Aspecto del Foro Internacional “Refugios para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar. Impactos, logros y retos para su institucionalización” | CIMACFoto: César Martínez López
Albergues para mujeres carecen de recursos y apoyo oficial
Cimacnoticias | México, DF.-Los refugios para mujeres víctimas de violencia representan un espacio de protección, y una herramienta para acceder al Derecho Humano (DH) a vivir sin violencia, pero aún no son institucionalizados como una política pública, dijeron activistas y funcionarias.
A partir de hoy y hasta este viernes 14 de noviembre, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en esta capital, se lleva a cabo el Foro Internacional “Refugios para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar. Impactos, logros y retos para su institucionalización”, con el objetivo de impulsar la permanencia, presupuesto y autonomía de estos albergues.
Como parte de la conmemoración por el 15 aniversario de la Red Nacional de Refugios (RNR), directoras y representantes de albergues y de refugios nacionales e internacionales, se reunieron para evidenciar las buenas prácticas en estos espacios, así como los obstáculos y retos que persisten para que formen parte de las políticas públicas.
Pese a que estos centros brindan un espacio seguro para las mujeres víctimas de violencia, no existe un presupuesto etiquetado de manera específica para su funcionamiento, y dependen de los montos asignados –previa convocatoria pública– a los Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia (CAER), por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), de la Secretaría de Salud (Ss).
Durante la inauguración del foro, Aurora del Río Zolezzi, directora adjunta de Equidad de Género del CNEGySR, señaló la urgencia de expandir los esfuerzos que realizan estos espacios, ya que se estima que una de cada mil mujeres vivirá violencia extrema en algún momento de su vida.
Lo que se traduce –dijo– en que alrededor de 30 mil mexicanas al año enfrentan violencia extrema que puede poner en riesgo su vida y su salud.
Del Río Zolezzi informó que en los espacios que tienen el reconocimiento de la Ss apenas se logra dar atención a dos mil mujeres al año.
La RNR está integrada por 44 refugios y 41 Centros de Atención Externa, que son los espacios que reciben fondos del CNEGySR.
Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, dijo que es posible romper el círculo de la pobreza si se generan herramientas y condiciones para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia, y por tanto de discriminación y segregación en diversos espacios.
En declaraciones a Cimacnoticias, la activista aclaró que el déficit de atención a víctimas por parte de los refugios no se debe a la falta de interés para atender a más mujeres por parte de la sociedad civil, sino en el no reconocimiento por parte de las autoridades de las profesionales y activistas que laboran en ellos, y la falta de recursos e institucionalización de estos espacios como parte de una política pública.
Figueroa Morales explicó que las convocatorias mediante las que los refugios pueden acceder a recursos públicos son “limitantes” en muchos aspectos, ya que en materia de infraestructura sólo se les permite la ampliación y no la construcción de más espacios.
Abundó que sus modelos de atención están homologados con el modelo vigente creado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2011, y que actualmente preparan un modelo nacional de atención para las hijas o hijos de las víctimas de violencia, pues aunque se brinda atención a la población infantil no se tiene un modelo que se aplique en todos los refugios.
Informó que en los Centros de Atención, espacios donde se brinda atención psicológica o jurídica y se evalúa si es pertinente enviar a más mujeres, se alcanza la cobertura de más de 69 mil personas víctimas de alguna agresión, pero aún así no se logra la cobertura deseada ante la alta incidencia de violencia de género.
Figueroa Morales destacó la necesidad de que los refugios cuenten con una partida presupuestal propia, que les permita operar de manera autónoma y los contemple como una política pública de Estado.
