Por: Anaiz Zamora Márquez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- En plena crisis humanitaria en México, delegados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas obligan a su personal capacitado a renunciar, para colocar a personas sin experiencia.
En México, donde las víctimas de desaparición forzada, feminicidio y homicidio se cuentan por miles, la dependencia creada para representarlas está rebasada en capacidades, y además violenta a su personal.
Según testimonios recopilados por Cimacnoticias, a nivel estatal, representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –dependencia con un presupuesto por más de 800 millones de pesos (mdp) para atender a las víctimas y ofendidos de los delitos– hostigan a sus propias trabajadoras para obligarlas a presentar su renuncia.
Una empleada de la CEAV en Monterrey –a cargo de la comisionada Cindy Patricia Brito Ramírez– fue presionada desde agosto pasado para que presentara su renuncia antes de septiembre, y así su plaza fuera asignada a otra persona sin experiencia, presuntamente relacionada con Carlos Rodolfo López Kramsky, coordinador general de delegaciones.
En un audio que una de las compañeras de esta trabajadora proporcionó a esta agencia bajo la condición de anonimato, se escucha una conversación en la que presuntamente intervienen Brito Ramírez y la empleada, quien labora como abogada de la CEAV. En el diálogo, una voz que sería de la comisionada presiona a la trabajadora a renunciar.
“Lo de tu renuncia necesitamos finiquitarlo ya. Me habló ahorita el doctor Carlos (López Kramsky) y me dijo que si firmas la renuncia se te va a indemnizar (…), y si no haremos rescisión de contrato y sin ninguna indemnización”, se aprecia en la grabación.
Prosigue: “Yo soy tu superior general y créeme que estamos haciendo las cosas como mejor creemos que deben hacerse, pero yo honestamente en esta delegación a mí no me sirves como abogada, te soy sincera”.
Según la trabajadora de la CEAV que brindó el audio, la abogada de Monterrey dejó de laborar en septiembre y anteriormente a cinco trabajadores más (entre mujeres y hombres) ya se les había solicitado su renuncia.
El pasado 25 de agosto, tres personas de la delegación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas –a cargo de la comisionada Mirla Beatriz Cabrera Sánchez–, se quejaron por escrito con Sergio Jaime Rochin del Rincón, comisionado presidente de la CEAV, por una serie de abusos que cometió la titular contra el personal y las usuarias.
En un oficio –del que Cimacnoticias tiene copia– relatan que se les presionaba para trabajar horas extras en horario nocturno, e incluso después de haber realizado jornadas intensas de atención a víctimas se les obligaba a atender labores exclusivas de la comisionada, y se les humillaba con expresiones como “tú no existes para la delegación”.
Las y los trabajadores (dos mujeres y un varón) denunciaron que Mirla Cabrera hace uso personal del automóvil a disposición de la delegación de la CEAV y de los montos para gasolina, además de que limita el uso de papel higiénico y otros enseres para después llevarlos a su casa.
También hicieron constar que la delegada mantiene un trato “poco sensible” con las víctimas, y que incluso se negó a recibir a dos mujeres que habían viajado desde muy lejos.
Como resultado de la queja, las personas que la firmaron fueron enviadas a una delegación en otro estado, por lo que tuvieron que presentar casi inmediatamente su renuncia.
A decir de otra trabajadora de la CEAV en Yucatán, y que esta semana se reunió con personal de otras delegaciones, la situación se repite en su estado, en Guerrero y el DF.
“Están poniendo a gente que nada tiene que ver con atención a víctimas, como economistas; pensamos que todas y todos estamos en riesgo, pero como están metiendo gente sin experiencia nos van a utilizar unos dos o tres meses hasta que ya no nos necesiten”, advirtió.
REVICTIMIZACIÓN A OFENDIDAS
La ola de renuncias en la CEAV ha propiciado una revictimización de las miles de personas que atiende, pues quedan abandonadas en los procesos y seguimientos de sus casos.
En enero pasado se publicó el protocolo para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (que asciende a 805 mdp), por lo que muchas víctimas que fueron registradas por la extinta Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima) pasaron al menos cuatro años sin hacer efectivo su derecho a la reparación del daño.
Es el caso de “Guadalupe”, una usuaria de la CEAV que en 2011 enfrentó el asesinato de su hijo de 27 años a manos de soldados en Tabasco.
En entrevista, relató que desde hace meses ella tiene que leer y recopilar sola el expediente de 11 tomos de la PGR –que está lleno de irregularidades– sobre el caso de su hijo.
Ello porque el primer abogado que se le asignó, de la Ciudad de México, fue presionado para que renunciara a la CEAV un año después de estarla asesorando. Luego se le asignaron nuevas psicólogas y abogados que le dieron poco seguimiento a su caso. Hace un año se le canalizó a la delegación de Tuxtla Gutiérrez, donde otra vez se quedó sin asistencia.
En una reunión antes de finalizar 2014, la comisionada de la delegación en Tuxtla se reunió con la mujer para prometerle que ya no habría más cambios; pero las personas que se asignaron entonces para su atención eran precisamente los tres trabajadores que presentaron la queja en Chiapas, por lo que se le explicó que le tendrán que asignar un nuevo abogado.
“De qué me sirve otro abogado, tendría que leer día y noche todos los tomos para que él se enterara cómo está el asunto. Estoy muy decepcionada de todas las autoridades, llámense como se llamen, porque ya son cinco años y yo no he podido hacer nada. Ahora esto que me hace la institución no se vale; de qué me sirve otro abogado, eso sería como volver a empezar”, recriminó “Guadalupe”.
Para atender al creciente número de víctimas de la violencia y el delito, en septiembre de 2011 el Ejecutivo federal expidió el decreto para crear Províctima, cuyas facultades eran asesorar, proteger y defender los derechos de estas personas.
En enero de 2013, con la promulgación de la Ley General de Víctimas, Províctima pasó a ser la CEAV, que inició funciones en enero de 2014 y carece de facultades para emitir recomendaciones a dependencias federales. Su principal función es impulsar la creación de políticas públicas a favor de las víctimas.
La CEAV determina la procedencia o no de las solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas. Según información de este órgano, hasta julio pasado se incorporaron al registro seis mil personas.
