Armada de México (SEMAR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Dichos espacios están diseñados con infraestructura y equipamiento humano y técnico para operaciones de gabinete y campo que permiten generar reportes de inteligencia a fin de fortalecer el resultado de las acciones en contra de organizaciones delincuenciales. Asimismo, se cuenta con capacidades para realizar intercambio de información entre diversas agencias nacionales y extranjeras. 

Tal y como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad, el reto de la criminalidad tiene raí­ces profundas que trascienden las fronteras nacionales y que para su adecuado combate es indispensable la corresponsabilidad y cooperación regional.  En el caso de los Estados Unidos, dicha corresponsabilidad, reconocida por el Presidente Barack Obama, se hace más urgente ya que es dicho paí­s de donde surge la enorme demanda de drogas, oferta de armas, y disponibilidad de recursos financieros que nutren al negocio criminal del narcotráfico en México.

Durante la presente administración federal, la agenda de colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos ha incluido, entre otras cosas, la transferencia de equipamiento para distintas dependencias del gobierno federal, la capacitación y entrenamiento de personal mexicano de distintas dependencias en muy diversas tareas, el intercambio de información e inteligencia para el combate a las organizaciones criminales, y el trabajo conjunto para la identificación y combate a riesgos que afectan a la población de ambos lados de la frontera. 

En este marco, se ha puesto a disposición de este esfuerzo binacional la información disponible y las mayores capacidades de recolección de inteligencia al alcance de ambos gobiernos.

Todas y cada una de estas acciones se han llevado a cabo con respeto irrestricto a la legislación vigente en nuestro paí­s. Es preciso también recordar que, en todo momento, la colaboración de agentes de otros paí­ses, en particular de los Estados Unidos, se ha sustentado en los acuerdos bilaterales y la legislación vigente, que subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada paí­s, así­ como que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas.

Como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el Gobierno de México ha solicitado en ocasiones y eventos especí­ficos al gobierno de los Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados para la obtención de elementos de información especí­fica, definida por el gobierno de México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de  objetivos concretos en materia de seguridad.   Cuando se realizan, estos operativos siempre se hacen con la autorización, vigilancia y supervisión operativa de agencias nacionales, incluida la Fuerza Aérea Mexicana.

En dichas misiones, la definición de los objetivos, la información a recolectar, y las tareas especí­ficas a realizar han estado bajo el control de autoridades mexicanas, y se han llevado a cabo con sustento en las leyes federales que dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantí­as individuales.  Dichos esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la criminalidad y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades mexicanas frente a la criminalidad.

Los significativos beneficios del fortalecimiento institucional y combate a la criminalidad derivados de estas capacidades, incentivan al Gobierno Federal a seguir escalando los instrumentos tecnológicos a su alcance, a fin de avanzar con mayor celeridad a la consolidación de un Estado de Derecho más pleno y eficaz para la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos.