Cimacnoticias | México, DF.- En su paso por México carecen de atención oportuna para prevenir y curar infecciones de transmisión sexual, o evitar embarazos no deseados.
Las centroamericanas en tránsito por México necesitan servicios de salud sexual y reproductiva oportunos, ya que durante su trayecto están en riesgo de sufrir violencia sexual, lo que puede derivar en transmisión de VIH/Sida o embarazos no deseados.
Conscientes de esa realidad, muchas mujeres solicitan en su país de origen y en los centros de salud en la frontera sur de México que se les brinde información y métodos anticonceptivos como forma de prevención.
Sin embargo, grupos civiles denuncian que tal demanda está insatisfecha y que la problemática rebasa las acciones del Estado mexicano. Por eso, son las activistas y los refugios quienes las atienden y les brindan, en la medida de lo posible, información y medicamentos.
Como botón de muestra, de enero a agosto de 2012 la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras apoyó a 47 migrantes embarazadas y atendió a cinco mujeres víctimas de violencia sexual durante las primeras 72 horas posteriores a la agresión, según datos del Instituto de la Mujer en la Migración (Imumi).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en 2010 el 84 por ciento de la población femenina migrante tenía entre 15 y 29 años de edad; es decir, la mayoría en edad reproductiva, por lo que algunas viajan embarazadas o están en posibilidades de presentar un embarazo en el trayecto.
Debido a esta situación, las mujeres requieren servicios de salud especializados y otras atenciones que garanticen el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, ya sea para la atención de partos, complicaciones en el embarazo o en caso de requerir un aborto.
Si bien en entidades de mayor flujo migratorio como Chiapas, Oaxaca o Tabasco, hay programas especializados de atención a la población migrante y ofrecen servicios gratuitos, en muchos de ellos se niega el servicio por discriminación, ignorancia o abusos por parte de las autoridades.
Lo anterior, según el informe “Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera Sur de México”, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Otro de los riesgos para las mujeres víctimas de violencia sexual en el trayecto es el de contraer VIH/Sida. De acuerdo con el mismo documento, también existen programas especiales enfocados en la detección de esta enfermedad y en la distribución de tratamientos retrovirales, pero no es suficiente.
Una dificultad no atendida es que luego de presentar un resultado positivo a las pruebas de VIH/Sida, sólo 6 por ciento de las migrantes son referidas al Programa Nacional de Salud, mientras que el resto regresa a su país de origen o sigue su trayecto sin practicarse pruebas complementarias.
DERECHOS IMPOSIBLES
Libertad Enríquez, secretaria técnica de Salud Integral para la Mujer (Sipam), señala que antes de salir de sus países las migrantes se aplican una inyección llamada Depo-provera, que previene el embarazo durante tres meses.
Es un anticonceptivo de fácil acceso porque en Centroamérica se usa como mecanismo de planificación familiar. Su costo no es superior a los 60 pesos mexicanos, por lo que ahora es de uso común entre las migrantes.
Sin embargo, Enríquez advierte que este método no protege a las mujeres ante infecciones de transmisión sexual, ni previene violaciones sexuales, por lo que al llegar a los albergues ellas solicitan condones y servicios de salud para atender problemáticas más específicas.
Aunque muchas de ellas conocen los riesgos a los que se enfrentan, desconocen sus derechos sexuales y reproductivos y las responsabilidades de los países (tanto el de origen como el de destino) en el tema, alerta.
Además, agrega, en muchas ocasiones las migrantes víctimas de violencia sexual, ya sea por parte de delincuentes, sus compañeros de viaje o las propias autoridades, identifican estos abusos como un “costo por emigrar”.
También existen otros factores que vulneran su salud sexual, como la falta de recursos para ir al médico y las pocas posibilidades de mantener una higiene y una alimentación adecuadas.
Además cuando las mujeres piden ayuda en los centros de salud, muchas de ellas no son atendidas porque el personal las discrimina; a lo que se suma que los servicios y los medicamentos no son gratuitos y universales, como lo establecen las normas en la materia.
Por esto, abunda Enríquez, las organizaciones deben intervenir a favor de las migrantes en los centros de salud para que se les atienda. También acusa que hay una incapacidad para distribuir los insumos (anticonceptivos y medicamentos) hasta los puntos donde se concentra la población migrante, como refugios y albergues.
Por ejemplo, no se dan todos los medicamentos (como antirretrovirales) para atender el VIH/Sida, no se cumple con lo que establece la NOM 046 en materia de violencia sexual, y los servicios de salud no son oportunos ni rápidos pese a que saben que las migrantes no pueden quedarse mucho tiempo en una localidad.
Según el informe “La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales”, de la organización Sin Fronteras, las mujeres detenidas en las estaciones migratorias y que fueron víctimas de violencia sexual no reciben un trato especializado ni atención médica.
De acuerdo con el estudio, 14 mil 73 mujeres y 7 mil 995 adolescentes fueron detenidas en 2013. Dentro de las estaciones las mujeres embarazadas no están en lugares cómodos ni higiénicos; además de que no reciben los medicamos que requieren. Lo mismo pasa con las personas con VIH, quienes incluso son aisladas y discriminadas.
Activistas coinciden en la necesidad de la prevención, lo que significa que se debe capacitar al personal sanitario para que no discrimine a la población migrante, y le ofrezca los servicios de manera universal, así como cumplir con lo dispuesto en la NOM 046 de la Secretaría de Salud.
Organizaciones como el Imumi han señalado la urgencia de estadísticas que contabilicen el tipo de atención –por padecimiento, edad y nacionalidad–, que reciben las migrantes en las unidades sanitarias.
Aunque con bajos recursos, los grupos ciudadanos trabajan por crear protocolos de atención a víctimas, estrategias ante situaciones de emergencia, y por una coordinación con las instancias de salud y de equidad de género de todos los estados.
