Cimacnoticias | México, DF.- Durante su gestión como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (EPN) minimizó y negó el feminicidio como un problema en la entidad, y ahora al frente del Ejecutivo federal no lo considera un tema de agenda o digno de estar en su Segundo Informe de Gobierno.

Sin importar que cifras del propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revelen que a diario mueren siete mexicanas por la violencia de género, en su segunda rendición de cuentas Peña Nieto explica que combatió este flagelo sólo con capacitación a funcionarios y atención a las mujeres a través de redes de refugios.

Como parte de los logros alcanzados en la meta “México en Paz”, el Ejecutivo define que la seguridad nacional es una “función esencial del Estado mexicano que contempla una concepción amplia y multidimensional, así como una estrecha coordinación entre instancias (…), lo que ha permitido que se cuente con una política que en algunos temas se articula con la política pública de seguridad y procuración de justicia”.

De acuerdo con la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres e implica, entre otras cosas, la falta de seguridad de las mujeres, sin embargo en la estrategia de seguridad nacional del Ejecutivo no figura la violencia feminicida como delito a combatir para el Estado mexicano.

Y es que en el documento completo sólo se hace mención del feminicidio al informar que en octubre de 2013 la Secretaría de Gobernación  y el estado de Chihuahua celebraron un convenio para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso conocido como “Campo Algodonero”, referente a las fallas en el sistema de justicia ante las desapariciones y asesinatos de mujeres en la fronteriza Ciudad Juárez.

Con tal convenio –se establece en el Segundo Informe– se entregarán 8 millones de pesos para la capacitación a funcionarios involucrados en las investigaciones de feminicidio, contratación de peritos internacionales, y la instalación de un laboratorio especializado en análisis de muestras de ADN para la identificación de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas en Chihuahua.

Es de recordar que en lo que va de la administración de EPN se ha solicitado en cinco ocasiones activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los estados de Hidalgo, Morelos, Chiapas y Guanajuato (dos veces), y está pendiente desde 2010 una investigación por violencia feminicida en el Edomex pese a un mandato judicial que ordena su ejecución inmediata.

Por otro lado, los “logros” que el Ejecutivo federal destaca en 2014 en seguridad y combate a la violencia se reducen a las acciones emprendidas en el estado de Michoacán, para “restablecer la paz” y eliminar a las bandas de narcotráfico.

Como lo han denunciado esposas y madres de líderes comunitarios en esa entidad, la estrategia emprendida en Michoacán derivó en detenciones arbitrarias de varones que dejan sus hogares desprotegidos, y en desplazamiento forzado de cientos de mujeres.

Por ello, organizaciones civiles como Humanas sin Violencia han externado su preocupación por la falta de perspectiva de género con la que se han emprendido tales acciones de seguridad.

En materia de localización de personas desaparecidas –tema en el que en el que el gobierno federal ha recibido múltiples señalamientos por la falta de metodología para registrar datos–, el Segundo Informe señala que a fin de articular una base de datos nacional se trabajó con instancias locales de salud, sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y con los institutos y servicios forenses del país, en el intercambio de información sobre hallazgos de personas encontradas sin vida y noidentificadas.

Además de que para la atención a las familias de estas víctimas se brindaron 19 mil 633 asesorías jurídicas y psicológicas, y se canalizó a las personas afectadas a las instituciones correspondientes.

Igualmente, se informa, se instrumentaron 18 mil 577 acciones a favor de las víctimas indirectas de personas desaparecidas o no localizadas, consistentes en revisiones de averiguaciones previas, elaboración de solicitudes de información, y reportes de seguimiento.

Sin embargo, las protestas ciudadanas en diferentes puntos del país (entre ellos Ciudad Juárez) el pasado 30 de agosto evidencian el descontento de cientos de personas ante la estrategia gubernamental en materia de desapariciones.

De acuerdo con la administración federal “nuestro país tiene ante sí una oportunidad histórica para renovar su sistema de justicia penal”. Explica que para alcanzar la meta de transitar al sistema penal acusatorio (juicios orales) se capacitó a los operadores judiciales en materia de Derechos Humanos (DH).

A lo que se suma –se asienta en el informe– que “se realizaron 39 actividades académicas sobreviolencia contra las mujeres y trata de personas, en las que participaron 2 mil 599 personas para contribuir al respeto de los Derechos Humanos de las víctimas al procurarles justicia”.

En el documento presidencial se olvidaron los señalamientos de defensoras humanitarias y activistas por los derechos de las mujeres acerca de que más allá de la capacitación, el gobierno federal debe pensar en la profesionalización de sus funcionarios y fijar métodos de evaluación de estas capacitaciones.

Finalmente se informó que para promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y de
violaciones de DH, el gobierno de la República cuenta con 16 delegaciones regionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 15 entidades federativas, donde “se brinda atención a casos de índole federal; se mantiene la atención multidisciplinaria para aquellos casos que mantenía PROVÍCTIMA (instancia federal creada por Felipe Calderón y ya desaparecida), y se canalizan a las autoridades”.

Mientras, familiares y mujeres indígenas víctimas de violencia obstétrica y violaciones a DH como Irene Cruz Zúñiga, Irma López y Susana Hernández (esta última fallecida por negligencia médica) siguen a la espera de justicia y reparación del daño.