La situación legal del aborto provoca discriminación jurídica para las mujeres
Por: Alicia Mendoza
SemMéxico.- A sus 24 años, Ana eligió interrumpir un embarazo no deseado. Cuando recibió el resultado positivo de sus análisis tenía claro que ella deseaba continuar con sus estudios y no casarse ni tener hijos. Tenía dos semanas de retraso en su periodo menstrual, por sus amigas sabía que podía ir a una clínica de aborto legal en la Ciudad de México y fue.
El embarazo no planeado, como el de Ana, es el motivo principal por el cual las mujeres recurren a un aborto en el país.
El Instituto Guttmacher estima que la mitad de los embarazos no planeados en México terminan con aborto inducido a pesar de las restricciones legales en 31 estados de País, con excepción de la Ciudad de México.
Un análisis del instituto Guttmacher estimó en el 2009 que el 54 por ciento del total de embarazos no planeados en México se resolvían mediante un aborto inducido y que cada año en el país ocurren 71 embarazos no planeados por cada mil mujeres en edad reproductiva.
Esto se traduce, indica, en alrededor de un millón de abortos inducidos cada año, lo que representa una tasa estimada de 38 abortos por mil mujeres de 15 a 44 años.
Para el Instituto Guttmacher el 36 por ciento de las mujeres que tienen abortos inducidos desarrollan complicaciones que requieren atención médica y son las mujeres que viven en entornos rurales y pobres las que representan la proporción más alta, 45 por ciento, con complicaciones asociadas al aborto.
Afirma que una de cada cuatro mujeres mexicanas que sufren complicaciones no reciben la debida atención médica lo que pone en grave riesgo su salud y su vida.
Pero no en todo el país sucede lo mismo.
De acuerdo con las leyes locales, además de la violación que está despenalizado en todo el país, las otras causales que permiten autorizar un aborto son: si el aborto fue imprudencial o culposo (en 29 estados), si el embarazo implica peligro de muerte para la mujer (en 24 estados), afectación grave a la salud de la mujer (14 estados), alteraciones genéticas en el producto (16 entidades), inseminación artificial no consentida (13 estados) y causas económicas (dos estados).
Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046-SSA-2005 (NOM 046) en todos los estados del país el servicio de interrupción del embarazo está considerado como una medida de atención médica de emergencia para las mujeres víctimas de violación sexual. Y con la reciente modificación a la norma, febrero de este año, que elimina la autorización de un juez, las mujeres tienen el derecho de recibir el servicio de aborto sin ningún requisito.
Estas legislaciones viven bajo asedio permanente, lo mismo que las mujeres.
En el informe “Niñas y mujeres sin justicia”, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documenta que del 2008 al 2016, 18 entidades federativas han reformado sus constituciones para proteger la vida desde la concepción.
“(Estas modificaciones) tienen la intención de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto”, señala GIRE en el informe.
“Han contribuido a promover un clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de servicios de salud, de procuración de justicia y las propias mujeres sobre la legalidad del aborto en los supuestos establecidos por la ley”.
Para GIRE estas reformas han fomentado que algunas mujeres sean acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio.
Según el informe entre agosto de 2012 a diciembre 2013, hubo 625 denuncias por aborto, 75 juicios penales por el delito de aborto, 29 sentencias por el delito de aborto, además de 13 casos de personas en prisión preventiva y nueve en prisión definitiva.
La situación legal del aborto, de acuerdo con GIRE provoca discriminación jurídica para las mujeres.
“Las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia en México”, señala la organización.
Por su parte, Amnistía Internacional también ha documentado cómo en México la falta de procedimientos adecuados o su incumplimiento obstaculiza el acceso a servicios de aborto, aún en casos de violación o cuando la vida de la mujer corre peligro.
Verónica Cruz, directora de Las Libres en Guanajuato, aseguró que si bien se ha reglamentado la obligación del Estado de garantizar el aborto en casos de violación, esto no se traduce en la práctica.
“Todos los días hay casos de mujeres y niñas a quienes se les niega el aborto por violación. Se supondría que eso debió superarse y que hay un consenso social de aceptación muy alto de aborto en casos de violación.
“Sin embargo, la mayoría de las mujeres sigue sin saber que es un derecho y aquí hay un trabajo del Estado y de nosotras de estar informando a las mujeres”, señaló.
Cuando es legal
Un total 164 mil 939 mujeres han optado por la interrupción legal del embarazo desde que se aprobó en el 2007 en la Ciudad de México, de acuerdo con los datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México.
GIRE explica que las restricciones normativas y la falta de acceso al aborto en los estados obligan a muchas mujeres a viajar a la Ciudad de México.
Sin embargo, la penalización del aborto a nivel nacional no impide su práctica, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI, de enero de 2009 a septiembre de 2014 hubo un total de tres millones 520 mil 978 abortos en mujeres de 15 a 49 años de edad.
A nivel internacional, México se encuentra por arriba del promedio mundial en la tasa de abortos, pues la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México más reciente reporta 33 abortos por cada mil embarazos, mientras que el promedio en el mundo es 29 por cada mil, los cual indica que el aborto es un problema de salud pública urgente de resolver para mejorar la vida de las mujeres.
Por ello, es significativo el dato de que a finales de 2015 habrían muerto en todo el mundo 303 mil mujeres durante el embarazo, el parto o después del parto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La misma organización destaca que todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y que la mayoría de ellas podrían haberse evitado con información y eliminando los obstáculos para el acceso a servicios de salud en todos los niveles del sistema sanitario.
En México la muerte materna es de 38.2 cifra por encima de la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización Naciones Unidas (ONU) hace 16 años, que es de 22.1.
De esta cifra, el 8.9 por ciento corresponden al aborto, la cuarta causa de muerte materna en el país, dice GIRE.
En noviembre de 2015, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030, una hoja de ruta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales tienen como meta erradicar las muertes evitables de mujeres, niños y niñas y adolescentes.
El punto número 5 del ODS se propone lograr para el año 2030 erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, para lo cual los países deben tomar medidas urgentes a fin de revertir la tendencia al crecimiento de la cifra de embarazo y maternidades infantil.
Para Amnistía Internacional despenalizar el aborto en la región es un imperativo de derechos humanos.
“Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de mujeres, jóvenes y adolescentes.
“Para cumplir esta obligación, los Estados deben proveer de todas las herramientas necesarias para que mujeres, jóvenes y adolescentes puedan evitar embarazos no deseados.
“Las mujeres tienen el derecho a decidir si quieren ser madres o no y cuándo quieren serlo. Asimismo, los Estados no pueden obligar a alguien a practicarse un aborto, así como no pueden amenazar con cárcel u otras penas a quienes lo practiquen; poniendo sus derechos en riesgo”, afirma AI.
En tanto, para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, en términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para el CLADEM, la reacción de los gobiernos de Estados latinoamericanos ante el problema de embarazo forzado de niñas, como sucede con el mexicano, va del silencio a la indiferencia, lo que deja a las niñas en la impunidad, sin poder acceder a su derecho al aborto legal.
Frente a esta coyuntura y por el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora el 28 de septiembre, Las Libres, GIRE, IPAS México, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, CLADEM México, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras organizaciones, y como parte de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, realizarán un acto político cultural en el Zócalo de la Ciudad de México este miércoles 28 de septiembre.
