Por Anayeli García Martínez
México, DF, 6 sep 11 (CIMAC).- El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) alertó que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados podría aprobar un dictamen sobre reproducción asistida para proteger âel interés superior del menor que está por nacerâ.
Esta organización civil denunció -a través de una campaña virtual que consiste en enviar cartas a los integrantes de esta Comisión- que este miércoles se discutirán diversas reformas a la Ley General de Salud que tienen implicaciones negativas para las mujeres.
Regina Tamés, directora de GIRE, afirmó a Cimacnoticias que con una normatividad de esta naturaleza se vuelve al discurso conservador y moral que iguala el estatus jurídico de una persona y el de un óvulo fecundado, mismo argumento que se utiliza para condenar la interrupción del embarazo.
El proyecto de dictamen que mañana debatirá la Comisión de Salud retoma siete iniciativas sobre reproducción que fueron presentadas entre 1999 y 2010, lo que a decir de GIRE deja vacíos importantes en el tema ya que contiene disposiciones contrarias al avance científico y tecnológico.
De acuerdo con el análisis de esta agrupación especialista en derechos sexuales y reproductivos, el proyecto busca proteger al embrión y discrimina a las mujeres casadas, o en concubinato al pedirles que demuestren el consentimiento de sus parejas para someterse al procedimiento.
El documento presentado por la diputada prIÓsta y secretaria de la Comisión de Salud, María Cristina Díaz Salazar, señala que el avance tecnológico ha traído ventajas, incertidumbre y miedo sobre su aplicación, por ello la necesidad de establecer un marco jurídico en materia de reproducción asistida.
El proyecto de dictamen explica que antes de recurrir a la reproducción asistida se deben buscar métodos de fecundación natural como la adopción y si se opta por otros métodos, éstos deben considerar âel interés superior del menor que está por nacerâ.
Uno de los ejes primordiales del documento a discutir es la importancia del ârespeto al embrión y la dignidad de las mujeresâ, por ello restringe la reproducción asistida sólo a mujeres que no puedan procrear de manera natural y que hayan agotado todos los procedimientos convencionales.
También menciona que las mujeres que deseen someterse a este procedimiento deberán ser mayores de edad, otorgar su consentimiento por escrito, y si se trata de una mujer casada o en concubinato, la pareja también deberá dar su aprobación por escrito.
Por su parte los médicos tendrán la obligación de recomendar la adopción, agotar los métodos para una âreproducción naturalâ, tomar en cuenta las particularidades de cada persona y recabar la constancia de consentimiento de la pareja.
Las modificaciones previstas a la Ley General de Salud también prohíben la crioconservación, es decir la congelación de óvulos, âporque se cree que el óvulo fecundado es una personaâ, aseguró Regina Tamés.
La directora de GIRE señaló que grupos conservadores y progresistas coinciden en la necesidad de normar una práctica que no está regulada, sin embargo, precisó que la legislación debe apegarse a conocimientos científicos y debe respetar los derechos reproductivos de las mujeres.
La activista también criticó que la Comisión de Salud decidiera dictaminar esta iniciativa cuando hay otra que consideran es más completa. En la sesión del 13 de julio en la Comisión Permanente del Congreso, un grupo de senadoras y diputadas presentó una iniciativa sobre reproducción asistida.
Tamés advirtió que ambos proyectos fueron firmados por diputadas del Partido Revolucionario Institucional lo que demuestra que este grupo parlamentario no ha definido su visión sobre âla protección de la vida desde el momento de la concepciónâ.
En este contexto urgió a las y los legisladores de la Comisión de Salud, a no aprobar esta iniciativa, al tiempo que exhortó a apoyar una legislación que incluya la maternidad subrogada y que sancione los abusos como la venta de óvulos fecundados.
Finalmente recordó que la maternidad es un derecho y así lo demuestra el caso que se analiza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se refiere a la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica, disposición contraria al derecho a fundar una familia, a la igualdad y a la no discriminación.