Agenda Política
Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-Después de haberse promulgado la Reforma en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el pasado 7 de febrero de 2014, correspondía al legislador aprobar una Ley General de Transparencia (donde a su vez se compendien el Acceso a la Información, y la Protección de Datos Personales y Archivos) en un plazo fatal posterior a un año de la puesta en vigencia de los cambios constitucionales.
Han pasado ya 17 días después de la fecha indicada en los transitorios de la reforma, y en el Senado se vive un intenso cabildeo por parte del Gobierno Federal en vox de su Consejero Jurídico, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y Organizaciones Civiles (Artículo 19, Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, Colectivo por la Transparencia, México Infórmate, entre otros), para incidir de manera trascendente en los ordenamientos de la nueva normatividad.
Está en juego la viabilidad de los órganos garantes de tutelar el derecho de acceso a la información, ya que los alcances de sus facultades podrían ser cristalizados en sanciones a sujetos obligados que no cumplan con las disposiciones efectivas, o bien -la premisa contraria- se marcarían límites graves al ejercicio del derecho ciudadano protegido por dicha ley al desincentivar el flujo de información por razones de “seguridad nacional”, reservas por causal de “estabilidad económica”, y la imposibilidad de publicar información relacionada con derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y con esa especie de régimen especial en que se ha convertido la explotación de hidrocarburos en México.
Si bien las reservas son una manera de fomentar la discrecionalidad de los márgenes de acción de los gobiernos, en el terreno competente a la Ley de Seguridad Nacional, la lucha del IFAI para reducir los privilegios sobre aquella información lleva más de una década. Desde 2004 –un año antes de la aprobación de esta otra ley- el llamado contundente a no dar inmunidad al tema que la normatividad de transparencia ya disponía, concluyó en la modificación de disposiciones emitidas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de 2002.
Durante el análisis de la Ley de Seguridad en 2004, el IFAI cuestionaba que en la nueva normatividad “se genera[ba] una problemática ante una definición tan confusa del término seguridad nacional o amenaza a la seguridad nacional si se considera que cualquier información generada por las dependencias y entidades de la administración pública federal podría encuadrar en dichos supuestos y permanecer con carácter de reservada hasta por 30 años, con lo cual el proyecto de apertura y transparencia puede verse afectado significativamente.”
Hoy nuevamente los órganos garantes, en paralelo con organizaciones de la sociedad civil, presionan sobre el punto, argumentando que: “Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información. Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero.”
Al mismo tiempo, los comisionados del órgano federal piden que las reservas que planteen los sujetos obligados sean sustentadas a partir de “justificaciones razonadas”. En cuestión de seguridad nacional, incluso han pedido que se especifique aquellos casos en que la autoridad podrá reservarse información aludiendo la causal controvertida. Todo ello para ponderar que efectivamente el interés legítimo para resguardar información sea de mayor relevancia (y que se evite el probable “daño” que la publicación de información genere), que el bien público que exige la máxima publicidad.
En Zacatecas, el debate debe de seguirse de cerca. En la mesa de discusión de la Ley General de Transparencia por aprobarse se impulsa la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, integrado por la instancia federal, los órganos estatales, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Auditoría Superior de la Federación, y el Archivo General de la Nación; como estructura que le garantice a la transparencia la jerarquía legal que en ciertas reservas carece.
La nueva composición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, por concretarse el día de mañana con la toma de protesta de la ex contralora estatal, y doctora en Administración Pública, Norma Julieta del Río Venegas, le otorga un momento oportuno al órgano local para vincularse de inmediato a la discusión nacional.
La ahora comisionada prevé, además, profundizar en temas puntuales como la profesionalización de los servidores públicos encargados de las Unidades de Enlace de la CEAIP, así como el trabajo coordinado con el IFAI y organizaciones civiles de corte nacional, actores fundamentales en la defensa de la máxima publicidad.
