Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se comprometió a vigilar que se cumplan los acuerdos que ayer lograron las y los jornaleros de San Quintín, con el gobierno federal y de Baja California (BC), entre los que destacan la creación de un fideicomiso para construir un hospital de especialidades y guarderías, y detectar casos de violencia sexual.
La CNDH dijo hoy en un comunicado que envió al sexto visitador Jorge Ulises Carmona Tinoco como observador en la reunión de este miércoles 13 de mayo, en el municipio de Ensenada en BC y que duró 15 horas, en la que se dio respuesta a los planteamientos del movimiento jornalero.
Tras su participación, la CNDH se comprometió a vigilar que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas en condiciones de pobreza, lo que incluso equiparó con una situación de “esclavitud moderna”.
La Comisión también informó que con independencia de los acuerdos logrados ayer, se continuará la presencia de visitadores en la zona, quienes llegaron a San Quintín por la investigación que mantiene abierta la dependencia desde marzo pasado, por “detenciones y malos tratos” por parte de la policía municipal.
El organismo detalló que su personal visitó a jornaleras y jornaleros, entrevistó a distintas autoridades, y documentó la situación de las personas heridas y detenidas tras los hechos violentos de los pasados 17 de marzo y 9 de mayo, para determinar si existieron violaciones a los Derechos Humanos (DH).
Como parte de este proceso, la CNDH señaló que el 9 de mayo se solicitó la adopción de medidas cautelares, y se requirió información a las autoridades presuntamente involucradas en el enfrentamiento con las y los jornaleros.
Las dependencias comprometidas a rendir información fueron el gobierno de BC, la presidencia municipal de Ensenada, las secretarías del Trabajo y Previsión Social estatal y federal, la Policía Municipal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Procuraduría General de la República.
La CNDH, según el comunicado, permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución procedente.
El organismo nacional no pasó por alto las fianzas de millones de pesos que el gobierno de BC impuso a tres jornaleros detenidos durante el enfrentamiento del pasado 9 de mayo, y en este punto indicó que los montos deben revisarse, ya que “se aprecian notoriamente desproporcionadas”.
El conflicto laboral en el campo agrícola en San Quintín estalló con un paro de labores el pasado 17 de marzo, lo que derivó en un acto represivo que dejó decenas de personas heridas y detenidas.
Aunque se exigió la intervención del gobierno federal con sendas movilizaciones, que derivaron en un enfrentamiento con la policía estatal, las autoridades se comprometieron apenas ayer a crear un fideicomiso para la construcción de un hospital de especialidades, así como guarderías, e inspeccionar los centros de trabajo para detectar y castigar casos de violencia sexual contra las trabajadoras.
