Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- El titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJEZ), Francisco Murillo Ruiseco reconoció que en lo que va del año, se han denunciado diez secuestros en la entidad, siete en enero y tres en lo que va de febrero.
En entrevista, dijo que es necesario distinguir que el secuestro es cuando se llevan a la persona y se pide un rescate de por medio a la familia. Otra situación es la privación ilegal de la libertad, esto es, cuando no hay de por medio un rescate, sino que se llevan a la persona y no está ubicada. También hay diferencia con la condición de “desaparecidos”.
Agregó que se ha estado atendiendo la problemática de los secuestros fortaleciendo la Unidad de Investigación desde el punto de vista tecnológico y de capacitación, en la búsqueda de identificar y desarticular a las bandas que están operando en la zona. Esto es parte del trabajo de inteligencia que se está realizando de manera permanente para tener éxito en esta situación, aseveró.
“Hay una ley que establece penas duras en la materia, y que aun así, con estas penas duras, no se ha inhibido la comisión de esta conducta, que impacta a la sociedad”, agregó Murillo Ruiseco.
Los secuestros se atienden cuando se denuncian, dijo el fiscal del estado e informó que el mes de enero se registraron siete en la entidad. Sin embargo, reconoció que existe una cifra negra que no se conoce y que fue parte del debate ante los legisladores el que la ciudadanía confíe en las instituciones para que se pueda actuar en consecuencia. En febrero van tres denuncias, y se llevan a cabo las averiguaciones pertinentes.
Todas las unidades anti secuestro a nivel nacional aplican el mismo modelo, y es la misma capacitación para todos en los últimos años. Hay protocolos que seguir, y muchas de las denuncias se tienen en proceso, dijo, pero sostuvo que no le gustaría generar alguna información extraordinaria para no poner en riesgo la vida de las víctimas.
Medios de comunicación y autoridades deben ser prudentes para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las víctimas, insistió.
Los ganaderos han dejado de confiar en la autoridad
Luego de su comparecencia ante legisladores locales, Murillo Ruiseco, destacó que se propuso una reforma al Código Penal en el delito de abigeato, tema en el que se ha hecho una revisión, y se hicieron algunas observaciones desde el punto de vista de la persecución del ilícito, las cuales se hicieron del conocimiento de los diputados.
Agregó que la propuesta es elevar la pena que se establece por el delito, debatiéndose el tema sobre las modificaciones a la iniciativa. El abigeato les duele mucho a las personas en el bolsillo, porque es una cuestión patrimonial, y es variable en sus consecuencias.
A los ganaderos que tienen hatos grandes y que les desaparecen las 20 o 30 cabezas de ganado sufren consecuencias en su patrimonio familiar, pero es difícil cuantificar cuánto es el impacto, dependiendo del tipo de ganado.
En 2015 se tuvieron 542 denuncias por este delito, en tanto que en 2016 se tuvo una cifra de 282, es decir, casi 50% menos, pero se siguen presentando. Además, hay que tomar en cuenta la cifra negra, y es posible que los ganaderos hayan dejado de confiar en la autoridad.
Ante ello, se implementó la Unidad anti Abigeato, en primer lugar, para que se actúe ante la desconfianza, y para combatir el delito. A los diputados se les hizo la observación de que se pongan las calificativas en el Código Penal (conductas que pueden agravar el delito) y tener penas más elevadas. Esto estará sujeto a que los legisladores lo debatan y aprueben, en su momento.
Además, la conducta equiparada, que es muy importante para no generar una laguna cuando se cometen ciertas conductas que quedan sin sanción, como cuando el animal es destazado en el cerro, ahora no se contempla esa conducta, sino que se considera sólo como daño, no abigeato.
A pregunta expresa de cuántos grupos de la delincuencia organizada están operando en la entidad, el procurador señaló que fundamentalmente la problemática se tiene entre dos grupos, que son quienes se disputan mayormente la presencia en el estado.
