Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- A casi dos meses de que finalice este 2015, las jornaleras del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California (BC) –que iniciaron un movimiento por la defensa de sus derechos laborales desde marzo pasado–, siguen con bajos salarios y afrontando abusos laborales.
En agosto pasado –tras múltiples reuniones con las y los jornaleros de San Quintín–, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) emitió un comunicado en el que aseguraba que ya habría entregado a trabajadores y promotores la “categorización de empresas”, que contenía la clasificación y el aumento salarial que cada centro de trabajo agrícola, dependiendo sus niveles de producción, debía asignar a su personal.
Si bien esa secretaría se reunió después varias veces con algunos jornaleros para revisar la clasificación, a dos meses de este acuerdo las trabajadoras agrícolas reciben los mismos salarios precarios (menores a 100 pesos diarios) que tenían al inicio del año cuando se movilizaron por mejoras laborales, precisó Lucila Hernández, líder comunitaria en San Quintín que participó como vocera del movimiento jornalero.
La también activista señaló que incluso persisten algunos abusos laborales que las instancias de gobierno que defienden los Derechos Humanos y laborales en el Valle “sí están atendiendo, pero no completamente como nos gustaría”.
Lucila Hernández relató que recientemente acompañó a denunciar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) en San Quintín a una trabajadora del rancho Los Pinos, a quien presuntamente se le negó el pago correspondiente a seis meses de incapacidad como consecuencia de un accidente laboral que le inmovilizó su pierna.
En atención a esa denuncia, tres semanas después la empresa fue obligada a pagar 10 mil pesos de indemnización y a permitir que la trabajadora se pensionara.
El vocero del movimiento jornalero, Fidel Sánchez Gabriel, explicó vía telefónica que desde que la STyPS entregó el catálogo de empresas, las y los funcionarios de esta secretaría, así como de la de Gobernación, se han reunido con él y otros jornaleros para trabajar sobre algunos detalles de este catálogo.
No obstante –aseguró el activista– en el último mes no se ha dado continuidad al proyecto porque las reuniones de trabajo son canceladas o postergadas por los funcionarios, pero principalmente porque el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, le pidió que esperara en solidaridad “con los hermanos de la costa del Pacífico”, que supuestamente serían devastados por el huracán “Patricia”, por lo que aún no hay fecha para un nuevo encuentro y mucho menos para que el aumento salarial se ejecute.
El jornalero explicó que si bien la STyPS no ha hecho público el informe sobre el número de inspecciones que ha realizado en los centros de trabajo desde que se comprometió a eso en mayo pasado, la subsecretaria estatal del Trabajo de BC, Juana Laura Pérez Florian, aseguró en una comparecencia reciente ante el Congreso local que ya se realizaron 47 inspecciones y se asignó –sin precisar nombre de la empresa– una sanción económica de 2 millones de pesos.
Margarita Amalia Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena en San Quintín, informó a esta agencia que en septiembre pasado la organización atendió y acompañó jurídicamente a una jornalera que habría sido despedida de un rancho agrícola –del que se omitió nombre– por presentar un embarazo, pero bajo el pretexto de que el trabajo se había acabado.
Sin embargo, los siguientes días la mujer supo que el rancho seguía en operaciones e incluso vio pasar el autobús de transporte, por lo que se dio cuenta que había sido engañada.
En compensación, la Profedet en Ensenada estableció que se le pagara una indemnización de 9 mil pesos por despido injustificado.
Cruz también explicó que durante diciembre el trabajo es prácticamente nulo en los campos agrícolas del Valle, por lo que la mayoría de las y los jornaleros no son llamados a trabajar a los centros agrícolas y, por tanto, no perciben ingresos.
