Cimacnoticias | México, DF.- La delegación del Estado mexicano mintió al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) sobre sus acciones para prevenir y castigar esta grave violación a los Derechos Humanos (DH), afirmaron grupos civiles y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Al participar en el octavo periodo de sesiones del CED, este 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, la delegación oficial mexicana se mostró “tibia”, y no adoptó una posición “clara” sobre la grave situación que enfrenta el país en la materia, según criticaron en conferencia de prensa activistas y familiares de víctimas de desaparición forzada.
Esto porque durante el escrutinio que hizo el CED al Estado mexicano, la representación oficial (conformada por 20 funcionarios) sólo reconoció “retos, desafíos y pendientes” en el tema de desaparición forzada, e insistió en que ya existe una “verdad establecida” en el caso Ayotzinapa.
Además, el Estado mexicano “mintió” al decir que el gobierno federal actuó desde el primer día de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero las y los familiares dijeron que la PGR dejó pasar 12 días antes de intervenir.
Hilda Legideño, madre de José Antonio Tizapa Legideño, quien se comunicó con la prensa mexicana desde Ginebra, sostuvo que la representación del gobierno mexicano mintió durante su participación y –a su parecer– México en realidad no se comprometió a nada en concreto con la ONU.
La mujer informó que durante las investigaciones por el caso Ayotzinapa hubo “muchas inconsistencias”, además de que el Estado no tiene pruebas suficientes para señalar que los 43 fueron asesinados, ya que sólo ha encontrado los restos de uno.
Señaló que tiene confianza en el trabajo que hará el Comité al analizar la problemática de desaparición forzada que ocurre en México desde hace muchos años, ya que considera que el apoyo internacional podría obligar al Estado a dar respuestas verídicas sobre el paradero de su hijo.
Durante la sesión del 2 de febrero, Hilda Legideño enfatizó ante el CED que “ellos (los normalistas) están vivos, los tiene el gobierno, y no sabemos por qué”.
Otras mujeres –madres de víctimas de desaparición forzada–, integrantes de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), en Chihuahua, pidieron a Naciones Unidas que obligue a México a cumplir con lo que mandata la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, de la ONU.
OBLIGACIONES DEL ESTADO
A decir de la representación ciudadana (que emitió a la ONU un informe alterno sobre la situación de desaparición forzada en México), el CED cuestionó al Estado mexicano (sin obtener respuesta) sobre las razones del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) –instancia encargada de investigar las graves violaciones a DH cometidas durante la llamada “Guerra Sucia” (en los años 70)–, y la falta de una estadística oficial sobre víctimas de este delito.
Las organizaciones y familiares dijeron que esperan que en el informe del CED, previsto para el próximo13 de febrero, se obligue al Estado mexicano a aprobar en esta Legislatura federal una Ley General de Desaparición Forzada, en la cual intervenga un grupo de trabajo conformado por activistas y familiares de víctimas.
Además, que se establezca un mecanismo de búsqueda con vida de personas desaparecidas y protocolos para investigar y castigar la desaparición forzada.
Pidieron que se obligue a México a tomar en cuenta la participación de los familiares en los planes de búsqueda, además de que se elabore un registro exacto del número de personas que están siendo desaparecidas.
Y llamaron al gobierno a que acepte, registre y castigue las denuncias por desaparición forzada, toda vez que durante los procesos penales se reclasifica el delito o se omite, además de que –a decir de familias y organizaciones– la PGR no cuenta con instalaciones ni infraestructura para localizar a las personas.
ACEPTA COMITÉ QUE HAY IMPUNIDAD
Las y los activistas destacaron las observaciones que hizo el CED al reconocer que la desaparición de los normalistas guerrerenses “no se trata de un caso aislado”, sino de una crisis de desaparición forzada que México se niega a reconocer.
El Comité pudo observar que en México no hay normatividad ni una política pública para erradicar las desapariciones forzadas, no se investigan los contextos, y existe una gran corrupción entre los cuerpos policiales, además de que el decálogo que anunció en noviembre pasado Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, es “insuficiente” para combatir las desapariciones.
A decir de las organizaciones, el Comité se sintió muy interesado por el sentir de las familias que asistieron a Ginebra, y señalaron que permanecerán muy atentas para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones que emita el CED.
La delegación oficial mexicana estuvo encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Con Información de cimacnoticias.com.mx
http://cimacnoticias.com.mx/node/68741
