México, D.F. “Diversas son las razones por las cuales niños, niñas y jóvenes en México se encuentran hoy en día viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo el sistema de albergues en el país presenta fallas que urge corregir ante el alza de niños que requieren de la atención de este tipo de organismos”, arguyó el Senador de la República, David Monreal Ávila.
Al presentar una iniciativa de ley para regular el sistema de albergues en el país y que se garantice el respeto irrestricto a los derechos de los menores, Monreal Ávila precisó que según datos emitidos en un reporte del SNDIF hablan de que en el año 2011 se contaba con el registro de 18,216 menores institucionalizados; para el año 2013 esta cifra se incrementó en 41%, pasando a representar cerca de 25,700 menores.
Dijo que la situación se agrava al no contar con un padrón confiable del número de albergues que operan en el país, ante esta situación, el pasado 22 de julio, el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), exhortó al gobierno mexicano a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños.
De acuerdo con información del SNDIF, actualmente existen registrados 922 albergues, de los cuales 805 son privados y 117 públicos, mismos a los que se les destinaron en este año 39,912,500 pesos como apoyo.
El senador advirtió que la situación de los albergues, sobre todo el de los privados, es delicada, pues operan con los recursos con los que cuentan, y los gobiernos estatales y municipales ejercen una supervisión deficiente sobre su forma de operar, además, es notorio el precario destino de recursos por parte de las autoridades federales a este tipo de establecimientos.
El modelo de los albergues en México se encuentra en una situación crítica, aseveró el legislador federal, pues ni los establecimientos públicos ni privados se encuentran cumpliendo con su fin principal, el de dar estancia temporal a menores y reintegrarlos a un nuevo hogar.
Se puede observar que el Estado no proporciona recursos económicos, y poco es su interés por supervisarlos; dejando en indefensión a las niñas y niños en los albergues, en los cuales nunca se sabe el método educativo, los aportes o los daños y menos sí son reintegrados a sus propias familias o a unas sustitutas.
Lo anterior, puntualizó, permite entender la actual realidad de los albergues que acogen en México a niños y niñas y jóvenes huérfanos o en situación vulnerable, las carencias en la regulación y supervisión del Estado y que generalmente propician y sientan las bases para que se produzcan violaciones importantes a los derechos humanos de los menores.
Es de extrema urgencia para el Estado, llevar un registro oficial sobre estos centros, para contar con información detallada sobre del lugar en el que se encuentran, quienes están a cargo, la metodología de trabajo, entre otros aspectos, de tal manera que el Estado cuente con las herramientas necesarias para supervisar y regular este tipo de sitios.
Una vez establecida la normatividad vigente que promueve y protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, es fundamental recordar que diversas han sido las situaciones concretas que se han presentado en la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a menores de edad de asistencia social.
Casos sobre irregularidades en albergues sobran. En el año 2008, 15 menores de edad fueron sustraídos de la casa hogar «Casitas del Sur.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en enero de 2009 cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, de donde 126 menores fueron rescatados.
Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia ciudadana en la que se «narraba el tráfico de menores de edad de la casa hogar “Casitas del Sur”, así como hechos similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC), en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita”, en Cancún”.
En el presente año, el 17 de junio las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.
Este mismo año, el caso de “Mamá Rosa” evidenció mediante una orden de cateo, al ingresó del albergue, un cúmulo de numerosas y graves irregularidades, corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraban viviendo los albergados, principalmente menores de edad.
En este último caso, la PGR ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves en contra de menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores.
Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos.
Por ello es necesario que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto, y haga valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar a cabo acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues, orfanatos o en cualquier otro espacio de asistencia social, de tal manera que logren su incorporación a una vida plena y productiva.
“Derivado de lo anterior someto a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 56 de la Ley General de Asistencia Social; y por el que se modifican los artículos 7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, finalizó.
