Redacción Mirador

Luego de que Guillermo Huí­zar Carranza, Contralor Interno del Gobierno señalara que el Operativo Centinela será implementado de manera permanente y no sólo en periodo vacacional y después de varias quejas que han llegado a esta redacción, Mirador ha comprobado que efectivamente, el programa se aplica invariablemente a todos los vehí­culos de la dependencias, excepto a la Contralorí­a.

Es habitual que lleguen reportes a las diversas dependencias de la administración pública de vehí­culos circulando fuera de los horarios de trabajo, incluso, de que están estacionados en diferentes lugares y muchos de nuestros lectores se han preguntado ¿Y a la Contralorí­a quién la supervisa? Incluidos diputados, servidores públicos y la misma ciudadaní­a.

Tal parece que nadie, porque incluso el mismo Contralor manifestó en un diario local que “no es necesario auditar a la Contralorí­a”, porque tienen un presupuesto muy bajo, pero, ¿será la misma situación en el caso del Operativo Centinela?

Se han dado casos de servidores públicos que hasta se ven acosados por el personal del organismo fiscalizador y nos volvemos a preguntar ¿quién vigila a los trabajadores de Contralorí­a?

La respuesta es muy clara, tal parece que nadie, porque frecuentemente fuera de horarios laborales se encuentra estacionado un vehí­culo de la Contralorí­a en la colonia Lomas del Convento, es el vehí­culo con número económico 0560 y placas ZGZ 2615.

Serí­a conveniente saber si entre los 104 funcionarios públicos que serán sancionados por el mal uso de los vehí­culos se encuentra el servidor público que usa dicho vehí­culo. Es importante que el cambio de actitud al que se refiere el Contralor Interno comience desde la propia Contralorí­a y no se busque solamente con los funcionarios y servidores públicos de las demás dependencias de la administración pública.

Se predica con el ejemplo porque como el mismo contralor lo expresó “el propósito de la Contralorí­a no es sancionar, sino cambiar la actitud de los funcionarios”, se busca la modificación de acciones en los trabajadores gubernamentales, para eficientar la administración pública y deben ser incluidos en primer lugar, los trabajadores de la Contralorí­a, quienes sí­ piensan que la unidad que utilizan “era parte de su patrimonio particular”.

A los trabajadores de la Contralorí­a también les debe quedar claro que “como lo señala la Ley, las sanciones irán de una amonestación privada, en el caso de aquellos funcionarios que sean de primera vez en materia de uso irregular del vehí­culo oficial, y una sanción económica, que irá de 500 a  3 mil pesos, para aquellos servidores que sean reincidentes”.

La calificación de la sanción dependerá del nivel salarial de cada funcionario, pero la multa económica aplica a los reincidentes. De los 104 servidores públicos detectados, 16 son reincidentes y el resto de primera vez.

El Contralor Interno subrayó que el Operativo Centinela continuará hasta diciembre, cuando se cierre el año fiscal 2011; al término se realizará una valoración del programa y entonces se decidirá si se repite en el 2012 o si se requieren algunas modificaciones.

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