Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- La Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que presentó el Ejecutivo al Senado, carece de perspectiva de género y es “retrógrada”, por lo que tras analizar cada artículo, especialistas en derechos de la infancia la reprobaron con una calificación de 3, en una escala de 1 al 10.
En conferencia de prensa, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en conjunto con otros grupos civiles, criticó la actual iniciativa de ley que el Ejecutivo presentó en calidad de “preferente” (es decir, de aprobación urgente) el pasado 1 de septiembre al Senado, donde ayer fue discutida.
Sin embargo, el Senado acordó una serie de foros de discusión debido a las “grandes carencias” detectadas en la propuesta.
Esto porque, según acusaron las y los activistas, el proyecto carece de perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos (DH), además es “retrógrada” y persiste una visión “asistencialista y proteccionista” que niega derechos y autonomía a la infancia.
Juan Martín Pérez, titular de la Redim, señaló que aunque urge una reforma legislativa amplía en el tema, se corre el riesgo de que queden invisibilizadas las problemáticas que afectan principalmente a las niñas y las adolescentes.
El incremento de desapariciones de adolescentes es algo que ni siquiera está contemplado en la propuesta; tampoco están los embarazos tempranos ni los matrimonios infantiles, que son tolerados en algunas entidades del país, y es lamentable porque son los temas de la infancia que ameritan especial urgencia, advirtió Pérez.
Esta omisión traerá más “desastres a la infancia”, principalmente para las niñas y adolescentes a quienes la ley no les garantizará ningún tipo de protección en caso de que afronten alguna violación a DH, señaló el activista.
El experto detalló que durante la discusión ayer en la Cámara alta, la senadora priista Lucero Saldaña, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, fue muy enfática al señalar la omisión de la propuesta en el reconocimiento de las necesidades de las niñas y las adolescentes, por lo que urgió a modificar la propuesta de ley.
En respuesta, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejo, en reunión ayer con senadoras y senadores fue “evasivo” y no reparó en el señalamiento, por lo que –según versión del director de la Redim– es muy claro que la iniciativa no contará con este enfoque.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 800 mil niñas mexicanas trabajan; el 80 por ciento de 455 mil 807 menores de edad que están casados, separados, divorciados o viudos son mujeres, y en los primeros cinco meses de 2014, 32 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual en planteles escolares de Chiapas, según han reportado grupos civiles.
LEY REPROBADA
A propósito de estas visibles ausencias en la propuesta de ley, las y los representantes de la Redim, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, la organización Aldeas Infantiles y la Alianza por la Infancia y sus Familias, realizaron un análisis detallado sobre los puntos más importantes que debe integrar la norma.
Las y los especialistas analizaron la condición jurídica de la infancia; definición de niñas y niños; discriminación; interés superior de la niñez; el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; cobertura de derechos; medidas generales para dar efectividad a los derechos, y condición de la implementación de garantías.
Otorgaron un puntaje de acuerdo con lo que plantea la propuesta en cada aspecto. Así, de 50 puntos finales que debía obtener sólo le fueron concedidos 15, lo que amerita una calificación de 3 en una escala del 1 al 10.
Además, las y los defensores de la niñez criticaron que aún no haya sistemas de información integrales y oficiales (a pesar de que en gestiones federales pasadas se aprobó un presupuesto para eso), ya que es imposible conocer el número de niñas y niños en contextos migratorios, en centros de asistencia o en situación de vulnerabilidad.
Y agregaron que es lamentable que México sólo destine el 10 por ciento del presupuesto federal total a la infancia, y que menos del 1 por ciento de éste sea para protección.
En el tema de la niñez migrante, criticaron que las y los niños extranjeros no acompañados seguirán siendo privados de su libertad en estaciones migratorias, sin que realmente se garantice el interés superior de la niñez.
También criticaron que la iniciativa sólo se centre en menores de edad víctimas, pero no en el total de 40 millones de niñas y niños que habitan el país, de los que al menos el 16 por ciento no tienen sus derechos garantizados.
Y en el caso de los temas de tutela, guarda, custodia y centros asistenciales, las y los activistas criticaron que la propuesta no considera una responsabilidad compartida de organizaciones civiles y las familias con el Estado, no plantea alternativas a los centros de asistencia y niega derechos de la infancia al conceder sus decisiones a través de un tutor, quien podría violentar sus derechos tal y como ocurrió recientemente en el refugio de “Mamá Rosa” en Michoacán, pusieron como ejemplo.
Por esto, los organismos civiles hicieron un llamado para que la propuesta se armonice con los tratados internacionales en materia de derechos de la infancia, que supere el paradigma de tutela asistencialista (que responsabiliza a las familias y limita la participación de las y los niños en la toma de decisión), y organice a los distintos órganos del Estado en la atención de la niñez.
Especialmente insistieron en la necesidad de crear un sistema de garantías de la infancia en un marco de DH y cuente obligadamente con la perspectiva de género.
