Fotos: Misael Camarillo / MIRADOR

En conferencia de prensa realizada este viernes, ex oficiales de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV), denunciaron supuestos actos de corrupción por parte de Agustín Jaime Ortiz Arellano, titular de esta dependencia, así como incumplimiento en el pago del finiquito para elementos cesados de la corporación.

El despido fue derivado de la aplicación de exámenes de control y confianza, procedimiento que, señalaron, en sus casos se realizó de manera irregular, ya que tiene una caducidad de ocho meses y a ellos se les aplicó hace más de dos años y cuatro meses.

Entre las irregularidades que atribuyen al director se encuentran usurpación de funciones, tráfico de influencias, represalias, amenazas y un probable atentado ocurrido aproximadamente 12 meses, perpetrado contra José Guadalupe Hernández Vázquez, uno de los denunciantes‎.

“Se me pegó una camioneta negra y me sacó de la carretera”, dijo en sus propias palabras el aludido, agregando que el suceso se registró el 7 de febrero de 2014 cuando circulaba de Jerez hacia la capital del estado. Este hecho, advirtió, fue posterior a que su hermano, el ex comandante Alfredo Hernández Vázquez, quien fuera subdirector de la corporación, realizara un paro de labores en octubre de 2013. Asimismo, enfatizó Guadalupe Hernández, pudo ser resultado de una confrontación con el hijo del director, pues “el muchacho nos amenazó”. De todos estos incidentes interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, agregó.

Además, fue claro al afirmar: “voy a hablar con toda responsabilidad; si nos llega a pasar algo a mi hermano Alfredo Hernández, a mi familia, a mis compañeros que están aquí, si nos llega a pasar algo, lo voy a decir, aunque me corran, es, sobre Fernando, el chofer del gobernador y sobre el director de Tránsito. Sobre de ellos la responsabilidad porque son muchas amenazas las que hemos recibido”.

Guadalupe Hernández Vázquez, quien aún es oficial de la corporación de vialidad, dijo que el chofer del gobernador Alonso Reyes, es conocido en la DTTyV como el «Comandante Fernando», cuyo nombre es Fernando Martínez, al parecer por el poder que ejerce al interior de la dependencia.

Señalaron que aun cuando es la Secretaría de Seguridad Pública Federal la encargada de la aplicación de los exámenes de control de confianza, se hizo evidente la intervención de Arellano Ortiz al enviar ésta una lista que incluía a Alfredo Hernández para perjudicarlo, en la que aparecían también otros nombres de efectivos que no debieron ser despedidos. “A la gente de su contentillo la tiene trabajando ahí y los que verdaderamente estamos trabajando para servir al pueblo nos echa para afuera”, manifestó el también ex oficial Raúl Torres Almeida.

A manera de prueba de que se trata de anomías explicó que el director anunció a los medios informativos que en su corporación no hubo reprobados en la evaluación de control de confianza. “Él lo declaró, las pruebas no mienten”.

Expusieron que casualmente de los 12 oficiales despedidos presuntamente por no haber acreditado las evaluaciones, 10 participaron en el paro convocado por el ex comandante Alfredo Hernández.

Respecto a las irregularidades supuestamente efectuadas por Jaime Ortiz, señalaron que cobra porcentajes a las empresas de grúas privadas luego que éstas retiran de la vía pública unidades que deberían trasladar elementos de Tránsito, además de que es propietario de 2 camiones que dan servicio de transporte de empleados de la Minera Peñasquito y que trabajan con una prestanombres.

Asimismo, expusieron que expide «permisos experimentales» a discreción, mismos que aunque los elementos de pie a tierra reportan a sus superiores como vencidos, incluso de años, mismos que sólo tienen vigencia de 6 meses, y reciben la indicación de dejar a los portadores sin penalización. En este sentido, dijeron que es facultad única del Ejecutivo expedirlos, por lo que se caería en usurpación de funciones.

Del mismo modo, hicieron referencia a la denuncia al parecer presentada por concesionarios de Villa García y Loreto ante instancias oficiales, donde manifiestan abiertamente su inconformidad contra la emisión de 7 de esos “permisos experimentales” otorgados por Ortiz Arellano. Presentaron fotografías con supuestas placas de circulación con las que transitan unidades y que no corresponden a las destinadas al servicio público.

Por su parte, Raúl Torres Almeida evidenció que luego de ofrecer sus servicios a la corporación por 28 años, haber recibido dos heridas de bala y ser víctima de un accidente, fue cesado por no acreditara las evaluaciones, que, por lo demás, no se les permite ver de manera que no pueden verificar los resultados. Agregó que en su expediente aparece una renuncia voluntaria falsa, misma que fue validada aún su firma, y por lo que se le reconocen solamente 4 años de trabajo.

Carlos Alberto Flores, dijo en su momento, que luego de haberse firmado el convenio de finiquito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego de que no se respetara, solicitaba su pago o la reinstalación en sus funciones, ya que afirma que no reprobó el examen de control de confianza.

«Queremos que mi señor gobernador nos voltee a ver‎», dijeron, añadiendo que su dicho fue expuesto también ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde se aplicó al director únicamente una amonestación. Lanzaron una convocatoria al procurador de Justicia, Arturo Nahle García, para que se avoque a dar seguimiento a las querellas presentadas.

Finalmente, señalaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos incurrió en omisión en sus funciones, ya que no ha atendido las quejas que fueron presentadas ante el organismo.