Por: Manuel Ibarra Santos
Zacatecas, Zac.- La polémica desatada en torno al incremento de las tarifas del agua potable dejo al descubierto, una vez más, la falta de pericia y oficio, en la conducción de la agenda de los asuntos fundamentales en la vida de los zacatecanos. La rispidez en la discusión al interior de la estructura de la junta directiva de la JIAPAZ, puso de relieve el hecho, lamentable, de que no hay planeación estratégica y visión prospectiva, para construir consensos mínimos, en el manejo de los temas políticos esenciales, por parte de la administración estatal. Que no se busquen, por lo tanto, culpables ni pretextos.
Por lo demás, se puso en contexto, desde la perspectiva de un realismo político inopinado, la presencia de escenarios caracterizados por dos crisis objetivas y evidentes.
Primero, la crisis en la conducción con racionalidad de los asuntos de los zacatecanos y, segundo, la crisis hídrica que sufre y padece la población ante la escasez de agua suficiente para atender su demanda, situación que puede agravarse en los próximos años.
En Zacatecas está en riesgo, por ese motivo, el cumplimiento del compromiso y responsabilidad del Estado para generar las condiciones de acceso de la población al agua potable de calidad, suficiente, oportuna y asequible, como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de la República.
La agenda de atención al problema de la escasez del agua potable, no puede limitarse al debate de precios y tarifas. Se requiere pensar en medidas integrales, lo que implica ineludiblemente la modernización de la estructura administrativa y financiera de la JIAPAZ.
Son justos o no, los incrementos a las tarifas del agua potable implementados a inicios de este año, es la pregunta que debemos contestarnos. La respuesta depende desde la perspectiva y ángulo que se le quiera ver.
Dichos ajustes a las tarifas están precedidos por aumentos en promedio del 24 por ciento aplicados en el transcurso del 2019. Sin olvidar que, en años previos, en particular en el 2015, el precio por metro cúbico del agua se incrementó fuertemente, lo revelan estimaciones y estudios realizados por la Secretaría del Medio Ambiente Federal (SEMARNAT). Estas y otras medidas se han traducido en un golpe a la economía popular.
La cuestión es que la ruta de los incrementos no formuló una explicación racionalmente justificada, que fuera más allá de la sola atención a los problemas burocráticos que padece la administración de la JIAPAZ.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que el costo de los servicios públicos del agua potable no debe sobre pasar el 3% de los gastos totales realizados por una familia, porque si no, eso puede generar entornos de precarización y de profundización de los niveles de pobreza social.
La propia Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha postulado, por su parte, la concepción ética que sostiene que el agua debe ser considerada como un bien social y no como una mercancía.
La mercantilización de las políticas de abastecimiento del agua potable a la población, no están justificadas, ni cuando se trate de medidas para resolver problemas de carácter burocrático/administrativo.
La profunda crisis que plantea la escasez de agua potable para la población zacatecana, exige soluciones de fondo. No solo acciones de coyuntura, para salir del paso.
LA RESPONSABILIDADES JURÍDICAS EN MATERIA DE AGUA.
En Zacatecas, el responsable directo de garantizar el derecho esencial de acceso a la población al agua potable de calidad es, incuestionablemente, el gobierno del Estado. Así lo establecen todos los ordenamientos legales.
Existe una interrogante interesante que debiese ser contestada: ¿puede el gobierno del Estado retirar su representación de la Junta directiva del ISSSTEZAC? Por que no, aunque eso se traduciría en abdicar de una de sus responsabilidades constitucionales.
El artículo séptimo de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zacatecas, define al menos tres compromisos formales del gobierno del Estado en la materia:
Primero, coordinar el funcionamiento de los sistemas de agua potable en la entidad; segundo, establecer los lineamientos, políticas, estrategias, objetivos, programas y normas que propicien el aprovechamiento racional de este vital líquido; y tercero, vigilar que la prestación y funcionamiento de los servicios se realicen eficaz y adecuadamente.
El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado precisa, también, la atribución del gobierno del Estado de fomentar y conducir las políticas públicas en materia de agua, a través de la correspondiente secretaría del ramo.
El gobierno del Estado tiene bajo su potestad la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso de la población al agua potable de calidad. De nadie más.
