Por: Anayeli García Martínez

Imagen: Cortesía TEPJF

Cimacnoticias | México, DF.- Después de contabilizar 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, elaboró el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Como el Poder Legislativo –integrado por 212 diputadas federales de un total de 500 curules, y 46 senadoras de un total de 218– se ha dilatado para estipular la violencia política de género en la ley, diversos organismos oficiales presentaron hoy un protocolo para prevenir y atender a las víctimas de conductas violentas durante procesos electorales o en el ámbito político.

“La violencia política de género –según la definición del protocolo– son todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Durante la presentación, en la sede del TEPJF, la magistrada electoral María del Carmen Alanís Figueroa explicó que en las elecciones de 2015 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), documentó 38 casos de violencia política de género, pero advirtió que no son todos, pues hay casos que no se denuncian.

Ante la falta de una ley al respecto y de cara a los comicios en 13 entidades en junio próximo, el protocolo establece que la violencia política de género puede ser desde registrar a las mujeres como candidatas en distritos perdedores; inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión en campañas; u obstaculizar su participación en las elecciones regidas por “usos y costumbres”.

Como ejemplo, Alanís Figueroa citó casos que fueron públicos el año pasado, como el que ocurrió en Hermosillo, Sonora, donde aparecieron dos mantas con mensajes misóginos; una de las cuales decía: “las mujeres como las escopetas: cargadas y en el rincón”, aludiendo al estereotipo de que una mujer no debe involucrarse en asuntos políticos.

Otro hecho de violencia se perpetró en marzo de 2015 en el municipio de Centro, donde se asienta Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, donde la candidata a la alcaldía por la coalición PRI-PVEM-Panal, Liliana Madrigal Méndez, fue víctima de agresiones porque apareció una manta en la que con groserías se llamaba a no votar por ella.

En febrero pasado, la síndica del municipio guerrerense de Pungarabato, Rosalva Rendón Andrade, se vio obligada a renunciar al cargo y es que al parecer un grupo criminal que ya la había amenazado, la obligó a solicitar licencia por tiempo indefinido luego de que el 28 de enero su esposo fue secuestrado.

Como ejemplo de las amenazas, la magistrada y también representante de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), destacó que el pasado 25 de febrero la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, recibió una corona fúnebre con la leyenda “descansa en paz”.

Alanís Figueroa expresó que el protocolo busca facilitar la identificación de la violencia y la coordinación entre las distintas instancias para tomar acciones, por ejemplo, suspender la candidatura de un agresor; aunque aseguró que siguen pendientes políticas públicas y un marco jurídico que resuelvan los obstáculos que enfrentan las mujeres para ser candidatas o ejercer cargos públicos.

Con esta herramienta se busca facilitar la coordinación entre el TEPJF, la FEPADE, el Instituto Nacional Electoral (INE), la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

El presidente del TEPJF, Constancio Carrasco, dijo que este protocolo –que explica qué es la violencia política, quiénes son las víctimas y qué instituciones pueden brindar atención– responde a la violencia que viven miles de mexicanas, y que puede llegar al homicidio como en el caso de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, asesinada el pasado 2 de enero, un día después de asumir el cargo.

El magistrado consideró que con esta herramienta cada dependencia y organismo actuarán desde el ámbito de sus competencias, y podrán tomar acciones para resguardar a las mujeres, tales como ordenar medidas de protección.

El magistrado coincidió con Alanís Figueroa en que aún es un reto llevar este tema al ámbito penal a fin de tipificar la conducta, que advirtió, es muy parecida al feminicidio, para así tener un marco legal que responda a la violencia en el ámbito político y participación pública.

Con información de www.cimacnoticias.com.mx