Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Si el personal judicial no erradica sus acostumbradas prácticas discriminatorias, misóginas y sexistas, difícilmente los juicios orales ayudarán a las mujeres a vencer la impunidad.
El pasado 15 de enero comenzó la implementación de los juicios orales en la Ciudad de México, pero activistas por los derechos femeninos alertan que los nuevos procedimientos sólo serán efectivos hasta que los impartidores de justicia trabajen libres de estereotipos de género, prejuicios y actitudes sexistas.
El nuevo sistema penal acusatorio, mejor conocido como juicios orales, entró en vigor en junio de 2008 tras una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, que implicó cambios normativos, estructurales e incluso ideológicos para el personal judicial.
De acuerdo con la versión oficial, la reforma contribuiría a abatir la criminalidad, la inseguridad, las constantes injusticias por la impunidad delictiva, la condena de personas inocentes, y el desamparo de las víctimas.
Marisol Aguilar Contreras, abogada de Equis Justicia para las Mujeres, organización civil que monitorea las sentencias y la actuación de jueces y magistrados, destaca que el nuevo sistema penal integra de manera teórica principios internacionales, pero advierte que llevarlo a la realidad será “un paso complicado”.
Entre los cambios más significativos con el nuevo sistema es que los casos se resolverán en audiencias públicas, se ampliarán los derechos de la víctima y el ofendido, se implementarán mecanismos alternativos de resolución de controversias, y los juicios serán más expeditos.
Asimismo, se fortalecerá la investigación del delito a cargo de la policía, bajo la conducción del Ministerio Público (MP), se restringirá la prisión preventiva, habrá preliberaciones para desahogar la carga del sistema penitenciario, y se reforzará la prevención del delito.
FALTA DE VOLUNTAD
Sin embargo, Marisol Aguilar acota que para juzgar con perspectiva de género se necesita que los funcionarios tengan voluntad e intención de hacerlo y, según el monitoreo de sentencias, en la mayoría de los casos no es así porque a las mujeres se les juzga por no cumplir “su rol de madres o cuidadoras, su forma de vestir o por salir de casa a horas inapropiadas”.
En su informe “Una ruta crítica: de la violencia al limbo. Mujeres sobrevivientes de violencia en Morelos, Nuevo León y Oaxaca”, Equis detectó que las víctimas enfrentan obstáculos para denunciar porque los agentes del MP se niegan a atenderlas al asegurar que “van a perdonar al agresor”, y si les brinda atención no les dan toda la información.
Luis Alberto Muñoz López, director de la Clínica de Justicia y Género “Marisela Escobedo” de la UNAM, señala que el nuevo sistema aporta “buenas medidas”, pero no erradica la visión cerrada de los servidores públicos, por lo que la transición hacia los juicios orales “no será fácil”.
Por ello, apunta, en la negociación entre ofendidos e infractores –una de las salidas establecidas para evitar un juicio oral–, el Estado no puede quedar al margen y dejar de lado su responsabilidad de garantizar justicia, en especial cuando se trata de mujeres, subraya.
Para el abogado otro problema es la falta de capacitación con perspectiva de género, ya que un juzgador puede tener la formación y el conocimiento sobre los mecanismos jurídicos, pero eso no garantiza la imparcialidad a la hora de juzgar a una acusada o de atender a una víctima de violencia familiar.
A CUENTAGOTAS
En su Segundo Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal reportó que del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se realizaron en el país 67 actividades de capacitación para el nuevo sistema penal acusatorio, en las que participaron mil 436 servidores públicos de forma presencial y 2 mil 82 en línea.
Pero a decir de Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) en Chihuahua –primera entidad en implementar los juicios orales–, el Estado está capacitando sólo a jueces y magistrados y deja de lado a la sociedad civil, a organizaciones que trabajan con víctimas y a los abogados.
Observa que si bien hay litigantes en capacitación, ellos trabajan con “clientes y no con víctimas”, lo que hace la diferencia a la hora de llevar un caso.
La abogada precisa que un cambio importante es que ahora las víctimas son sujetos procesales “con vida propia” que pueden ir en contra incluso de las actuaciones del MP, e interponer amparos y apelar sentencias. La única desventaja, aclara, es que si las mujeres no lo saben, el nuevo sistema arrastrará “los mismos vicios”.
“El sistema en sí es algo bueno, lo que pasa es que el nudo de corrupción e impunidad que arropa a los delitos de género continua”, critica Luz Estela Castro al recordar que en Ciudad Juárez la mayoría de los casos de feminicidio se van a juicio abreviado (de menor duración) cuando el acusado acepta su responsabilidad para tener una pena de prisión más baja.
Pilar Delgado Ortiz, coordinadora jurídica de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres Vereda Themis, resalta que si bien habrá resoluciones más rápidas, no se garantiza que las mujeres obtendrán justicia. A su parecer, se transforma la infraestructura, pero no el fondo ni las resoluciones.
La Secretaría de Gobernación, vía la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, ha informado que para octubre de 2014 Chihuahua, Estado de México, Yucatán y Morelos eran las entidades con mayor avance en la implementación del sistema acusatorio.
En 2015, los juicios orales iniciaron operación en el DF, Michoacán, Campeche y Baja California Sur; y para 2016 arrancarán en Sonora, por lo que dentro de un año el sistema penal acusatorio operará en todo el país.
No obstante, Pilar Delgado recalca que habrá que estar vigilantes de si a las mujeres se les siguen dando sentencias con más años de prisión por cometer el mismo delito que un hombre; si los jueces cambian su visión, y si el Estado promueve una capacitación con visión de género desde las facultades de Derecho.
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