Cimacnoticias | México, DF.- Inexistente en la ley, tal práctica de reproducción asistida abre el debate sobre garantizar derechos de las mujeres o penalizar a rajatabla su ejercicio.

En un tema nebuloso, complejo, sin datos oficiales, testimonios y rodeado de moralina, legisladoras federales debaten si prohíben o regulan la práctica médica denominada maternidad subrogada, término hasta ahora inexistente en la Ley General de Salud (LGS).

Se confrontan dos posturas: por un lado, la que pretende criminalizar a quienes incurran en esa práctica (mujeres gestantes, parejas que no pueden tener hijas e hijos, y el personal médico); y por otro, la de quienes buscan regular en la normatividad esta técnica de reproducción asistida, en aras de garantizar derechos y castigar abusos.

TEMA COMPLEJO

La maternidad o gestación subrogada se define como una práctica de reproducción asistida que consiste en la transferencia de embriones humanos en una mujer, producto de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide de dos personas que aportan su material genético. En otras palabras, una mujer presta o renta su vientre para la gestación de un producto que no es suyo.

En México no hay datos ni estadísticas oficiales de esa práctica, pero a decir de senadoras, es algo que “ocurre hoy en día”.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización civil defensora de los derechos sexuales y reproductivos– establece en su estudio “Reproducción asistida”  que en el país 1.5 millones de parejas tienen problemas de infertilidad.

Por lo que –advierte– “el problema de infertilidad en México es una cuestión de salud pública de gran magnitud y que la reproducción asistida es una necesidad, pero no existe normativa que regule específicamente esos servicios, lo que implica que se prestan bajo la regulación general que aplica a todos los establecimientos de salud, y sin una verificación sanitaria adecuada que proteja los derechos, la seguridad y la integridad física de las personas que se someten a este tipo de tratamientos”.

Entre 2008 y 2012 se presentaron en el Congreso de la Unión ocho iniciativas de reforma a la LGS que contemplaban la maternidad subrogada, o que pretendían crear leyes de Reproducción Asistida y de Subrogación Gestacional, pero sin que hasta ahora ninguna haya sido debatida a profundidad y mucho menos aprobada.

La mayoría de las propuestas –principalmente las de PAN y PRI– impulsan la prohibición de la maternidad subrogada, y sólo pretenden regular “ciertas técnicas de reproducción asistida” (como la inseminación artificial y la fertilización “in vitro”), para “tutelar la vida desde la concepción”; es decir, las iniciativas llevan incluso la intención velada de criminalizar el derecho al aborto.

Según GIRE –en su mismo análisis–, los proyectos presentados usan “conceptos contrarios a la ciencia médica y a la regulación vigente”, además de que pretenden excluir de la reproducción asistida a personas solteras y a las parejas del mismo sexo.

A nivel federal, México no cuenta con alguna regulación en maternidad subrogada, la cual –consideran grupos civiles– sólo podría estar estipulada en la LGS.

Únicamente en Tabasco, el artículo 92 de su Código Civil reconoce el caso de “hijos nacidos como resultado de una madre gestante”, pero no regula los términos de contratación, ni las reglas y modalidades bajo las que debe realizarse.

DEBATE

La senadora del PRI Mely Romero Celis presentó el pasado 13 de octubre una iniciativa para reformar la LGS, a fin de penalizar completamente, y no regular, la maternidad subrogada.

La propuesta –turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos– es “prohibir en el cuerpo de la mujer la gestación por sustitución (…), además de imponer una sanción de seis a 17 años de prisión y una multa de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo a las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución”.

Aunque reconoce que en México no hay datos que permitan dimensionar el problema, la legisladora explica que su propuesta se basa en experiencias de países como Tailandia y la India, donde –sostiene– “hay explotación de mujeres con fines reproductivos y conflictos legales derivados del alquiler de vientres”.

Las consecuencias de la maternidad subrogada son “tan graves” –afirma Romero Celis– que en México debe prohibirse por completo, a fin de prevenir casos en los que las mujeres sean encerradas en granjas y obligadas a prestar sus vientres.

La senadora subraya que todas las personas, incluyendo a las mujeres gestantes y las que no puedan tener descendencia, deben ser sancionadas por igual si están involucradas en esta práctica, pero que no debe castigarse a las eventuales víctimas de trata, que contra su voluntad incurran en lo que sería un delito. No obstante, la priista acepta que no incluyó esta acotación en su iniciativa.

La priista apunta que su propuesta no pretende evitar que las parejas del mismo sexo accedan a este recurso reproductivo, pero advierte que le preocupa que al permitir la adopción de estas parejas “no se piense en el desarrollo pleno del niño, ni en el interés superior de la infancia”.

En contraste, la senadora de Movimiento Ciudadano Marta Tagle, también integrante de la Comisión de Salud, aclara que la visión prohibicionista no soluciona de fondo la posible explotación de mujeres con fines reproductivos.

La feminista precisa que la prohibición de la maternidad subrogada criminalizaría a las mujeres, aunque hay más implicados en el tema, como serían los laboratorios y las agencias de contratación. “Penalizar va a generar que se haga de manera clandestina, en condiciones de mayor complicación, y es lo que se está dando hoy: que la contratación de vientres siga dándose fuera de la ley”, alerta.

Tagle sostiene que el tema debe discutirse con información científica y apegada a Derechos Humanos, y se pronuncia por una regulación que proteja el derecho a decidir de las mujeres, y no tengan que firmar contratos que atenten contra su voluntad, y que cuenten con los servicios de salud adecuados.

Destaca que en el Senado está pendiente de dictamen una iniciativa de la priista Cristina Díaz, quien propone la regulación de la reproducción asistida para que “se garantice el derecho de las personas a procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo”. Además plantea una Norma Oficial Mexicana en la materia.