Continúa la esterilización sin consentimiento.
Por SARA LOVERA
SemMéxico.- “No olvido el día más difícil de mi vida, ese día cuando vi cómo me sacaban a mi hija muerta y después cuando yo estaba en la cama del cuarto del hospital, abierta, con sondas en la vagina, en mi vejiga, en mis venas y hasta en mi alma”.
Carmen Rincón Cruz recuerda su experiencia 27 años después, ahora que se discute tipificar en todo el país la violencia obstétrica, que ocurre sistemáticamente y que ha llevado a la emisión de 41 recomendaciones en solo dos años por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Rincón Cruz fue la primera mexicana en abrir un juicio contra un médico por lo que hoy se denomina violencia obstétrica, se convirtió en un ícono de los derechos reproductivos y todos esos años ha contribuido al cambio de prácticas y modificación de leyes, normas y visiones.
La violencia obstétrica abarca la muerte materna por descuido y falta de medicinas y aparatos en México o la mala atención, que sólo en las primeras 14 semanas del 2017 ha significado 166 decesos, es decir, siete cada día, principalmente en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México, según datos del Observatorio de la Mortalidad Materna.
Casi 30 años después de la denuncia y juicio penal contra el médico que descuidó a Carmen Rincón Cruz, la CNDH reconoce que el fenómeno es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. En todas sus recomendaciones llaman al Sistema Nacional de Salud a realizar reformas, capacitar al personal que trata con desprecio a las mujeres y a que reestructure su sistema de atención.
Hoy el análisis académico, de las quejas y de varias legislaturas, dejan en claro que hay maltrato médico por discriminación; cesáreas en exceso que dañan la salud de las mujeres; esterilización o colocación del DIU sin consentimiento y falta atención eficiente en clínicas y hospitales, escasez de medicamentos y personal deficiente en términos de conocimiento o prácticas.
Angélica Ramírez y Leticia Hernández, profesoras y académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, dijeron que aunque no hay datos oficiales consolidados, se estima que una de cada cuatro mujeres embarazadas, en parto o puerperio enfrenta maltratos u omisiones del personal médico, enfermería o camilleros.
Esto a pesar de que desde 2014 el Senado de la República modificó la ley para sancionar la violencia obstétrica, con reformas y adiciones al artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir como delito toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Dar a luz, un riesgo para mujeres mexicanas
El parto es todavía un riesgo en México. Las recomendaciones de la CNDH dan cuenta de la muerte de algunos bebés por mal servicio; la muerte de algunas parturientas; secuelas y discapacidad de algunas mujeres, la mutilación de otras y con frecuencia se anula capacidad de reproducción de las afectadas al extirparles la matriz. La mayoría de las afectadas tenían entre 21 y 40 años, pero hay otras de 13 y 14 años.
La CNDH informó que recibió 122 quejas de febrero de 2015 a marzo de 2017. De ellas derivaron 41 recomendaciones: 24 al Instituto Mexicano del Seguro Social, casi el 50 por ciento, las demás a hospitales generales de los estados o a la Secretaría de Salud. Del IMSS especialmente los hospitales o clínicas de las zonas rurales de Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Jalisco, pero también Estado de México y de la Ciudad de México.
Las quejas se repiten: “no se la puede atender”, “falta mucho tiempo para el nacimiento, vuelva en cuatro horas”; “no se queje, no se quejó cuando estaba en la cama con el papá”, “si quiere téngalo usted sola”; “espere no hay personal, se fue de vacaciones, está ocupado, espere a que realmente tenga dolor”.
Ese volumen de recomendaciones, involucra más de siete millones de pesos que IMSS, ISSSTE, SSA y los gobiernos, especialmente de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, deben aportar para reparar el daño a las mujeres y las familias quejosas.
En cada una de las recomendaciones, la CNDH identificó varios derechos violados, entre ellos, la libertad reproductiva y el derecho a la salud, identificó que de manera reiterada se violentan las normas de actuación y trato, pero en forma preocupante la falta de infraestructura en los hospitales, incluidos algunos de zona en la capital del país o en la capital de otras entidades como Estado de México, Tamaulipas o Durango.
México en los primero lugares
En noviembre pasado la Cámara de Diputados presentó un análisis que señala que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin indicación médica, en los sectores público y privado, lo que puede constituir violencia contra las mujeres.
A este tipo de práctica, señala el estudio, se exponen, en promedio, más de seis mil 800 mexicanas al día, debido a que se registran alrededor de dos millones 500 mil nacimientos anuales, de los cuales 475 mil son de madres adolescentes.
Elaborado por del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg), el estudio afirma que hay un incremento de quejas sobre tratos inhumanos, principalmente hacia las mujeres indígenas, donde escasean servicios de salud. Algunas dan a luz en patios de hospitales o en la calle.
Testimonios
Tres mujeres que perdieron sus productos en el Hospital General Regional 251 en Metepec, Estado de México; Hospital General de Zona 46 en Gómez Palacio, Durango, y Hospital General de Zona 197 en Texcoco, Estado de México, respectivamente. Los expedientes de queja CNDH/4/2016/2889/Q; CNDH/4/2016/4881/Q, y CNDH/4/2016/4333/Q, señalan que los médicos tratantes incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, mediante conductas y omisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos de las agraviadas y sus hijos recién nacidos.
La CNDH determinó que en los estados de Puebla e Hidalgo violentaron derechos de una indígena náhuatl e hija. Por lo que hizo recomendaciones directamente a los gobernadores de esas entidades.
La Recomendación 58/2016 señala claramente que se violaron los derechos a la salud, al consentimiento informado en servicios de anticoncepción y a la libertad y autonomía reproductiva en esas entidades.
La afectada acudió al Hospital Integral de Puebla porque su bebé estaba a punto de nacer. Allí, un servidor público le comunicó que sería conducida al Hospital General de Huachinango porque no se contaba con ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra. Sin embargo, el traslado no se realizó por no existir las condiciones materiales ni de personal para llevarlo a cabo.
Un día después, la víctima llegó por su cuenta al Hospital General de Hidalgo, donde fue internada y dio a luz una niña que presentó complicaciones que le produjeron inestabilidad cardiorrespiratoria y la muerte.
Se constató la responsabilidad de varios médicos del Hospital General de Hidalgo por la inadecuada vigilancia y dilación en el trabajo obstétrico al momento de practicar una operación cesárea a la víctima de 21 años de edad, quien presentaba 31 semanas de embarazo, lo que desencadenó graves complicaciones que causó la pérdida de la vida de la recién nacida.
Además, se determinó que a la paciente se le colocó el DIU (dispositivo intrauterino, método de planificación temporal) sin su consentimiento informado, lo que constituye un acto de violencia obstétrica y una afectación a su libertad y autonomía reproductiva.
Para Hidalgo se recomendó reparar el daño a las víctimas, que incluya compensación y rehabilitación; se otorgue atención médica de seguimiento a la mujer y su esposo en el Hospital General de Tulancingo o algún otro centro de atención médica, perteneciente a la Secretaría de Salud de esa entidad federativa.
También que se imparta en ese hospital un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos de las mujeres en materia de salud, así como de la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el tema, ésta una recomendación reiterada en los 41 casos analizados.
Los mismo sucedió cuando murió una bebé por falta de atención en Chiapas, donde la CNDH emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la Recomendación 50/2016 la CNDH pide al titular del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se repare el daño ocasionado a la pareja por la pérdida de su hija, que incluya una compensación, atención médica, psicológica y tanatología, además de diseñar e impartir un curso integral de capacitación y formación a todos los servidores públicos adscritos a ese hospital, Hospital Rural de Oportunidades No. 8 (HRO-8) en Bochil, Chiapas. Esto sucedió en 2013. Pasaron 24 meses antes de la recomendación.
