Agenda Política
Gabriel Contreras Velázquez.
Y no está preocupado porque prefiere estar indignado. Los posicionamientos insistentes del “líder” estatal del partido, José Olvera Acevedo, donde acusa a grupos políticos de buscar “desestabilizar” y “descarrilar” al gobierno del amigo Peña Nieto, sólo incrementan la línea de choque con quien se ponga en frente. Ni siquiera hay actores identificados en su discurso, ni información que sustente la sospecha.
Si acaso podrían concluirse algunos perfiles identificables, mismos que pueden variar dependiendo de la lectura que cada quien le dé, lo de Olvera no es nada nuevo: copiar la retórica presidencial -en estos días algo encharcada de desesperación- como muestra de apoyo, lealtad y disciplina, y mantenerse al margen de la crisis de manera políticamente correcta.
Lo mismo sucedió en el proceso reformador que emprendió el ejecutivo nacional. Los costos y las críticas de los cambios legales fueron azuzados replicando lo que agentes políticos nacionales argumentaban. No hubo una estrategia local (ni del primer priista del estado, ni de los demás) para contener, de manera original y prudente, los razonamientos contrarios que provenían no sólo de los partidos opositores, sino de los grupos de interés que fueron trastocados por el Pacto por México.
A eso hay que agregar que la indignación que manifiesta abiertamente Olvera en sus mensajes, no logra empapar al cúmulo de la estructura a la que se supone que guía, después de un proceso muy atropellado de renovación de comités ejecutivos municipales. La estructura priista es endeble, y la adopción de células partidistas que otrora eran apoyo fundamental del partido en algunos municipios, son, por ahora, cooptados por el Verde Ecologista.
No son tiempos para el PRI de suponerse tan fortalecido como para salir bien librado del bache, una vez que se encuentren con o sin vida a los estudiantes desaparecidos.
Ahora bien, del lado de la protesta ciudadana, la indignación es suficiente para hurtar una y otra vez la agenda presidencial, pero carece de objetivos futuros de mayor trascendencia. El movimiento que comenzaría con una masa importante de estudiantes en la calle, ha logrado incluir (fundamental) a distintos sectores de la sociedad mexicana, y están utilizando las redes sociales como canal de comunicación preferido. Hasta ahí bien.
Sin embargo, la profundidad y el alcance del problema que vive la nación en su conjunto son de dimensiones rebosantes. Estamos hablando de evidencias de corrupción que tocan al cuerpo de gobierno en sus distintos márgenes. Preocupante cuando la impunidad se convierte en la ley a cuidar, más que el ejercicio responsable de las funciones y la transparencia de las mismas.
La licitación del tren suburbano Querétaro – Ciudad de México, la Casa Blanca, y más recientemente el Hangar Presidencial, obras exclusivas de la misma constructora, con beneficios multimillonarios ¿y la sociedad pidiendo la renuncia del presidente? ¿Acaso no deberían exigir primero una rendición de cuentas total satisfactoria, poner a trabajar a las instituciones encargadas de transparentar y fiscalizar (a las que también hay que revisar), y hasta entonces dar un veredicto con sanciones ejemplares?
La ciudadanía está desperdiciando un momento único en la historia de la nación, en el cual podría empujar un cambio sustancial en el funcionamiento distorsionado de sus instituciones. Todo para salir a las calles y pedir justicia y legalidad, sin entender que lo que se necesita es un cambio en los engranajes de la clase política en su totalidad.
No hay una movilización que imponga a sus propias instituciones un tribunal especializado en casos de corrupción de los funcionarios públicos, donde de manera paralela partidos y representantes de la sociedad tutelen las investigaciones sobre el cuantioso conjunto de irregularidades que son denunciadas con periodicidad en los medios de comunicación.
No es necesaria una revolución, y no hay las condiciones suficientes para que tal escenario surja. Mucho menos cuando lo que se cuestiona es el exceso de violencia en diversos espacios de la vida diaria en el país.
Lo único que debe de empujar el conjunto de la sociedad es una exigencia plural por el funcionamiento adecuado de las instituciones. Demandar un estado de derecho estricto, funcional, con las sanciones correspondientes. En ello coincide de manera admirable y a la vez pasmosa, el secretario de Educación, Vinicio Flores, en un espacio de lucidez en su pesado paso por la función pública en este sexenio, cuando dice que necesitamos revisar las instituciones que evidentemente no están funcionando. Y no sólo revisarlas, recomponerlas y darles legitimidad. O sea, investigaciones satisfactorias y sanciones efectivas.
Mientras la sociedad siga esperando resultados de la protesta sin mutar los objetivos a donde dirige su indignación, el momentum en que se encuentra el país podría desvanecerse sin dejar transformaciones importantes.
Usted qué preferiría ¿que el presidente renuncie o que se finquen responsabilidades correspondientes? Para ello las instituciones deben reconstituir su status quo.
