CIMACFoto: César Martínez López
Imelda Marrufo y Martha Sánchez reciben Premio Ponciano Arriaga
“Hemos tenido que arar en el desierto porque la violencia normalizada es más difícil de erradicar, ya que hay una resistencia social derivada de una cultura patriarcal que se resiste a perder privilegios”, reconoció.
La también abogada observó que hoy es un día “lleno de simbolismo”, ya que esta tarde cientos de personas se movilizan por la desaparición el pasado 26 de septiembre de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, pero lamentó que los casos de feminicidio y violencia contra las jóvenes en todo el país permanezcan “invisibles”.
La activista chihuahuense, que integra el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, recordó que en 2008 los casos de asesinato y desaparición de mujeres en el “cementerio clandestino” que era el Valle de Juárez, en Chihuahua, tampoco eran tema prioritario en la agenda gubernamental.
“¿Cuántas veces las vi desfallecer (a las madres de víctimas de feminicidio y desaparición)? Cuánto coraje, qué rabia contenida, cuánto coraje para levantarse de nuevo y caminar, para hablar cuando la voz se quiebra, cuánto amor para no olvidar, y exigir que no se repita. No se trata de mi familia, se trata de un país”, recalcó.
Marrufo Nava, quien ha recibido otros premios a nivel internacional por visibilizar la violencia de género, llamó a la sociedad para que se siga movilizando por el resto de personas desaparecidas, entre ellas cientos de mujeres jóvenes. Y acusó a la omisión de los tres niveles de gobierno por la repetición de los hechos y la impunidad que los rodea.
La impulsora del diagnóstico estatal sobre DH en Chihuahua agregó que es necesario el registro y la documentación de cada víctima, pero criticó que con sólo poner cifras se pierden las historias y los nombres. “Se desdibujan las sonrisas y sus caminos cotidianos de la casa a la maquila”, puntualizó.
En su turno, Martha Sánchez Néstor recordó en su discurso el asesinato impune de la defensora de comunidades indígenas Digna Ochoa, y recordó que el 19 de octubre de 2013 (misma fecha en que se encontró el cuerpo de Digna, pero hace 13 años) fue asesinada la defensora guerrerense Rocío Mesino.
Reconoció que como sociedad “quisiéramos reír y es un derecho; quisiéramos llorar y es una necesidad; quisiéramos también ser felices”, pero recordó que la violencia generalizada está negando estas garantías a la sociedad.
La líder indígena amuzga de la Costa Chica de Guerrero dijo que su lucha es porque “en este país haya verdaderos derechos individuales y colectivos, ligados al territorio, derechos naturales, a la consulta”, y reconoció la importancia de la labor de las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Sobre el presídium, la activista pidió la liberación de Nestora Salgado García, líder indígena de Guerrero que lleva un año encarcelada por defender a su pueblo mediante la Policía Comunitaria.
Llamó también al gobierno a generar los instrumentos para que los tratados y logros internacionales que reconocen derechos a las indígenas puedan ser ejecutados efectivamente en México.
Al recordar la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó contra el Estado mexicano por el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas que fueron atacadas sexualmente por militares, la defensora enfatizó que “es hora de ponerle fin al silencio indígena, al silencio de las mujeres, de construir la palabra y de poder incidir desde nuestra propia identidad”.
La activista, que formó parte del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, advirtió que los pueblos originarios no van a permitir que los megaproyectos empresariales “pasen por encima de sus derechos”.
“Mientras tengamos vida seguiremos teniendo la obligación histórica de continuar este camino por la lucha, la libertad y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.
Sin la presencia de la titular de la CDHDF, Perla Gómez, las defensoras recibieron el galardón acompañadas por Marusia López Cruz, directora regional para Mesoamérica de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), quien también formó parte del jurado, y alertó que de 2010 a 2014 la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH) registró el asesinato de 31 defensoras humanitarias.