Cimacnoticias | México, DF.- La respuesta al embarazo en adolescentes, considerado un problema de salud pública que va en aumento pese a las estrategias emprendidas, debe ir más allá del acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud, y de la ampliación de los contenidos de sexualidad en el sistema educativo.
Especialistas y académicos en demografía y salud alertaron que el problema es “mucho más complejo”, y abarca las condiciones sociales y económicas que llevan a las jóvenes a decidir ser madres; la impunidad ante la violencia sexual; la no erradicación de la violencia contra las mujeres; la falta de acceso al aborto legal, y la resistencia del personal docente y sanitario para informar a las y los adolescentes.
A fin de incorporar a la academia a las acciones contra los embarazos tempranos –también identificados como una violación a los Derechos Humanos (DH)–, la Sociedad Mexicana de Demografía (Sodeme) y El Colegio de México (Colmex) organizaron el Foro sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA).
Durante la inauguración, se resaltó que el embarazo en mujeres de 15 a 19 años de edad creció desde 2009 en seis puntos porcentuales, ya que en 2014 por cada mil adolescentes 77 se convirtieron en madres, cuando hace cinco años la tasa era de 70.9 nacimientos por cada mil adolescentes.
Carlos Echarri Cánovas, doctor en Demografía e investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), remarcó que no se debe mirar el problema de embarazo en adolescentes de manera general, pues son las jóvenes de estratos económicos bajos o muy bajos quienes inician su vida sexual a más temprana edad, y quienes presentan más gestaciones tempranas.
Abundó que se debe considerar que, según las encuestas realizadas, entre 60 y 70 por ciento de esos embarazos fueron deseados por las jóvenes, lo que podría indicar que el embarazo está representando para ellas la única opción de desarrollo, “su único destino de vida”, por lo que la respuesta a este problema debe analizar cuáles son las opciones que se brindan a las jóvenes.
Echarri también destacó el hecho de que no se puede separar el embarazo en adolescentes de la violencia sexual, tema en el que la impunidad es dominante, ya que de acuerdo con cifras oficiales, al año se registran más de 26 mil violaciones sexuales, de las que apenas 20 por ciento se investigan.
La doctora Catherine Menkes, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que además de considerar las tasas de fecundidad –número de niños nacidos vivos–, también se deben tomar en cuenta las tasas reales de embarazo que no necesariamente llegan a término.
La experta mostró los resultados de encuestas en el Distrito Federal y Nuevo León (NL), entidades donde entre 65 y 70 por ciento de las jóvenes que presentaron un embarazo lo interrumpieron, pese a que una mínima proporción de ellas conocía las causales de aborto legal.
De acuerdo con el estudio, sólo 4 por ciento de las jóvenes sabe que es legal abortar hasta la semana 12 de gestación en el DF, mientras que el porcentaje de adolescentes que conoce las causales de aborto en NL es incluso menor. Esto demuestra que aunque no tengan información suficiente, “de todas formas las jóvenes abortan como puedan y donde puedan”, advirtió.
Menkes señaló que también se debe considerar la diferencia entre haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo y realmente utilizarlo, pues la brecha entre quienes oyeron (86 por ciento) sobre métodos hormonales y quienes realmente saben cómo usarlos (10 por ciento) “es enorme”.
Rebeca Ramos Duarte, coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), abundó que otro de los grandes retos para la estrategia contra el embarazo en adolescentes es el cumplimiento del marco legal que regula el acceso al aborto seguro, pues es una realidad que las jóvenes no acceden a las causales, sobre todo a la de violación sexual, a la que se asocia una gran mayoría de gestaciones prematuras.
Puntualizó que en lo que va del año sólo se han autorizado por el Ministerio Público 12 abortos por violación sexual, lo que contrasta con la alta cifra de denuncias por violación contabilizadas hasta septiembre (15 mil). “Aunque no necesariamente en cada violación se presenta un embarazo, esta cifra nos habla de que no se están autorizando las causales”, criticó.
Gabriela Rodríguez, directora de la organización civil Afluentes, resaltó que a 40 años de que se estipuló la educación sexual y la planificación familiar en México, aún existe una resistencia del personal docente para abordar los temas de sexualidad en los niveles de educación básica y media superior, cuando las y los adolescentes están en un momento crucial para recibir información.
Recordó que desde 1998 en los libros de texto gratuitos se incorporó información sobre derechos sexuales y reproductivos, y desde 1990 se incluyó el concepto de género. Pese a ello, aclaró, la formación de las y los jóvenes en el rubro “no es consistente”.
Según la información presentada por la especialista, en educación primaria sólo 3 por ciento del alumnado recibió información completa sobre sexualidad; en secundaria sólo 20 por ciento, y a nivel medio superior, 9 por ciento.
Del 63 al 85 por ciento de las y los docentes no abordaron estos temas en las aulas, aunque desde hace 15 años está en el currículum y la mitad usó menos de 10 horas a estos temas en el ciclo escolar.
“La educación integral de la sexualidad, si de verdad se decidiera implementar, serviría para apoyar a las personas en etapas críticas de su vida, ayudaría a construir relaciones de género más equitativas, e impulsaría que las estudiantes tengan autoestima, se empoderen y puedan negociar y disfrutar de su sexualidad”, concluyó Rodríguez.
