Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- La violencia sexual es la que más padecen las mujeres migrantes en tránsito, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual llamó al Estado mexicano a proteger la vida de las personas migrantes y activistas.
La CIDH presentó hoy en esta capital su informe “Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, en el que evidencia las agresiones que padecieron de 2008 a 2013 migrantes y activistas que defienden los derechos de esta población.
Felipe González, relator de los Derechos de los Migrantes y segundo vicepresidente de la CIDH, detalló que México tiene aún muchos retos en materia migratoria, ya que –según documentó el organismo– las violaciones a las garantías humanitarias “mantienen un cuadro grave y persistente”.
Estas violaciones ocurren con mayor frecuencia contra poblaciones específicas, dijo el relator, entre ellos mujeres, adolescentes y niñas, quienes son víctimas de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, por parte de delincuentes y servidores públicos.
De acuerdo con el reporte, basado en audiencias públicas y una visita de trabajo de la Relatoría de los Derechos de los Migrantes de la CIDH a México en 2011, las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de algún delito mientras están en el país, en comparación con sus pares varones.
La violencia sexual contra las migrantes, según el documento, llega a tal punto que en países de Centroamérica es común que las mujeres se inyecten un anticonceptivo conocido como Depo-provera antes de iniciar su recorrido, para evitar embarazos en caso de sufrir una violación sexual.
Además, muchas de las mujeres que brindaron su testimonio al relator manifestaron que fueron sometidas frecuentemente a violaciones y abusos sexuales durante el tiempo que estuvieron secuestradas o privadas de su libertad.
Uno de los testimonios es el de una pareja que presenció cómo un grupo de mujeres fueron violadas por varios hombres tras un asalto al tren de carga conocido como “La Bestia”; no obstante, según el informe, en la mayoría de estos casos ellas no denuncian por miedo a ser deportadas o por estigmas sociales que las responsabilizan de haber provocado la agresión.
Otro botón de muestra es el caso de una menor de edad hondureña que fue agredida sexualmente por el delegado local del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique, Tabasco, hecho que derivó en la Recomendación 54/12 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que advirtió que la dependencia no protegió la vida de la niña.
Sin embargo, de acuerdo con el documento de la CIDH, algunos agentes del INM implicados en la agresión siguen laborando y vinculados con el instituto. Lo más crítico de la situación es que no existen cifras de los delitos cometidos contra las migrantes por razón de género.
Por esto, el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) propone en su informe que se incorpore la perspectiva de género al análisis de la situación de las personas migrantes, así como en la elaboración de políticas públicas que contribuyan a combatir la discriminación, la explotación y el abuso del cual son víctimas.
OTRAS VIOLACIONES
La CIDH documentó otros riesgos a la vida y seguridad personal de las y los migrantes y activistas, como homicidios, secuestros, desapariciones, violencia sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, discriminación y detención migratoria sin garantías procesales ni protección judicial.
Las mayores violaciones a Derechos Humanos (DH), explicó el relator, se cometen en las estaciones migratorias del INM, donde las y los migrantes incluso tienen menos derechos frente a los tribunales de justicia que quienes cometieron algún delito.
La CIDH llamó al gobierno mexicano a implementar las medidas legislativas reformadas a favor de las y los migrantes –único avance del Estado que celebró el organismo–, y mejorar la efectividad de las mismas.
También instó al Estado a desarrollar mecanismos de control administrativo y jurídico del quehacer de funcionarios, en especial los del INM.
Así como asegurar el involucramiento de las organizaciones civiles en la elaboración del marco normativo al respecto, y no impedir su labor de monitoreo y seguimiento de la situación de las personas migrantes.
Del mismo modo, la CIDH pidió garantizar de manera urgente medidas cautelares y de prevención para que las y los defensores de DH de personas migrantes puedan realizar de manera segura su labor.
También llamó a que la detención de personas migrantes en estaciones migratorias sea sólo excepcional y no rutinaria, ya que esto limita la libertad de las personas que no cometieron ningún delito, sobre todo en el caso de niñas, niños y adolescentes que no viajan acompañados.
Felipe González agregó la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso, regular la estancia por plazos razonados, y no perpetuar una lógica carcelaria en las estaciones migratorias.
Asimismo, el Estado mexicano, dijo, debe desarrollar políticas migratorias integrales que fortalezcan a las instituciones y no a los centros de detención, y debe garantizar el derecho de las personas migrantes a solicitar el refugio o protección internacional sin discriminación.
El relator hizo énfasis en que detener estas violaciones no es un aspecto de recursos económicos o materiales, sino de voluntad política.
Y señaló que la respuesta del Estado mexicano ante “una de las principales tragedias humanitarias” ha sido insuficiente para prevenir, proteger, procesar, sancionar y reparar los delitos y violaciones a DH cometidos contra las personas migrantes y otras personas en contexto de movilidad humana en México.
Por otra parte, organizaciones civiles presentes le recordaron a la CIDH que hacen falta medidas para cuantificar a las personas migrantes desaparecidas, proteger a activistas en zonas de tránsito de difícil acceso, inhibir la estrategia de militarización y, principalmente, garantizar el cumplimiento efectivo de sus recomendaciones.
