Cimacnoticias | México, DF.-Expertas internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron al Estado mexicano a tomar acciones con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual contra las mujeres.

Así lo dijeron en un foro realizado hoy al señalar que en marzo pasado el relator especial para la Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, concluyó en su informe sobre México que en el país la tortura –en muchas ocasiones de índole sexual– es generalizada y se comete durante la detención y la consignación de las personas.

Al respecto, Tracy Robinson, relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH; Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer de 2009 a julio de 2015; y Roxana Arroyo, presidenta de la Fundación Justicia y Género de Ecuador, coincidieron en la necesidad de que el Estado mexicano enfrente el problema.

En el foro internacional “Hacia la erradicación de la tortura sexual a mujeres en México. Propuestas y perspectivas nacionales e internacionales” también participaron sobrevivientes de tortura sexual, que denunciaron el patrón de violaciones a los Derechos Humanos (DH) que padecieron al ser víctimas y al revelar la agresión.

El grupo de 19 mujeres sobrevivientes junto con organizaciones civiles convocaron a este encuentro para dar seguimiento al informe del relator Juan E. Méndez, y a la audiencia temática que se realizó en marzo pasado en la sede de la CIDH, en Washington, en la que México se comprometió a trabajar en torno al tema.

En su participación, la comisionada Tracy Robinson dijo que el Sistema Interamericano de DH reconoció la violencia sexual como tortura en 1996 cuando analizó el caso de violencia cometido por el Ejército contra una mujer de Perú, e incluso recordó que en México existen dos sentencias por la tortura sexual cometida por el Ejército contra dos mujeres indígenas (Inés Fernández y Valentina Rosendo).

A decir de la comisionada, estas violaciones a DH están inmersas en estereotipos de género, y destacó que hay tratados y convenciones internacionales que reconocen este flagelo y por ello los Estados deben trabajar para prevenirlo.

Robinson destacó que una violación de esta naturaleza provoca diversas consecuencias en las mujeres, e incluso en las indígenas se considera como “la pérdida del espíritu”; mientras que en otros casos se ve como una lección correctiva contra aquellas mujeres que “no cumplen con la feminidad”.

En las sentencias contra México, por los casos de Inés y Valentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano garantizar medidas para que casos similares no se vuelvan a repetir.

Rashida Manjoo, ex relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, consideró que la cultura de discriminación es un factor que ayuda a que haya tortura; por lo que aseguró que uno de los retos es transformar el sistema de justicia para que las y los funcionarios cambien la actitud hacia las víctimas.

Roxana Arroyo, presidenta de la Fundación Justicia y Género de Ecuador, dijo que la protección contra la tortura requiere una visión de género, por lo que recomendó dejar de lado la interpretación clásica de este delito y ampliar el concepto porque también se puede dar la tortura en el ámbito familiar.

Señaló que en los casos de tortura sexual se debe enjuiciar a los culpables y reparar a las víctimas, aunque reconoció que no es tarea fácil porque los cuerpos de las mujeres siguen siendo espacios en constante pugna, ya que los administradores de justicia no dan un trato diferenciado a estas víctimas porque piensan que es discriminar a otros.

Arroyo dijo que en el caso mexicano es preocupante la impunidad y es evidente que se requiere profundizar en las líneas de investigación, pues hay una falta de comprensión de la igualdad en la administración de justicia y en las instancias que ni siquiera aplican el Protocolo de Estambul (peritajes médicos y psicológicos para comprobar el delito).

En el foro también participó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien recordó que los tratados internacionales prevén el derecho de las personas a no ser torturadas, por tanto declaró que esta práctica no se justifica y se debe investigar.

Al ser cuestionado sobre el número de denuncias, quejas o recomendaciones al respecto, el ombudsman nacional dijo no tener el dato, pero que señaló que podrían ser “unas 86 quejas a lo largo de los años” sin saber cuántas correspondían a mujeres.

Cabe destacar que por ley y en concordancia con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la CNDH opera el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que, según dijo, ha servido para que el organismo haga visitas a los centros penitenciarios y emita reportes periódicos.

Ante las críticas de activistas sobre el poco impacto de este mecanismo, González Pérez dijo que la intención de la CNDH es fortalecer esta herramienta para erradicar condiciones que provocan tortura; asimismo respondió a las víctimas que se quejaron de la falta de atención a sus casos y atajó que “estaba trabajando al respecto”.

En julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura; por lo que el Legislativo federal trabaja en una propuesta mientras que el Ejecutivo debe mandar otra.

Al respecto, la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña, destacó que ella ya presentó su iniciativa de ley general, pero aún deben esperar la propuesta del Ejecutivo para que una vez que haya una nueva legislación no haya pretexto para no investigar y sancionar este delito.

La senadora aclaró que no hace falta una ley para hacer frente a este fenómeno, toda vez que en cada entidad ya hay un tipo penal, y existen la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el Protocolo de Estambul.