Zacatecas, Zac.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a 18 funcionarios de diferentes dependencias de la administración actual por presuntos actos de corrupción. Así lo señaló Guillermo Huízar Carranza, titular de la dependencia, quien además manifestó que la corrupción no es un problema sólo de Zacatecas, sino de todo el país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para combatirla.
Agregó que desafortunadamente aún prevalece la percepción de que en la entidad y en México en general hay corrupción, “pero no debemos doblar las manos, sino que hay que seguir trabajando en este tema”.
Advirtió que la principal causa de la corrupción es el “diezmo”, esa práctica ilegal de que un funcionario le pida una “mordida” o un “apoyo” a un particular.
Refirió que eso no queda documentado ni se descubre con una auditoría porque son “arreglos en lo oscurito”, pero se puede resolver con dos medidas.
La primera de ellas dijo, son los mercados virtuales, los trámites por medio de la red, donde el funcionario y el solicitante nunca se vean a los ojos, y la segunda son los denominados signos externos de riqueza.
Huízar Carranza mencionó que para poder “agarrar a los corruptos” las auditorías no son suficientes, pero lo que sí da muchos resultados es ver su forma de vivir, es decir, la casa y los coches que tienen, en dónde estudian sus hijos, cuáles son sus hábitos de consumo, pues si estos factores no corresponden al dinero que reciben legalmente por medio de su salario, entonces hay un nicho de corrupción.
“Lo que tenemos a la fecha son alrededor de 18 expedientes de funcionarios públicos actuales que al momento de presentar su declaración de situación patrimonial reflejan un patrimonio que no corresponde a su salario. Eso nos motiva a hacer una investigación más profunda”, indicó.
“Así –continuó-, vamos al Registro Púbico de la Propiedad, vamos a la Comisión Bancaria y de Valores y a otras instancias, con el fin de cerrar la pinza para descubrir de qué forma, ganando lo que gana, pudo haber comprado lo que compró”.
Sin embargo, señaló que “lamentablemente en esta materia la Ley de Transparencia es muy estricta y se tiene la obligación de guardar la secrecía hasta en tanto no se tenga una resolución culminada”.
Por lo tanto, se abstuvo de mencionar los nombres de los funcionarios investigados. Lo que sí apuntó, es que se trata de administrativos “de todas las jerarquías y de todas las dependencias”.
Sí tenemos Ley de Responsabilidades en Zacatecas
Por otra parte, el titular de la SFP recordó que la Ley de Responsabilidades del Estado de Zacatecas fue declarada inconstitucional en el mes de noviembre de 2011, pero afortunadamente, de inmediato el gobernador reaccionó ante tal resolución y envió a la Legislatura una nueva ley.
Explicó que la ley que está en vigor actualmente es nueva y tiene menos de un año, y en ella se cubrieron todos los requisitos para que tuviera validez constitucional.
Agregó que “el problema que teníamos era un agujero que se dio en la parte final de la administración pasada, en donde la Suprema Corte le otorgó el amparo a una persona en particular y permitió que más de 120 funcionarios de esa administración, que tenían un procedimiento administrativo en su contra, utilizando el mismo argumento, con irregularidades perfectamente documentadas, quedaran sin sanción”.
La nueva Ley de Responsabilidades, añadió, es sólida y soporta cualquier rigor constitucional y en base a ella es que la SFP trabaja desde hace 2 años. En este sentido, desmintió el dicho de los diputados locales en el sentido de que no había ley, pues refirió que fue discutida en la Legislatura pasada y promulgada debidamente por el gobernador del estado.
Mencionó además que la única alternativa que quedaría para sancionar a los funcionarios que quedaron impunes, sería explorar expediente por expediente para ver si las irregularidades administrativas tuvieran una connotación penal y que en lugar de sancionarlos en la vía administrativa, se iniciara un procedimiento penal, pero explicó que eso le corresponde a la Agencia del Ministerio Público y la Procuraduría.
Indicó finalmente que no se trata de tomar las cosas de manera personal, sino institucional, y reconocer que esa resolución de la Corte parece que sí vino a afectar estrictamente la justicia en Zacatecas y sembró un clima de impunidad. Sin embargo, esa “prerrogativa”, señaló, ya no van a disfrutarla los funcionarios de Miguel Alonso.
