Por: Rafael Maya Barradas
Foto: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Comisión Interamericana denuncia la negligencia, impunidad y discriminación que afrontan las mexicanas, ante inacción del Estado para dar justicia.
Sobre las graves violaciones humanitarias contra las mujeres, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es lapidario contra México: negligencia, revictimización, ineficacia en investigaciones, discriminación y estigmatización hacia las víctimas, son sólo algunas fallas que el mecanismo documenta respecto al sistema judicial de nuestro país.
El informe “Situación de los Derechos Humanos en México” es tan contundente que equivale a una nueva condena contra el Estado, tal y como la que dictó en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, crímenes que persisten y siguen en la mira de la CIDH.
El reporte de la Comisión remarca el incumplimiento de México de esa sentencia de la CoIDH, ya que la violencia de género no sólo se ha exacerbado en todo el país, sino que prevalece la impunidad en crímenes como feminicidio, violencia intrafamiliar, desapariciones forzadas, tortura sexual y violaciones.
EL FANTASMA DE JUÁREZ
En su informe, la CIDH destaca que ha dado seguimiento a la desaparición de mujeres en México desde hace varios años. Asienta que los casos de desaparición y desaparición forzada de mujeres y niñas suceden en diversas áreas del país, “lo que ha generado alarma entre la sociedad civil, como puede observarse con solicitudes de declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) en diferentes entidades”.
Las cifras que brinda la Comisión son de escalofrío: 7 mil 60 mujeres desaparecidas o extraviadas desde 2011, según información actualizada al 30 de abril de 2015, en materia del fuero común. Tamaulipas y el Estado de México (donde se declaró la AVG en 2015) son las entidades que concentran el mayor número de desapariciones, con 1,170 y 1,007, respectivamente.
En tanto, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta el 30 de junio de 2015 la cifra de casos de mujeres desaparecidas o extraviadas en el fuero federal asciende a 125. De este total, 33 desaparecieron en Guerrero, 17 en Veracruz, 16 en el Edomex, 15 en Tamaulipas, 14 en el DF, y cuatro en Chihuahua.
La CIDH subraya que, como lo verificó en el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez –que derivó en la sentencia por la desaparición y asesinato de tres mujeres–, persiste aún “un problema serio en el registro de mujeres y niñas desaparecidas así como en la investigación, justicia y prevención de desapariciones de mujeres”.
La Comisión expresa su “profunda preocupación” por la falta de avances en las investigaciones sobre las desapariciones de mujeres, así como por la “profunda brecha entre la normativa y las políticas públicas adoptadas, y la realidad que viven las mujeres cotidianamente”.
La CIDH recibió información que indica que, aún después de la sentencia de Campo Algodonero, muchos aspectos de la investigación en casos de muertes y desapariciones de mujeres no toman en cuenta la perspectiva de género, abunda la instancia.
Va más allá: advierte que cuando se implica a funcionarios en hechos posiblemente delictivos, éstos mayormente no son indagados. Añade que el cumplimiento de esta obligación implica también que el personal judicial que recibe las denuncias “tenga la capacidad y sensibilidad para comprender la violencia contra las mujeres, así como la voluntad de actuar inmediatamente”.
Según información de la CIDH –asentada en el reporte–, cerca de 90 por ciento de las mujeres víctimas de violencia en Chihuahua son menores de 18 años de edad.
Declaración 01 prueba
AVG FALLIDA
La Comisión apunta que las mexicanas continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los varones.
Para colmo, la CIDH critica la influencia de patrones socioculturales discriminatorios que afectan la investigación de un caso y la evaluación de evidencias, con lo que –advierte– “es crucial no aplicar y no permitir la aplicación de estereotipos que se centren en el carácter de la víctima en lugar que en el delito”.
Al retomar cifras del Inegi, el informe muestra un porcentaje más alto de mujeres víctimas frente a hombres víctimas en los delitos de violación simple (82 por ciento); trata (81 por ciento); abuso sexual (79 por ciento), y violencia intrafamiliar (79 por ciento).
En cuanto al feminicidio, la CIDH refiere las cifras oficiales que establecen que entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas a diario en México. En 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100 mil.
Retoma también los registros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), según los cuales mil 235 mujeres fueron asesinadas entre enero de 2010 y junio de 2011. El mayor número de casos se registraron en el Edomex (320), Tamaulipas (169) y Sinaloa (168), y la mayoría de las víctimas (41 por ciento) tenían entre 11 y 30 años de edad.
Pero la cifra se disparó. De acuerdo con el OCNF, entre enero de 2012 y diciembre de 2013 fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres, y sólo 15.75 por ciento (613) de los casos fueron investigados como feminicidio. La mayoría de ellos quedan impunes.
Y pese a esta grave situación de violencia y ataques contra la vida e integridad de las mexicanas, la CIDH lamenta “que fue hasta 2015 que se emitieron las únicas dos AVG existentes hasta la fecha en el país” (de 15 solicitadas por grupos civiles). Así, la Comisión destaca las dificultades enfrentadas por la sociedad civil y las negativas de las autoridades para emitir las AVG.
“ESTADO RESPONSABLE”
La CIDH expone también la “información preocupante” sobre la utilización de la tortura sexual y tortura de género por parte de agentes del Estado. Destaca que en noviembre de 2014, grupos civiles publicaron un informe para denunciar la existencia de una práctica de violencia física y psicológica, específicamente de tortura sexual, en contra de mujeres que son atacadas y/o detenidas por la policía, militares o marinos.
Ejemplo de ello –resalta la CIDH– son los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo (violentadas sexualmente por soldados en 2002), por los que la CoIDH también condenó al Estado mexicano.
“El Estado es responsable de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia”, concluye la Comisión.
Con información de www.cimacnoticias.com.mx
