- En 2016 se renovarán mil 353 autoridades en 13 entidades del país
- Urgen medidas inmediatas y de emergencia, en tanto no exista una ley
Por: Sara Lovera
SemMéxico. D.F.- La magistrada Carmen Alanís Figueroa propuso elaborar cuanto antes un protocolo de diez acciones inmediatas y de emergencia para garantizar la seguridad de las candidatas que participarán en las elecciones de 2016, en que se renovarán mil 353 autoridades estatales, municipales y los congresos locales en 13 entidades del país.
La propuesta que involucra a siete instituciones relacionadas con el poder judicial, el aparato electoral y encargadas de la igualdad de las mujeres, fue hecha pública en la edición de este domingo del suplemento Todas, del Instituto Nacional de las Mujeres y que se encarta en el diario Milenio .
Alanís Figueroa, ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e integrante de Mujeres en Plural, advierte que antes de esperar una legislación específica sobre violencia política, su propuesta busca dar garantías efectivas a las candidatas, quienes sean víctimas de la violencia política deberán recibir atención inmediata. Ello evitará que sufran daños personales, al tiempo de proteger a sus familias y personas cercanas que colaboran en sus campañas.
Su propuesta involucra, igualmente, vigilar la responsabilidad de los medios de comunicación; propone una cruzada de capacitación para el funcionariado que sea designado de poner en marcha las medidas de emergencia. Una fundamental son las medidas de protección. “El acceso a la justicia es la principal responsabilidad de quienes forman parte del poder judicial”, dice.
Las medidas de emergencia, señala, son necesarias porque aún no se cuenta con una legislación sobre la violencia política contra las mujeres y se requieren tomando en cuenta los hechos de 2015.
Para 2016 cada partido debe presentar al menos a 676 candidatas, unas siete mil mujeres estarán en riesgo, más aquellas que formarán parte de las planillas municipales, en sentido horizontal y vertical, como lo señalan las jurisprudencias del TEPJF.
Este diciembre ya han comenzado los procesos y en enero los partidos políticos empezarán a discutir la selección de candidaturas. Es por ello que se instaló un observatorio nacional de participación política, y otros, como recientemente en el estado de Veracruz, donde habrá renovación de gubernatura y 50 diputaciones, 30 de mayoría y 20 de representación proporcional.
En Zacatecas, la ley electoral interna, analizada por la suprema Corte, obliga a los partidos políticos a cumplir con la paridad, no obstante, según el Grupo Plural de Zacatecas, no quedó clara la paridad horizontal; en el mismo sentido hay huecos en la legislación electoral de Quintana Roo y las reacciones de los partidos, como en 2015, o las omisiones jurídicas ya podrían provocar los primeros brotes de violencia política contra las mujeres.
Protocolo urgente
El protocolo que propone Alanís Figueroa es de diez acciones inmediatas y de emergencia que en su opinión deberá ser elaborado y llevado a cabo por siete instituciones: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE); la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM); la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas FEVIMTRA).
En su estructuración deberán colaborar dos organizaciones de la sociedad civil involucradas en estos temas y dos académicas con trayectoria en cuestiones relacionadas con violencia, género y derechos político-electorales.
Opina la magistrada, también experta mexicana en la Convenció Belém Do Pará, que este protocolo deberá diseñarse con enfoque de género e interculturalidad; con documentos semejantes en cada uno de los estados de la República.
Un documento sencillo y manejable en el que se establezcan conceptos generales y deberes de las autoridades. Además, deberá incluir una lista de verificación que permita a dichas autoridades constatar que están atendiendo adecuadamente el problema de violencia que se les presenta.
En función de los casos de agresión, hostigamiento, violación a los derechos electorales, como sucedió en más de 30 casos en 2015, la magistrada señala que a este protocolo deberían sumarse otras medidas encaminadas a la documentación, recopilación y análisis de información sobre casos de violencia política; campañas para aumentar la conciencia pública sobre el problema y las consecuencias que genera, así como acciones de difusión para combatir los estereotipos discriminadores sobre las mujeres en política.
Capacitación
Alanís Figueroa considera que es fundamental proteger a aquellas mujeres que ven mermado el ejercicio de sus derechos político electorales por una acción violenta, al tiempo de facilitar que las autoridades detecten este tipo de violencia y, finalmente, generar la adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer efectivos los derechos de las mujeres.
El marco que fundamenta su propuesta, dice la magistrada Alanís, mejorará las condiciones para los procesos electorales y el ejercicio del cargo por parte de las mujeres.
