Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-El Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, recientemente ha instalado la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Hasta donde se sabe, el proyecto es una especie de aglutinamiento de dependencias locales y federales, donde se ejercerán 46 millones de pesos en “programas de autoempleo e impartición de cursos y talleres en espacios públicos”.
Se desconoce de cuál de los seis rubros presupuestales que la Secretaría General de Gobierno propone –por sí misma reporta como gasto para este año alrededor de 299 millones de pesos- en su esquema de trabajo anual, será donde anide este programa de fomento al autoempleo.
Tampoco conocemos de qué diagnóstico parte el secretario para emprender la distribución de esos 46 millones, exclusivamente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Se ha limitado a prologar que en este año el aumento de los índices de violencia relacionada con el crimen organizado, es inocultable.
Ya alcanza a abordar sin ruedos la problemática: “se han registrado 16 homicidios dolosos dentro del territorio zacatecano [en este año]… Es evidente que el territorio estatal se ha visto involucrado en este tipo de sucesos, debido a que existe una lucha de dos grupos delictivos por ganar el territorio”.
Pero, si quiere entender la lógica del incremento en las tazas delictivas como resultado de la lucha entre grupos antagónicos por el control de espacios para el desarrollo de las actividades ilícitas que permiten su sostén político y económico, debe de hacerse de la inteligencia necesaria que le permita conocer el fortalecimiento o debilitamiento de cada agrupación delincuencial.
Podría comenzar, por ejemplo, con la investigación que realizó el académico universitario, Manuel Ibarra Santos, en su libro “La Violencia Escolar en el Estado de Zacatecas y sus Consecuencias”, donde registra –es el primero en hacerlo- que alrededor de 8 mil 500 jóvenes de 14 a 19 años se encontraban enlistados en distintas organizaciones del crimen organizado, tan sólo en 2014, y percibían un sueldo base de 8 mil a 12 mil pesos mensuales por el desempeño de distintas actividades ilícitas. En el caso de los jóvenes “sicarios” además los ingresos se disparaban por la saldada de homicidios que realizaran en un periodo de tiempo determinado.
Los datos fueron dados a conocer desde mayo de 2015 en este diario, sin embargo las autoridades no han compartido o utilizado las mediciones que ahí se concentran.
Con este cúmulo de cifras, la Secretaría General de Gobierno bien podría acercarse de manera distinta a su objeto de estudio. También podría incluir datos concretos conforme la fluctuación de episodios violentos, que en este caso permitirían retratar el momento de fuerza o debilidad en que se encuentra cada grupo delictivo en Zacatecas. De ahí partiríamos también para conocer los intervalos de reclutamiento.
Mínimamente debería ser capaz de medir la efectividad de su política pública, donde 46 millones de pesos se podrán comparar con los salarios que actualmente reciben los jóvenes dentro de este mercado de actividades ilícitas, así como otros incentivos monetarios por homicidios a sueldo. Claro, la expectativa y calidad de vida se reducen para ese grupo de la población, pues permanecen en la dinámica de un conflicto de baja intensidad entre las partes involucradas, con una fuerte variable de constancia en los enfrentamientos que buscan el control de “plazas”.
Frente a estos números fríos, ¿qué tanto la inversión en autoempleo podría traducirse en la reducción del índice de reclutamiento de personal para los grupos delictivos? ¿Qué tanto compite la nómina de actividades ilícitas con una economía de mercado local impulsada por el presupuesto público? ¿Qué tan atractiva debe de ser la oferta económica de la población en autoempleo para poder representar una alternativa a los salarios ofertados en el mercado negro? ¿Cuántos de estos autoempleos se reflejarán en el incremento de la Población Económicamente Activa, y cuántos terminarán en la informalidad?
Las interrogantes son un buen inicio para que la agenda de seguridad pública en el estado tenga pertinencia en su discusión electoral, de lo contrario los próximos candidatos estarán por decantar la angustia ciudadana en la simplicidad de la retórica de lo correcto.
Al igual que hace 6 años, pero con una nueva configuración, el diagnóstico de seguridad será un elemento que permitiría la definición del voto de los indecisos.
Del lado del bloque oficial, el senador con licencia, Alejandro Tello, aprecia la situación desde el apego a su identidad como amigo cercano del gobernador Miguel Alonso.
Equivoca el diagnóstico por la subjetividad de no romper del todo con su antecesor. Propone, por ejemplo, que en las carreteras hay menos incidentes delictivos como resultado del buen trabajo del gobernador. Lo cual es una verdad a medias. Hoy las carreteras son más seguras, pero son el problema menor frente a 16 homicidios (cifra oficial) en apenas 60 días del 2016.
