Agenda Política
Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-Hasta ahora por parte del gobierno del estado de Guerrero, así como del Instituto Nacional Electoral, sólo ha habido comunicados para condenar la privación de la libertad a Salvador Basurto Espinobarros, Vocal Ejecutivo del Distrito Electoral 05 en aquella región, junto con dos de sus colaboradores, el pasado 4 de abril, por parte de un grupo de manifestantes que se identificaron como miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Cual aderezo, el gobierno estatal además expresa en su boletín que “intervino oportunamente” para liberar a las personas detenidas, y ponerlas bajo resguardo, contrastando con las versiones en los medios locales y nacionales, quienes detallaron que el Vocal Ejecutivo, y otro de sus colaboradores, lograron escapar del Palacio Municipal de Tlapa (tomado desde el 17 de octubre del año pasado por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, en reclamo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), donde fueron llevados para mantenerlos en confinación.
Alberto Lirio, el otro asistente del Vocal Ejecutivo, fue alcanzado por los cetegistas, quienes lo mantuvieron bajo caución en el auditorio del Ayuntamiento, por lo que se inició una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República, por el delito de privación ilegal de la libertad de este funcionario electoral.
El conflicto no tiene trazas nuevas. El mismo modus operandi de los normalistas los ha llevado a clausurar la Junta Distrital 05 del INE, en ocasiones anteriores. La más reciente, el mismo día que cerraron carreteras, oficinas gubernamentales, de procuración de justicia, centros comerciales, instituciones educativas, y finalmente, su objetivo primordial, distintas presidencias municipales (entre ellas la de Tlapa), aquel octubre en que las protestas de los docentes la Coordinadora se encontró en uno de sus puntos más álgidos, nutridas por los tropiezos en las investigaciones alrededor del caso Ayotzinapa.
Tampoco es la primera vez que los cetegistas de Tlapa privan de la libertad a funcionarios públicos. El pasado 5 de Diciembre detuvieron al diputado perredista guerrerense Daniel Esteban González, sin posibilidad de negociar su liberación debido a que el acuerdo establecido en el MPG era retener a 43 diputados, entre locales y federales, 43 presidentes municipales y 43 policías federales, el equivalente a los estudiantes desaparecidos, como forma de presión a los distintos niveles de gobierno por su (según su versión) participación en el multihomicidio en Ayotzinapa.
Hace un mes (6 de Marzo) también impidieron un acto de campaña del candidato a gobernador del partido Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, al bloquear el acceso al salón donde realizaba una reunión con simpatizantes de la región de la Montaña alta de Guerrero. El candidato habría accedido al recinto por una entrada alterna, mientras que el dirigente estatal de su partido, César Núñez Ramos, se enfrentaba con los inconformes quienes exigían -como lo dieron a conocer desde hace meses y lo volvieron a dejar en claro con la detención de los funcionarios electorales del INE- la no realización de las elecciones en ese municipio, y en todo el estado.
A principios del mes de Abril, diarios de circulación local y nacional difundieron un reporte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero en el que se registraron los vínculos del MPG y CETEG, con grupos subversivos ligados al Ejército Popular Revolucionario (EPR), al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), de acuerdo a inteligencia recabada por el gobierno de Guerrero, días después del asesinato de estudiantes normalistas.
En el informe se advierten posibles acciones de “radicalización” del magisterio, en confluencia con organizaciones sociales, maestros disidentes, sindicatos, estudiantes normalistas, padres de familia y policías comunitarias, para detener la reforma educativa, y generar una palanca de presión para la entrega de plazas a sus docentes agremiados. La cereza del pastel son los datos que alertan sobre un posible “desvíos de recursos” del gobierno federal y/o estatal, que el MPG distribuye entre sus frentes políticos y organizaciones subversivas.
La inteligencia viene a respaldar información que ya se conocía en el medio político y periodístico, pero que no ha sido corroborada oficialmente por el costo político que implica su aceptación.
Es importante que la autoridad electoral entienda que el contexto de fragilidad y conflicto en que se encuentra la sociedad de Guerrero, es en parte por el deterioro del estado derecho en que han vivido desde hace años.
No es un ataque frontal por parte de las organizaciones insurgentes en Guerrero en contra del INE. Es la atmósfera de un álgido conflicto que llevan meses gestando en contra del Estado, y previene una jornada electoral limitada.
Momentos de cautela. No hay condiciones para realizar elecciones en algunos municipios de Guerrero, pues no depende de la autoridad electoral ofertar en una elección la estabilidad política perdida ahí años atrás.
