Cimacnoticias | México, DF.- En las dos décadas en las que el Estado mexicano ha “impulsado la igualdad de género” –compromiso adquirido al signar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing– muchos de los problemas que enfrentan las mujeres se han agudizado.
Se ha incrementado, entre otras cosas, la violencia contra las mujeres, la tasa de embarazos en adolescentes, el número de mujeres que viven en pobreza, el cáncer de mama (CaMa) y el cérvico uterino (CaCu), y existen severos retrocesos en el derecho a decidir de las mujeres.
Como resultado de más de un año de trabajo de 100 organizaciones civiles de 17 estados del país, ayer en la antigua sede del Senado se presentó el “Informe Nacional Alterno Beijing+20”, que evidencia estos y otros pendientes del gobierno mexicano para consolidar los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
De acuerdo con los grupos ciudadanos, si el informe oficial se encargó de dar cuenta de los “avances” del Estado mexicano, era una tarea del movimiento feminista evidenciar la agenda incumplida.
El informe será enviado a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), instancia de la ONU que del 8 al 20 de marzo hará un balance del progreso y retos en la implementación de la Plataforma de Beijing.
El reporte alterno señala las deficiencias del gobierno mexicano en las 12 esferas en las que se divide la Plataforma de Acción.
MÁS VIOLENCIA
Aidé García, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló que a nivel latinoamericano hay temas de preocupación que no fueron visibles en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y que se han agudizado, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el combate al narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.
Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de Periodistas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), recordó que la Plataforma de Beijing incluyó la voz de las periodistas en el capítulo J, que establece que los Estados deben promover una regulación en telecomunicaciones y radiodifusión con perspectiva de género, para eliminar los estereotipos sexistas en los medios.
Pero “es el capítulo más olvidado y donde se tienen pocos avances (…); basta mirar el contenido de los programas de televisión o cualquier puesto de periódicos”, para constatar el severo retraso en la eliminación de estereotipos sexistas.
En las esferas de pobreza y economía, la maestra Nahela Becerril, del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (Gimtrap), señaló que en México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones.
Agregó que los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza.
Libertad Enríquez, integrante de Salud Integral Para la Mujer (Sipam), dijo que en salud no se lograron los avances esperados, pues existe una pobre disminución de la muerte materna y se ha incrementado el CaMa y el CaCu (enfermedades que se pueden prevenir con campañas de información y políticas adecuadas).
Dentro de las esferas de violencia y conflictos armados, la maestra Estela Fernández, del Círculo de Estudios de Género de Chihuahua, reconoció la creación y aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero advirtió que no se ha puesto en práctica y enfatizó que la denominada “guerra contra el narcotráfico” afectó de manera desproporcionada a las mujeres.
FALTA DE PRESUPUESTO
Por su parte, la maestra Magdalena García, de la Red Iberoamericana por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres, señaló que el presupuesto asignado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres “hasta ahora ha sido raquítico”, y que su desarrollo ha sido desigual en las entidades.
Existen mil 500 institutos municipales de la Mujer, aunque hay más de dos mil 500 municipios, y sólo el presupuesto del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal llega al 1 por ciento del presupuesto del gasto del gobierno, a lo que se suma que los mecanismos se enfrentan a “condiciones abruptas” ante los cambios de gobierno, y en su mayoría son coordinados por mujeres subordinadas a partidos políticos.
María Luisa Sosa de la Torre, de la organización Olimpia de Gouges, dijo que en cuanto a la participación política lo que se debe lograr es la paridad en los puestos de representación y no en las candidaturas, como actualmente ocurre.
María Teresa Pérez, del Observatorio de Violencia y Derechos Humanos, dijo que los derechos de las niñas han sido olvidados por el gobierno mexicano, pues apenas en 2014 se logró avanzar en la creación de la ley que sigue dejando fuera algunos de sus derechos más importantes. Recordó que los DH deben ser considerados un eje transversal.
Cecilia Castro, del Centro de Investigación y Estudios de la Dinámica Social (Ciedis), presentó el balance de la esfera “Mujer y medio ambiente”, en el que el gobierno mexicano no ha sido capaz de garantizar a las mujeres el acceso a la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Al mencionar que el 70 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados, la especialista señaló que las mujeres “pagan muy caro la carencia de agua”, pues son las responsables de la transportación del líquido para toda la familia.
