No es sólo durante las campañas que las mujeres viven la violencia política
Gabriela Ramírez y Alicia Mendoza
SemMéxico.- La violencia política contra las mujeres se incrementó en más del 300 por ciento en los últimos tres años, derivado del aumento mujeres que participan en política, en contraste apenas comienzan a dilucidarse mecanismos para prevenir y sancionar esa violencia.
Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales señaló recientemente en Guerrero, durante la Segunda Reunión de Autoridades en Apoyo a las Víctimas de Violencia Política de Género, que 38 casos de violencia contra mujeres y contra instituciones electorales se registraron en el país en el pasado proceso del 2014-2015, cifra que creció exponencialmente en 2016, cuando sumaban 143 casos.
Esto fue “inédito”, luego de que, en el proceso anterior inmediato del 2012, apenas habían conocido de dos casos donde denunciaron situaciones de violencia no precisamente política, pero sí en contra de dos mujeres que participan en la vida política.
Ante este panorama, las contiendas electorales de 2017 en cuatro entidades, ya han arrancado formalmente. Solo en seis de los 32 estados han tipificado la violencia política: Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Oaxaca, esta última entidad es la única que incluye penas de privación de la libertad y multa.
En la actualidad en la Cámara de Diputados federal se discuten ocho iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República, para tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral 2018.
No es sólo durante las campañas que las mujeres viven la violencia política, muchas, que ya han sido electas, se ven obligadas a luchar por hacer efectivos sus derechos en contra de presidentes municipales, diputados e incluso en contra de sus propias comunidades.
Arrancan las contiendas
Estado de México
En el Estado de México está en juego la gubernatura. Tres mujeres se han postulado para acceder a este cargo: Delfina Gómez por Morena, Josefina Vázquez Mora por el Partido Acción Nacional (PAN) y Teresa Castell, candidata independiente quien ha logrado reunir más de 328 mil firmas.
La violencia política en la entidad se hizo presente desde el principio del proceso. Delfina Gómez denunció en febrero a través de su partido, Morena, que el PAN y el PRD realizaron ataques en su contra a través de redes sociales.
Incluso el pasado fin de semana, al arranque de su campaña política, aparecieron sendas mandas “al estilo de la delincuencia organizada”.
“Primero se me ha atacado, diciendo que tengo irregularidades en este proceso de precampaña, que estoy ligada con algunas situaciones en las que no he tenido nada que ver, son calumnias, las digo así enfáticamente, son difamaciones”.
Delfina Gómez aseveró que la persona que aparece en la fotografía no es ella y descartó tener una relación con el ex alcalde acusado de ser el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que pidió a los precandidatos del PRI y del PAN, Alfredo del Mazo Maza y Josefina Vázquez Mota, respectivamente, para que se conduzcan de forma responsable y no hagan una guerra sucia en su contra, pues se dijo vulnerable “por ser mujer”.
Pero no es el único caso que se ha registrado en esta entidad que ocupa el primer lugar en feminicidios y que no ha tipificado la violencia política. En 2016, la FEPADE informó que se habían registrado dos casos de violencia política de género en el municipio de Ixtapaluca, hacia una funcionaria del INE y hacia una mujer en una casilla. En 2017, la ex candidata a la alcaldía de Toluca Mónica Fragoso, denunció ante el Tribunal Electoral que el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Genaro Martínez, la expulsó del partido argumentando supuestas acciones de deslealtad al partido, pero ella aseguró que fue porque “es mujer”.
El pasado mes de octubre, la diputada del PRD, Yomali Mondragón Arredondo, presentó ante el pleno de la “LIX” Legislatura mexiquense su iniciativa que proyecta la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el fin de tipificar la violencia política contra las mujeres, sin embargo, no se ha registrado ningún avance al respecto.
Coahuila
La contienda es por la gubernatura, 25 diputaciones y 38 ayuntamientos. Mary Thelam Guajardo, del PRD, es la única mujer que contiende por la gubernatura.
Recientemente, Gabriela de León Farías, ex presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila, señaló que “todavía suceden hechos muy lamentables que obstaculizan la participación en política de las mujeres, nos encontramos con excusas como las que no pueden postular mujeres porque no hay mujeres que postular, siendo que somos el 52 por ciento del padrón electoral”.
En 2016, el Instituto Electoral de Coahuila, desechó una queja interpuesta por el PRI en contra del alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, por impedir que Heidi Elizabeth Hernández tomara protesta como regidora en sustitución de Hortensia García, quien falleció.
La Fepade inició en 2017 una carpeta de investigación por la difamación y discriminación hacia una de las consejeras integrantes del organismo público electoral de Coahuila, quien aparentemente fue hostigada por representantes de partidos políticos.
En esta entidad, el pasado mes de marzo, el Congreso de Coahuila aprobó la reforma a la ley Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia a fin de castigar la violencia política.
Nayarit
Se elegirá gubernatura, 30 diputaciones y 20 ayuntamientos. Ninguna mujer contiende para ser gobernadora.
En septiembre de 2015, la coordinadora parlamentaria del PRD, Sonia Ibarra Fránquez, presentó una iniciativa para tipificarla como delito, situación que aún no es una realidad.
En 2016, la Fepade inició una carpeta de investigación derivada de una denuncia iniciada de oficio por notas periodísticas por la obstaculización de las funciones electorales de consejeros, al no recibir el sueldo correspondiente a sus funciones y la falta de presupuesto para el Instituto Electoral del Estado de Nayarit.
Veracruz
En esta entidad hay elecciones en 212 ayuntamientos. Al menos la mitad de las candidaturas de los partidos están ocupadas por mujeres.
En junio de 2016, el Congreso del Estado aprobó en la Sesión Ordinaria del jueves el dictamen con proyecto de Decreto por el cual se incorporó la modalidad de Violencia Política por razones de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
No hay una sola denuncia por violencia política en esta entidad.
¿Y qué pasa a nivel federal?
El pasado 9 de marzo el pleno del Senado aprobó el dictamen con proyecto de decreto para sancionar la violencia política en razón de género.
Es un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a cinco leyes federales: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se establece que “la violencia política en razón de género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.
La violencia política, señala el dictamen, se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
Actualmente, estas disposiciones consideran penas desde cincuenta y hasta doscientos días multa, y prisión de seis meses y hasta seis años, a funcionarios partidistas o candidatos que comentan diversas penas electorales señaladas en esos tres artículos.
Aunado a ello, de acuerdo con Erika Araceli Rodríguez Hernández, hay al menos siete iniciativas sobre violencia política en la Cámara de Diputados, por lo que dijo “no se van a resolver pronto”.
Casos emblemáticos
Chiapas
Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, llegó por el Partido Verde Ecologista de México, ganó las elecciones el 19 de julio de 2015, y el 25 de mayo de 2016 el Congreso del estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmar dicha renuncia. El 17 de agosto de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió la sentencia con la que revocó el decreto del Congreso Local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo, a la fecha no existen las condiciones para que Rosa pueda ejercer el cargo para el cual fue electa.
Guerrero
Felicitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones sean fundamentadas. Su casa fue baleada, luego allanada, su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población donde fueron quemados. Hasta la fecha Felicitas Muñoz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores.
“Éstas solamente son unas manifestaciones de violencia política, en la vida cotidiana de quienes nos dedicamos a esta actividad tenemos múltiples acciones de violencia en nuestra contra, sólo con la intención de impedir que ejerzamos plenamente nuestros derechos políticos electorales”, dijo en entrevista la ex senadora independiente Martha Tagle.
Oaxaca
En Oaxaca se han documentado una veintena de casos de violencia política como resultado de las elecciones que se realizaron durante 2016 en los 570 municipios del estado, 417 de ellos electos por los sistemas normativos indígenas. Las mujeres acusaron haber sufrido violencia durante las campañas políticas, después de las elecciones cuando les pedían que solicitaran permiso y después del 1 de enero cuando tomaron o debían tomar posesión de sus cargos. Entre esos casos destacan: San
Pedro Atoyac, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Lachiguiri, Santo Domingo Zanatepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Cuicatlán, San Juan Bautista Lo de Soto, de San Dionisio del Mar, de San Pablo Huixtepec, San José Independencia, Santiago Xanica, San Martín Peras, Valle Nacional, San Andrés Cabecera Nueva, San Juan Cotzocón y la mas reciente denuncia presentada San Esteban Atatlahuca, entre otros.
Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, Oaxaca, del PRI. Ganó la elección el 5 de junio de 2016. Dos días antes de que tomara posesión del cargo, como síndico municipal, acudió a su casa para pedirle que dejara el cargo, pues existía un acuerdo previo para que ella fuera la síndica y él fuera el presidente municipal, por supuesto ella se negó. Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación, tomaron el palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas. A la fecha la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal, ni en condiciones de seguridad.
Yareli Cariño López, abogada originaria de Pinotepa Nacional. En el proceso electoral de 2016, recibió la invitación para que se incorporara a la planilla del PRD en la posición número 2. Durante la campaña empezó a vivir hostigamiento sexual por parte de un diputado local, quien le pedía insistentemente tener relaciones sexuales con él, a lo que ella se negó, su planilla resultó ganadora, el hostigamiento siguió.
La presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, denunció ante las autoridades competentes ser víctima de violencia política a partir de su registro por la candidatura en San Pedro Atoyac, recibiendo amenazas, insultos y agresiones físicas que tienen la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos político electorales, ya que se ha exigido que renuncie al cargo.
