Zacatecas, Zac.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, en el tema del desalojo en la comunidad de Salaverna, a propósito del cual el diario La Jornada publica este jueves que se cayó en la falsificación de documentos oficiales, delito tipificado en el Código Penal, y que tendría como castigo la cárcel, reiteró que el organismo a su cargo realizó una investigación exhaustiva, imparcial y apegada a la legalidad que dio como resultado una recomendación emitida el 12 de junio de 2017, y que fue aceptada por el procurador general del estado, por el secretario de Seguridad Pública, pero no así por la Secretaría general de Gobierno.

En entrevista, refirió que la recomendación ha sido turnada a la Legislatura del estado a efecto de que los diputados citen a comparecer a la propia titular de la Secretaría General de Gobierno (Fabiola Torres Rodríguez), para que explique los motivos de su negativa.

Además, en cuanto a la presentación de partes informativos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), uno de falso y otro verdadero, es un asunto que se analiza con exhaustividad en la propia recomendación 03/2017 y se arriba a la conclusión de falta de probidad de esta funcionaria y que por lo tanto se quedó plenamente demostrado que quien encabezó los operativos fue ella, por lo que la recomendación recae particularmente en esta funcionaria, aseveró.

Así, se señaló de manera puntual en el instrumento recomendatorio, añadió, que corresponde a la propia Secretaria General de Gobierno y a las autoridades de Gobierno del Estado, iniciar los procedimientos administrativos y penales, en su caso, a efecto de deslindar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.

Ese es uno de los múltiples argumentos por los cuales se acreditó fehacientemente la violación a los derechos humanos, da la legalidad y seguridad jurídica de los pobladores de Salaverna por no contar específicamente con una orden de un juez para bloquear accesos de la comunidad, para realizar intromisiones en los domicilios, desalojar personas, bienes y enseres domésticos de los propios habitantes, pero también por la demolición de inmuebles, entre ellos viviendas, escuela y templo de la comunidad, todo ello sin orden de un juez, reiteró.

Esto es, no se tenían elementos fundados y motivados, por lo cual hay una vulneración evidente, prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, concatenados con los artículos de la Constitución local y demás leyes que de ellas emanan.

“Es evidente, público y notorio, la vulneración de los derechos humanos en el caso de Salaverna, que además, ha quedado videograbada por diversos medios de comunicación estatales e incluso nacionales; por lo tanto, la siguiente parte del procedimiento está en manos de los diputados, que es la comparecencia”.

Si persiste la negativa, advirtió la presidente de la CDHEZ, la Comisión habrá de seguir con el procedimiento que se marca en la propia ley, que es la presentación de las denuncias correspondientes.

Al preguntarle sobre la supuesta manipulación de evidencias y documentos en la que cayó, señaladas en un medio informativo, dijo que esas son “argucias irrisorias para tratar de ocultar un hecho a todas luces ilegal, arbitrario, y sobre todo, violatorio de derechos humanos por parte de personal adscrito a la Secretaría General de Gobierno que ha quedado públicamente demostrado”.

La presencia de maquinaria pesada y camionetas particulares el 23 de diciembre de 2016 da cuenta de que no se acudió por parte de la autoridad a notificar que tenían que desalojarse las viviendas, sino que ya se iba con la clara intención de desalojarlos y demoler las viviendas. Se ratifica y acredita plenamente que el acto realizado fue un acto ilegal que no tuvo fundamento jurídico, por lo que es violatorio de derechos humanos.

Por otra parte, informó que este jueves acudió a las instalaciones del teatro Fernando Calderón, sitio donde seis ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevan a cabo su huelga de hambre, con la finalidad de conocer la situación y la salud de las personas que se manifiestan de esta manera.

Del mismo modo, señaló que se le solicitó su intervención a efecto de que se les pueda proporcionar una ambulancia como organismo público, y se hizo la solicitud al titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), Gilberto Breña Cantú, quien ha autorizado una unidad, con la finalidad de salvaguardar la salud y la vida de los manifestantes.

Lo más importante para la CDHEZ, independientemente de los procesos que se llevan a cabo en la Universidad, es que se salvaguarde la salud y la vida, de manera que hizo un llamado a las autoridades universitarias y a las autoridades en general para que se entable el diálogo necesario para llegar a acuerdos inmediatos y que termine la huelga.

Es fundamental que las autoridades universitarias puedan encontrar un punto de equilibrio entre os manifestantes y ellas, aseveró.

Por otro lado, dio a conocer que hay dos procedimientos de queja instaurados en la Comisión, en las cuales se hacen las averiguaciones para integrar los respectivos expedientes. Se actúa, dijo, con apego a sus atribuciones y funciones.

No se trata de un tema que sólo tenga que ver con un asunto de protesta, sino que está trascendiendo, por lo que deben encontrarse los caminos para la conciliación. Es momento de que todos los universitarios diriman estas problemáticas en los espacios oportunos donde no se pongan en peligro la salud y la vida.

En el caso de Rolando Alvarado, quien presentó una queja por violentarse su derecho a la libertad de expresión, dijo Domínguez Campos que se está integrando y se pidieron los informes de autoridad tanto a la Rectoría como a las demás instancias universitarias. También habrá de realizarse un estudio técnico-jurídico de toda la controversia para determinar un resolutivo.