Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.- En la primera mitad de 2015 miles de capitalinas se vieron envueltas en algún conflicto laboral; las que iniciaron juicios podrían tardar hasta cuatro años en lograr justicia.
En la Ciudad de México –donde trabajan, tanto en el sector formal como informal, un millón 773 mil 302 mujeres, según datos oficiales– existen mecanismos legales para denunciar la violencia y discriminación en los centros de trabajo; pero Cimacnoticias documentó que los juicios laborales aún no son expeditos debido al gran rezago de casos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
Según el informe del primer semestre de 2015 de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el DF (PDTDF), 4 mil 947 trabajadoras solicitaron una “asesoría” por un conflicto o abuso laboral, cientos vinculados a su condición de género.
Por su parte, la JLCyA durante este primer semestre dio entrada a 670 nuevos juicios iniciados por mujeres. En general, de los más de 8 mil casos que tiene rezagados desde el año 2000, sólo logró conciliar 692 y ejecutó únicamente 78 laudos condenatorios (sin desagregar los datos por sexo).
Este rezago corresponde sólo a los juicios que promovió la PDTDF ante la Junta, de los que 3 mil 145 fueron solicitados por trabajadoras y 246 deben efectuarse “con enfoque de género”, aunque la instancia no precisa a qué abusos laborales se refiere.
A lo anterior se suma que la JLCyA reportó en su informe trimestral más reciente 97 mil “expedientes en trámite”, tanto de mujeres como de hombres.
En esa Junta cada demanda laboral desde que se ingresa hasta su sentencia (laudo) dura entre tres y cuatro años y medio, dijo la presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, durante la presentación del informe “Discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de México; Despido por embarazo”, que revela que desde 2013, 163 trabajadoras presentaron quejas por este motivo sin que haya alguna empresa sancionada.
“Si se trata de esta situación, las mujeres no tienen justicia (…); estamos frente a una situación en la que a pesar de que las leyes lo prohíben, los empleadores siguen reproduciendo este tipo de conductas”, observó la presidenta de la Junta.
Agregó que a fin de garantizar justicia expedita para las mujeres que sufren discriminación en el trabajo, en 2014 el GDF creó dos juntas especiales para grupos vulnerables –que en el caso de las mujeres sólo atiende abusos por razón de género–, en las que cada juicio debe resolverse a más tardar en seis meses.
Rojas detalló que 100 por ciento de las demandas que reciben estas juntas por parte de mujeres son por despido injustificado, la mayoría por embarazo, seguidas de discriminación por género y violencia.
LAS QUE RESISTEN
Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, aseguró que para una adecuada impartición de justicia es fundamental rescatar el derecho de las trabajadoras a un empleo estable y digno, bien remunerado, con seguridad social, y que permita la libre asociación.
Criticó que aunque México “tiene un amplio marco laboral, su alcance se ve limitado porque los mecanismos para hacer justicia son insuficientes y débiles; sólo hay que ver los expedientes rezagados o la irrisoria cantidad de inspectores con los que cuenta la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo”.
El activista agregó: “Si los patrones cometen violaciones y la sociedad y el Estado los ignoran y no reciben sanción, sus acciones serán recurrentes”.
Según la PDTDF, 3 mil 745 de las asesorías que brindó en el primer semestre de 2015 fueron para trabajadoras individuales y 509 para colectivos de mujeres. Del total, 221 asesorías las solicitaron adultas mayores, siete niñas y ocho mujeres con alguna discapacidad.
Por abusos vinculados con violencia de género, la PDTDF registró 32 por ciento por hostigamiento; 30 por ciento por violencia contra trabajadoras del hogar; 29.1 por despido por embarazo; y 8 por ciento por discriminación y violencia laboral.
Desde 2013 y en lo que va de 2015, Cimacnoticias documentó al menos tres casos de colectivos de mujeres que mantienen plantones y otras formas de resistencia por conflictos laborales que la JLCyA no ha resuelto.
Por ejemplo, un grupo de mujeres de más de 40 años de edad –algunas a punto de jubilarse– mantienen un plantón afuera de la quebrada Maquila Cartagena, en la calzada de Tlalpan.
Tras dos años de resguardar el equipo de la empresa porque su patrón, Ernesto Kuri Seur, se negó a pagar sus liquidaciones, siguen a la espera de que la JLCyA valide la huelga para que el empresario negocie con ellas.
A pesar de que las trabajadoras (enfermas y desempleadas) demostraron que Kuri contrató sindicatos “charros” por más de 10 años y cometió diversos abusos laborales, la Junta sigue aplazando las audiencias y admite documentos apócrifos que retrasan el juicio, según denunciaron las mujeres.
En tanto, al menos 12 despachadoras de la gasolinería “Súper Servicio Coapa”, también en Tlalpan, iniciaron un juicio laboral desde 2014 para obtener la titularidad de su contrato colectivo, pues encontraron que su sindicato negociaba con el patrón, Eduardo Cohen Carabier, y permitía que éste les cobrara “derecho de piso” para poder trabajar y las hostigara.
Hasta ahora, la Junta sigue sin ceder el contrato colectivo y posterga las audiencias argumentando que “aparecen” más sindicatos (presuntamente también “charros”) que pelean la titularidad, a decir de las despachadoras.
Mientras, ellas ya fueron despedidas y han sido amedrentadas por la policía capitalina para que dejen de vender mercancías cerca de la gasolinería, como una medida simbólica de resistencia.
La JLCyA también alberga 200 demandas que presentó desde 2014 personal de Bomberos del DF, porque su representación sindical despidió a quienes empezaron a exigir mejoras.
En consecuencia, al menos seis mujeres bomberas perdieron su empleo –una por estar embarazada–, y sobreviven con un sueldo mensual que les da el GDF a cambio de ninguna actividad, ya que no ha sido reinstaladas en sus puestos.
Todas las trabajadoras presentaron quejas ante la Quinta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), la cual no se ha pronunciado al respecto, y se negó a dar una entrevista a esta agencia.
Y es que según personal de la CDHDF, la quinta visitadora Patricia Juan Pineda fue separada recientemente de su cargo debido a quejas en su contra, por presuntos malos tratos a una de sus trabajadoras.
