A dos años de que la SCJN atrajo el caso y a casi cinco años del asesinato de Mariana Lima, por unanimidad de votos la Primera Sala otorgó el amparo directo 534/2013 a Irinea Buendía, madre de la joven, y con el cual se ordena a la PGJEM vuelva a investigar los hechos, que en todo momento fueron indagados como “suicidio”, aunque había pruebas de que Mariana había sido víctima de violencia por parte de su pareja.

En el proyecto de resolución de amparo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expresó: “La justicia de la unión ampara y protege a Irinea Buendía Cortez”.

Al someterse a votación el proyecto, la ministra Olga Sánchez  Cordero tomó la palabra para decir que la resolución es de la “mayor trascendencia”, en virtud de que penaliza la cultura de la violencia en contra de las mujeres y pone de manifiesto la necesidad y urgencia de modificar los patrones que vulneran y violentan a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

Sánchez Cordero agregó que la resolución también señala el impacto negativo que tiene en el acceso a la justicia la mala actuación de quienes deben procurar justicia en este tipo de averiguaciones previas, que no se han realizado desde una perspectiva de género.

“Este es el mejor regalo que mi hija pudo haber recibido el día de su cumpleaños, si estuviera con nosotros (hoy) cumpliría 34 años”, dijo con los ojos llorosos Irinea Buendía, quien vio así materializada su ardua exigencia de justicia y señaló que la SCJN se comportó a la altura de los estándares de DH.

De acuerdo con Buendía Cortez, este es un “fallo histórico” pues ayudará a que todos los casos de feminicidio sean investigados de manera adecuada y se acceda a la justicia.

“Así decimos que ya es suficiente lo que los misóginos han hecho con nuestras mujeres, cualquier mexicana puede estar en el caso de mi hija”, subrayó Irinea.

En declaraciones a Cimacnoticias, la ahora defensora de DH agradeció el apoyo que ha recibido desde diferentes sectores, y dijo que ahora más que nunca seguirá dando la batalla por acceder a la justicia, pues la lucha aún no ha terminado.

“Es como si ahora empezáramos de cero, porque con esta resolución ya tengo herramientas para reclamar en el Estado de México que mi hija necesita dos cosas: justicia y justicia, y ahora sí los ministerios públicos no me podrán decir que no se puede”, advirtió.

Rodolfo Domínguez, representante legal del caso, explicó que los efectos de este amparo mandatan a la PGJEM a investigar nuevamente la muerte de Mariana como un probable feminicidio. Además de que se le obliga a reconocer las “terribles omisiones y negligencias que habían llevado este caso a la impunidad”.

LLEGÓ LA HORA

Mariana Lima Buendía, joven de 25 años de edad y abogada de profesión, fue asesinada en 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, presuntamente por el agente judicial Julio César Hernández Ballinas, su entonces esposo, quien denunció esta muerte como un “suicidio”. (Cimacnoticias 7 de febrero de 2012)

Pese a que para entonces ya estaba vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como un Protocolo de actuación para la investigación del homicidio desde la perspectiva de género en el Edomex (publicado en abril de 2010), la muerte violenta de Mariana no fue investigada como posible feminicidio.

Con base en las pruebas testimoniales del policía judicial (que trabajaba en las oficinas donde inició la denuncia), las autoridades locales determinaron que se trató de un “suicidio”, pues Hernández Ballinas en su declaración dijo que había encontrado a la joven “colgada” de una viga en su habitación, aunque el cuerpo estaba en la cama, a decir de Irinea.

Pese a la denuncia interpuesta por Irinea Buendía, y sin tomar en cuenta los antecedentes de violencia de género padecida por Mariana a manos de su pareja –razón por la cual había decidido abandonarlo–, se dictó el no ejercicio de la acción penal en contra de Hernández Ballinas.

Pero gracias a la insistencia de Irinea Buendía el caso pasó por varias instancias judiciales, incluyendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio de la entidad, y por varias solicitudes de amparo ante jueces de distrito del Edomex, aunque en ninguna se consiguió que se investigara el caso como feminicidio.

El crimen fue finalmente atraído por la Primera Sala de la SCJN en 2013 al considerar que el caso reunía los requisitos de “importancia y trascendencia”.

APOYO CIUDADANO

Previo la sesión de hoy de la Primera Sala, 100 integrantes de universidades y centros de investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM), El Colegio de México (Colmex), la Universidad Iberoamericana (UIA), el ITAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Colegio de la Frontera Norte (Colef), entre otras instancias académicas, enviaron a la y los ministros una carta para manifestar la importancia de que se hiciera justicia en un caso que consideraban “emblemático”.

Académicas como la doctora Lucía Melgar Palacios y la maestra Cynthia Galicia expusieron las irregularidades cometidas durante la investigación del caso, y la forma en que estas actuaciones iban en contra de lo estipulado en las leyes mexicanas y diversos tratados internacionales.

Enfatizaron que el caso es “emblemático de la situación de violencia de género y violencia feminicida” que enfrentan las mexicanas, así como de la omisión de las autoridades judiciales estatales ante formas de violencia que afectan específicamente a las mujeres, en el Edomex en particular y en el país en general.

Las y los académicos recordaron que el pueblo mexicano tenía la confianza de que los ministros y la ministra de la Primera Sala de la SCJN serían garantes de la Constitución, de las leyes y del marco nacional e internacional de DH, y en particular de los derechos de las mujeres.

El próximo viernes se tiene prevista una manifestación en Toluca, capital del Estado de México, para llevar a la entidad el reclamo de que la resolución de la SCJN sea acatada en breve.

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