El Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su representación ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) presentó una denuncia por motivo de actos que constituyen probables conductas violatorias de la Ley de Servidores Públicos, Ley  Electoral así­ como de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM y del estado Zacatecas (CPELySZ), esto con motivo a la realización de diversos actos públicos y notorios, cometidos por funcionarios del gobierno estatal, dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad.

Gerardo Espinoza Solí­s, representante del PRD ante el IEEZ señaló que dicha denuncia se presentó durante la sesión ordinaria ante el pleno del consejo de ese instituto, en que se sustento que en el ámbito de la campaña estatal de afiliación del Revolucionario Institucional, partido que tiene la titularidad del Gobierno “se evidencian claramente el condicionamiento de obras de gobierno del estado a constructores, a cambio de su afiliación partidista, vulnerando gravemente la garantí­a de asociación libre y pací­fica de los ciudadanos para tomar parte en forma pací­fica en los asuntos polí­ticos del paí­s, establecida en los artí­culos 35 de la CPEUM y 14 fracción VI de la CPELySZ”.

El perredista, detalló que de entre los actos de afiliación del PRI, documentados ampliamente por los medios de comunicación local, en que se asienta la adhesión de organismos gremiales al tricolor, se violenta -dijo-“ la disposición constitucional del Estado, establecida en su artí­culo 36, la cual establece que los servidores públicos tendrán en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad y deberán de abstenerse de participar para influir en la equidad de la competencia entre los partidos polí­ticos”.

Asimismo explicó que dichas conductas podrí­an actualizar el delito establecido en la fracción XIII del artí­culo 375 del Código Penal, así­ como se actualizan diversas hipótesis que son sancionadas administrativamente por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, ya que en el caso de Francisco Javier Bañuelos Acuña, director del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE), “violenta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen la función pública, al ejercer indebidamente el cargo, desviar recursos públicos para beneficiar al PRI y utilizar indebidamente la información de las obras a licitar bajo su responsabilidad”, en tanto adelantó se presentará la denuncia ante la Contralorí­a Estatal y Federal por el uso de recursos públicos estatales y federales en actividades partidistas.

Esto luego de que el pasado 15 mayo , Bañuelos Acuña, en su carácter de director del INZACE, anunció en un evento público, que el organismo gubernamental a su cargo invertirí­a cerca de 130 millones de pesos  en la construcción de espacios educativos para este año, para posteriormente  el dí­a 21, encabezará en un evento público de afiliación de 111 constructores al tricolor, presentando públicamente su afiliación a dicho instituto polí­tico, así­ como su representación de los empresarios constructores que se afiliaban en dicho acto en que señaló: “somos una fuerza real y hay que aprovecharla bien”.

Dichos actos mencionó Espinoza Solí­s, se encuentran extraordinariamente relacionados y actualizan aseveró diversas hipótesis normativas sancionatorias mediante los procedimientos sancionador ordinario y en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos polí­ticos, las cuales se denuncian, a efecto de que se inicie su integración y en su momento se sancione por esta ví­a competencia de este Consejo General”.

Asimismo, indicó que dicha demanda se presenta ante el organismo electoral,  independientemente de las diversas sanciones que sean impuestas por la Contralorí­a y en su caso, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que como parte  de la referida campaña de afiliación del PRI, se han realizado diversos actos proselitistas a favor de la misma en diversos municipios, como lo son Guadalupe, Valparaí­so, Rio Grande, Jerez y Nochistlan, eventos en los cuales, se han realizado supuestas afiliaciones masivas de ciudadanos, eventos en los cuales indefectiblemente encontramos la presencia de servidores públicos de Gobierno del Estado influyendo en tales afiliaciones.

Gerardo Espinoza, mencionó que entre los servidores públicos se encuentran Artemio Ultreras, Cabral, director general del ISSSTEZAC, Otilio Rivera Herrera subsecretario de programación presupuestal de SEPLADER, Ismael Solí­s Mares director de COPROVI, Eduardo López Muñoz edil de Jerez, Héctor Bernal, edil de Ojocaliente, el propio Bañuelos Acuña del INZACE, José Márquez Navarro, director general del CECYTEZ, Silverio López Magallanes subsecretario de  SEDAGRO, mismos que participaron en eventos partidistas y de afiliación en los municipios de Jerez y Guadalupe respectivamente y presuntamente condicionan la prestación de los servicios de su dependencia a cambio de la afiliación al PRI.

En ese tenor, durante la sesión pública del IEEZ Espinoza Solí­s argumentó que los actos  tanto de los funcionarios públicos, como de los dirigentes del PRI, actualizan –advirtió- “diversas hipótesis normativas sancionatorias mediante los procedimientos sancionador ordinario y en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos polí­ticos, que podrí­an llegar hasta la suspensión del financiamiento público de dicho instituto polí­tico hasta por tres años por ser de naturaleza nacional”.

Finalmente adelantó que de entre las denuncias a las diferentes instancias, está el caso particular ante la Contralorí­a Interna del Estado en torno el caso del Ayuntamiento de Ojocaliente en que se utilizaron recursos públicos para propaganda polí­tica para anunciar un evento  del propio ayuntamiento en que a la par se invita a afiliarse, “se menciona en la pinta ordenada por el edil  “el PRI agradece  tu confianza afí­liate,” por tanto agrego Espinoza Solí­s “habremos de presentar una solicitud de juicio polí­tico  para que se inicie la integración de la averiguación  y en su momento se sancione a los servidores públicos involucrados”, puntualizó.