Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI
Zacatecas, Zac.- Hace unas semanas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) acaparó la agenda. El gobierno federal detalló su plan sexenal para contrarrestar el problema de vivienda que existe en el país y se comprometió a construir un millón de viviendas de bajo costo, escriturar otro millón y mejorar las condiciones de habitabilidad de alrededor de 450 mil casas existentes.

Aunque faltan múltiples detalles, se adelantó la formación de una empresa constructora pública, pues el INFONAVIT será el Instituto encargado de edificar medio millón de viviendas (la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE harán el medio millón restante). Este objetivo busca beneficiar directamente a mujeres, jóvenes, población indígena y personas adultas mayores, a la par de generar empleos en la industria de la construcción.

Desde 1972, el INFONAVIT permite que las personas adquieran crédito para tener una vivienda propia, pagar una hipoteca o incluso comprar un terreno para construir. Gracias a un modelo tripartita donde participan las y los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, el INFONAVIT es fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la vivienda.

Dada la amplia cobertura y relevancia, la ciudadanía tiene dudas sobre cómo opera este Instituto, sus programas, mecanismos y resultados. El derecho de acceso a la información resulta un aliado para ello, pues permite interponer solicitudes de información directamente a las autoridades, incluído el INFONAVIT. Por ejemplo, en la Plataforma Nacional de Transparencia existen 28 mil 244 mil registros de solicitudes relacionadas con la dependencia.

Las personas requieren, por ejemplo: copias de las actas y minutas de las sesiones del Consejo de Administración del INFONAVIT; las políticas y reglas de crédito; recuperación de cuotas; situaciones crediticias personales; datos sobre hacinamiento; proyectos de arrendamiento; estrategias de gestión de suelo, entre otras cuestiones. Si el INFONAVIT no transparenta lo solicitado, las personas acuden al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que su derecho a saber sea garantizado.

En los últimos meses, desde mi Ponencia a mi cargo en el INAI hemos resuelto varios casos relacionados con el INFONAVIT. Gracias a nuestro trabajo, las personas pueden conocer los criterios utilizados por dicho Instituto para clasificar un crédito como “deuda impagable” y las opciones que existen para reestructurar una situación así.

También hemos resuelto asuntos sobre las autorizaciones para reclamar saldos de derechohabientes fallecidos y el manejo que hace el INFONAVIT de esos fondos. Mis colegas Comisionados han resuelto otros casos similares, por ejemplo, sobre cómo el INFONAVIT no debe negar a las y los derechohabientes la consulta de sus números de seguridad social, su histórico de aportaciones y la lista de patrones.

En pocas palabras, las personas acuden al INAI con la intención de que el INFONAVIT —así como cualquier autoridad federal— rinda cuentas y transparente su actuar. De la misma manera sucederá de concretarse la formación de una nueva empresa constructora pública.

Aprovecho para mencionar que en el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI damos asesorías sobre trámites relacionados con el INFONAVIT sobre acceso a la información y/o protección de datos personales. En el año 2023 se otorgaron 671 asesorías y 702 en lo que va de 2024.

Una sociedad más informada ejerce cada vez más sus derechos, entre ellos, el derecho a la vivienda.

@JulietDelrio