Cimacnoticias | México, DF.- Por objeción del Partido Acción Nacional (PAN), la Cámara de Diputados aprobó ayer modificaciones a la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que niegan garantías sexuales y reproductivas a las menores de edad.
La Comisión de los Derechos de la Niñez, que preside la diputada por el PRD Verónica Juárez Piña, presentó ante el pleno una minuta con modificaciones en los artículos 50, 57 y 58, referentes a sexualidad y reproducción, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La minuta con cambios y aprobada por el pleno de la Cámara baja fue turnada de nuevo al Senado, para que en un plazo máximo de 15 días presente su decreto.
La diputada del PAN Carmen Lucía Pérez Camarena fue quien presentó las modificaciones al articulado sobre educación y salud sexual. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Héctor Gutiérrez de la Garza apoyó las reservas.
Si bien los artículos siguen reconociendo la importancia de que niñas, niños y adolescentes sean informados sobre su salud sexual, en la redacción final se omitió reconocer como “derechos” la sexualidad y reproducción, niega su ejercicio, y condiciona la educación sexual a la “madurez” de la o el menor de edad y al consentimiento o intervención de los padres.
En la fracción XI del artículo 50 se eliminó la frase “el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos”, por el de “asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva a las niñas, niños y adolescentes”
La fracción VIII del artículo 58, que establecía “promover la educación sexual integral (…) que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”, cambió a “promover la enseñanza sexual integral conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y ‘madurez’ (…) que le permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución”.
En el artículo 57, que establece la educación desde un enfoque de Derechos Humanos (DH) e igualdad para el conocimiento de los derechos de la infancia, se añadió que quienes “ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de los menores tendrán derecho a intervenir en la educación” que habrá de darse a las y los menores de edad.
Pese a que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de que las mujeres de todas las edades puedan decidir sobre su sexualidad con información y en reconocimiento de sus derechos, el argumento de la diputada panista se concentra en que la Constitución mexicana no reconoce los derechos sexuales y reproductivos.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara baja, la legisladora aseguró que los derechos sexuales y reproductivos podrían darle libertad a las niñas, niños y adolescentes para decidir “respecto el número de hijos, el acceso a métodos anticonceptivos y a la libertad sexual”.
La reserva a estos artículos generó un debate entre el frente panista, al que se unió el PRI, contra el PRD, ya que mientras los panistas aseguraron que al reconocerles estos derechos a las adolescentes se estaría permitiendo la interrupción legal del embarazo sin la autorización de un adulto, la perredista Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que la reserva a estos artículos desconoce los derechos de las adolescentes a contar con información “veraz y científica” que se apegue a su realidad.
Cabe recordar que luego de que el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, presentara la iniciativa original de esta ley el pasado 1 de septiembre, organizaciones civiles, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), criticaron que ésta no contaba con perspectiva de género y que no reconocía la realidad de las adolescentes mexicanas que estaban enfrentando embarazos.
Los artículos reformados ayer eran en los que se reflejó la insistencia de las activistas para reconocer garantías a las niñas y adolescentes, para que pudieran acceder a la educación e información sobre su salud sexual y reproductiva y, con ello, decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad de una manera responsable y libre de violencia.
A propósito de la alarmante cifra de embarazos tempranos en el país (17.6 por ciento de las gestaciones corresponden a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad), la relatora de la Comisión de los Derechos de los Niños de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, llamó al Estado mexicano a no limitar esfuerzos en educación y servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes.
DEUDA CON LA INFANCIA MIGRANTE
Si bien la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue reconocida por la CIDH en días recientes como un instrumento de vanguardia en materia de DH para la infancia, la Cámara de Diputados dejó fuera de la discusión a la población infantil migrante, tema en el que la relatora Rosa María Ortiz hizo otro llamado al Estado para frenar su detención.
Organizaciones civiles como Sin Fronteras y el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) han puntualizado en diversos informes que la detención en Estaciones Migratorias o instancias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de niñas, niños y adolescentes migrantes viola sus DH, porque no existen en ellos condiciones dignas de subsistencia y privan de la libertad a una persona que no cometió ningún crimen.
Estas y otras organizaciones insistieron a la Cámara de Diputados y al Senado que revaloren la situación de las y los niños migrantes mexicanos y extranjeros, para que el interés superior de la niñez sea prioridad en los trámites de regularización y se impida su detención.
