CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-  Organizaciones civiles denunciaron hoy que la detención de Ligia Canto Lugo el pasado 4 de agosto, así como la persecución judicial contra su hija Ema Gabriela Molina Canto, se derivan de “delitos fabricados” por Martín Alberto Medina Sonda, ex esposo de Ema y empresario vinculado con funcionarios acusados de corrupción en Tabasco.

En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, grupos como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y Mukira, dijeron que las detenciones en contra de Ligia y Ema Gabriela (que han ocurrido en varios estados y fueron ordenadas por distintos jueces) muestran irregularidades que evidencian una red de “corrupción e impunidad”.

Y es que las múltiples acusaciones contra Ema Gabriela por supuestos delitos ligados a fraudes fiscales, y la detención de Ligia –puesta en libertad ayer– por una presunta clonación de tarjetas de crédito, son paralelas al proceso de custodia que inició en 2010 en Mérida, Yucatán, luego de que Ema decidiera separarse de Medina Sonda –con quien vivía en Tabasco– y se llevara con ella a sus tres hijos orillada por la violencia que padecía por parte de su ex esposo.

Luego de que el juicio se resolvió a su favor, Ema fue detenida por policías federales al ser acusada de “retención ilegal de bienes”; mientras que las dos niñas y el niño fueron presuntamente sustraídos por su padre de la camioneta en la que viajaban.

Ligia Canto denunció los hechos el mismo día de la desaparición (25 de mayo de 2012) ante las procuradurías del Menor de Tabasco y Yucatán; sin embargo en ninguna de ambas entidades se activó la Alerta Amber para localizar a los hijos de Ema.

Debido a la sospecha de que los menores de edad fueron sustraídos por Martín Medina Sonda, Ligia presentó en 2012 dos denuncias penales (una en cada estado) en contra del empresario por sustracción de menores; sin embargo, en Yucatán la averiguación está detenida y en Tabasco hay una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada.

Del mismo modo, Sandra Bermeja Burdas, Juez Primero de lo Familiar en Mérida que lleva el proceso de custodia, pidió a Medina Sonda presentar a las niñas y el niño para corroborar su salud, pero el padre desacató la indicación y no fue sancionado.

Las organizaciones acusaron que esta situación (el acoso judicial) demuestra que el sistema de justicia mexicano no está juzgando con perspectiva de género ni a favor de las mujeres, sino que por el contrario protege vínculos de corrupción entre funcionarios y empresarios, lo que ahonda la impunidad.

Como botón de muestra, las activistas y abogadas expusieron que Medina Sonda, según información de sistemas de transparencia consultados, “fabricó” múltiples empresas y consultorías sobre asesoría fiscal y celebró contratos con funcionarios del entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier, detenido en septiembre de 2013 por desvío de fondos durante su gestión.

RIESGOS

Luego de que la víspera Juan José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Octavo de lo Penal en el estado de Jalisco, declarara en libertad a Ligia Canto, hoy el Ministerio Público Federal adscrito a ese juzgado apeló la decisión judicial, lo que podría derivar en que el caso no se cierre y la acusación contra Ligia por supuesta clonación de tarjetas se mantenga.

Asimismo, las organizaciones civiles señalaron que en la averiguación previa (expediente 158/2014) de la que derivó la aprehensión de Ligia, también están implicados sus hijos Ema Gabriela y Guillermo Molina, quienes no han sido llamados a declarar.

La abogada Alejandra Cartagena, de Cladem, explicó que es muy común que el MP apele las sentencias contrarias a sus acusaciones, pero es importante estar alerta, ya que ninguna de las otras imputaciones en contra de Ema, a pesar de que hubo falsificación de pruebas, han culminado en sentencias favorables para la familia Canto.

La defensa de Ligia también explicó que aún no se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los jueces que han llevado estos procesos, pues no se cuentan con los elementos suficientes para probar que Medina Sonda ha ejercido su poder para influir en las decisiones judiciales.

No obstante, la abogada Karla Micheel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, quien actualmente revisa el caso de Ema, dijo que las organizaciones planean denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al juez Santiago Ávila Negrón, titular del Juzgado 68 Penal del DF (quien encarceló a la joven Yakiri Rubio por ultimar a su agresor sexual), por no juzgar con perspectiva de género.

Durante la conferencia se presentó un video en el que Ema Gabriela, quien está resguardada, pide por su seguridad y la de su familia. “Liberen a mi madre, estudien mi caso y busquen a mis hijo”, pidió.