Fotos: Guillermo Moreno Valtierra

ENTREVISTA

Experto critica constantes violaciones del Ejército a los DH

Por Anayeli Garcí­a Martí­nez

México, DF (CIMAC).- Lejos de legitimar a las fuerzas armadas, México desestima la consolidación de un Estado democrático de Derecho al no reformar la jurisdicción penal militar, afirma el abogado franco-colombiano Federico Andreu Guzmán.

El consejero general de la Comisión Internacional de Juristas criticó las polí­ticas de seguridad implementadas en México, la constante violación de los Derechos Humanos (DH) por parte de efectivos castrenses y la persistencia del fuero militar.

En entrevista con Cimacnoticias, el experto en DH y quien participó en misiones de observación de Naciones Unidas en Haití­ en 1994 y Ruanda entre 1996 y 1997, explicó la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por violentar las garantí­as humanitarias.

México cuenta con cinco condenas de este tribunal: por la desaparición forzada del lí­der social Rosendo Radilla, el feminicidio de tres mujeres, la violación sexual de dos indí­genas y la tortura y detención arbitraria de dos campesinos ecologistas.

JURISDICCIӓN MILITAR

Andreu Guzmán, ex asesor legal del Secretariado Internacional de Amnistí­a Internacional en Londres, señala que en cuatro ocasiones la CoIDH recomendó al Estado mexicano reformar el fuero castrense, lo cual no ha hecho.

Este 1 de octubre se cumplió un año de que la CoIDH condenó a México por su responsabilidad en la violación sexual de Valentina Rosendo e Inés Fernández, dos indí­genas del estado de Guerrero que fueron torturadas por elementos del Ejército. Pese a ello el fuero militar sigue vigente.

–¿Qué opinión le merece que México tenga cuatro sentencias que lo exhortan a reformar la jurisdicción militar?

–El tema de la jurisdicción penal militar en el continente ha sido fruto de varios factores, obviamente de varias sentencias de la Corte Interamericana, pero también de recomendaciones internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También de los relatores de Naciones Unidas, como de Ejecuciones Extrajudiciales, de Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, el relator de Detenciones Arbitrarias, y el relator especial sobre Independencia Judicial.

“Todos han venido a recomendar a los Estados de América Latina y de todo el mundo que restrinjan el fuero militar al conocimiento estrictamente de los delitos militares, con exclusión del juzgamiento de civiles y del conocimiento de graves violaciones a Derechos Humanos”.

–Todaví­a hay un debate sobre las violaciones a DH perpetradas por el Ejército.

–Durante las dictaduras de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, la justicia militar juzgaba civiles como un instrumento de represión polí­tica, incluso en muchos paí­ses que no sufrieron dictaduras, como Colombia, que hasta 1991 seguí­a juzgando civiles (en tribunales militares).

“Hay una conjunción de ciertos elementos: el retorno a la democracia y la subordinación de las autoridades militares a las civiles –que es un principio básico del Estado de Derecho– han llevado a un proceso inmenso de reformas en el continente.

“Unos factores han estado más presentes que otros, todo depende de las circunstancias; por ejemplo en Chile hoy se está celebrando un proceso de reforma militar, a raí­z de una sentencia de la Corte, pero ese proceso inició unos 10 años antes.

–¿Hacia dónde van estas reformas? ¿La tendencia es desaparecer el fuero militar o restringirlo?

–Hay una tendencia ha suprimir el fuero militar en tiempos de paz, esa es la tendencia en Europa, y el primer paí­s de América Latina que ha hecho esta reforma es Argentina, hace dos años. En Uruguay y en Chile la reforma a la justicia penal militar va en ese sentido.

“De tal modo que en materia de tiempos de paz la jurisdicción militar es solamente para materia disciplinaria, y todos los delitos cometidos por militares son de competencia de la justicia ordinaria.

“Otros paí­ses han hecho que la justicia militar –en tiempo de paz o de guerra– se limite al conocimiento de los delitos estrictamente militares, y no pueda juzgar a civiles o a militares por graves violaciones a Derechos Humanos o delitos comunes que no tienen nada ver con la función militar”.

PRIVILEGIO DE CLASE

En opinión de Andreu Guzmán, el fuero castrense sólo deberí­a conocer aquellos delitos relacionados con la disciplina como el abandono del puesto, ataque al centinela, al inferior o al superior, deserción o cobardí­a, y no delitos como violación sexual, tortura o desaparición forzada.

–¿Cómo se puede explicar la existencia del fuero en paí­ses democráticos?

–La jurisprudencia de la Corte Europea, la Comisión Africana, el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas –en general– es unánime: El fuero militar está adosado a la función castrense.

“No se tiene el fuero militar porque se es militar, no es privilegio de clase o de casta. Solamente en razón peculiar del delito se puede justificar que exista una jurisdicción especializada, limitada y restringida. Esa ha sido la otra gran corriente en la región.

“Esto se ha expresado en reformas constitucionales, en legislaciones y en jurisprudencia en cortes supremas, y en los tribunales constitucionales de la región. México es uno de los pocos paí­ses que hasta ahora no ha entrado en esta reforma.

“Pero todos los paí­ses (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, Salvador y Honduras), todos, han iniciado estos procesos a diferentes niveles, con diferentes tendencias, pero con la restricción del fuero militar sólo para delitos militares.

–¿Por qué se dice que la jurisdicción castrense limita el Estado democrático de Derecho?

–Los principios del Estado de Derecho moderno implican la separación de poderes: una cosa es el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo, y no pueden funcionar armónicamente con la injerencia en las competencias de otro. Esa es la garantí­a de la protección del ciudadano frente al abuso del poder.

“En el fuero militar el comandante militar es a la vez juez militar, es decir asume funciones judiciales, lo que implica una ruptura, un desconocimiento del principio de separación de poderes.

“Esto llega a aberraciones todaví­a más grandes cuando el comandante ordena un crimen y luego es el juez de sus subordinados que lo cometieron. No se puede hablar de juez, porque el juez es el tercero en la discordia, imparcial e independiente de las partes”.

Finalmente Andreu Guzmán, quien fue profesor de la Academy on Human Rights and Humanitarian Law en Washington, sostiene que el militar antes de ser militar, y aún después de ser militar, siempre será un ciudadano y su primera justicia debe ser la ordinaria.

Además el experto critica que en México siga existiendo un exorbitante fuero castrense, y advierte que cuando se le da tanto poder a las instituciones armadas sin un control del aparato civil, hay un problema con la democracia.